Ilustración: Límites morales de los mercados
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Límites morales de los mercados

También llamado: crítica de la mercantilización, intercambios bloqueados

Política 9 min de lectura

Pregunta de si existen bienes, servicios o relaciones que no deberían comprarse ni venderse, aun entre adultos que consienten. Dos familias de argumentos se le oponen: la desigualdad que vicia el consentimiento, y la degradación del bien por su puesta en venta.

Una expresión reciente, una pregunta antigua

La fórmula se difundió en los años dos mil diez a raíz de un libro de Michael Sandel aparecido en 2012, cuyo subtítulo hablaba precisamente de los límites morales de los mercados. Pero la cuestión que nombra atraviesa la historia de la filosofía.

Aristóteles distinguía ya la economía, que apunta a la satisfacción de necesidades determinadas, y la crematística, que apunta a la acumulación sin término, y tenía la segunda por contra natura. La teología medieval prohibió el préstamo con interés en nombre de una concepción de lo que el dinero es, y no de un cálculo de rendimiento. Marx describió la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía como el hecho social decisivo del capitalismo, y buena parte de la crítica posterior de la mercantilización desciende de ahí. Karl Polanyi, en 1944, habló de mercancías ficticias a propósito del trabajo, la tierra y el dinero, para señalar que esas tres realidades no son productos fabricados para la venta y que hubo que forzarlas a ello.

Dos trabajos sirvieron de relevo hacia la discusión contemporánea. En 1970, el sociólogo Richard Titmuss comparó los sistemas de recogida de sangre fundados en la donación y los fundados en la remuneración, y sostuvo que la segunda solución degradaba a la vez la calidad del producto y la disposición a donar. En 1983, Michael Walzer propuso en Spheres of Justice una lista de intercambios bloqueados, es decir, de transacciones que las sociedades rechazan incluso entre adultos que consienten: la venta de personas, la de los votos, la de los cargos públicos, la de las exenciones del servicio militar.

La formulación más difundida

La versión de Sandel tiene la ventaja de la claridad. Distingue dos razones para rechazar un mercado, que no tienen ni el mismo alcance ni las mismas consecuencias.

La primera es una objeción de equidad. Un intercambio solo es libre si las partes entran en él sin coacción. Ahora bien, la desigualdad puede volver un consentimiento nominalmente libre prácticamente forzado: quien vende un riñón para alimentar a su familia no decide, cede. La objeción no versa por tanto sobre el hecho de vender sino sobre las condiciones en que se vende, y su remedio es corregir esas condiciones.

La segunda es una objeción de corrupción. Algunos bienes cambian de naturaleza cuando se ponen en venta. Un precio puesto a una amistad, a un premio literario, a una disculpa, no mide esas cosas: las destruye al medirlas. Aquí el remedio no consiste en igualar las posiciones, puesto que el problema subsistiría en una sociedad perfectamente igualitaria. Consiste en sustraer ese bien al mercado.

Esta segunda objeción es la más discutida, porque obliga a decir cuál es la naturaleza de un bien, y por tanto a salir de la neutralidad que el liberalismo político se impone en materia de concepciones del bien. Sandel lo asume: según él, deliberar sobre los límites del mercado equivale necesariamente a deliberar sobre el valor de los bienes en juego, y pretender eximirse de ello equivale a zanjar sin decirlo.

El caso que las dos partes invocan

La venta de órganos es el ejemplo que vuelve en todas las páginas de este debate, y es también el que la economía opone con más seguridad a la objeción de corrupción: prohibir el pago, se dice, produce escasez, y la escasez de órganos se cuenta en vidas. El argumento tiene la forma de una ley. España es el caso que la desmiente.

La ley española prohíbe el pago. La donación debe ser libre, voluntaria, confidencial, anónima, gratuita y no lucrativa, y en materia de tejidos no cabe percibir contraprestación económica alguna, ni el donante ni ninguna otra persona física o jurídica. A eso se añade el consentimiento presunto: toda persona es donante salvo que haya manifestado lo contrario.

Y el resultado es el inverso del previsto. En 2024, España alcanzó 2 562 donantes fallecidos, es decir, 52,6 por millón de población, cifra que es la primera del mundo, por delante de los 48,1 de Estados Unidos. En trasplantes realizados, la Organización Nacional de Trasplantes contabilizó 6 336 en 2025, o 132,3 por millón, segunda tasa mundial.

La inferencia de la prohibición a la escasez no es por tanto una ley, puesto que el país que prohíbe el pago con más claridad es el que más dona. Lo que hace la diferencia no es el precio, es la organización: la literatura española atribuye el resultado a la red de coordinadores hospitalarios de trasplantes antes que al consentimiento presunto, que varios países tienen sin obtener las mismas cifras.

Conviene decir enseguida lo que este caso no prueba, y son dos cosas.

No prueba que Sandel tenga razón. Muestra que un sistema sin precio puede funcionar, no que un mercado corrompería el bien en cuestión: el desplazamiento de las motivaciones que la sección siguiente examina no se mide aquí, y nadie ha ensayado en España el mercado que habría que comparar.

Y no separa limpiamente el precio de la organización. Estados Unidos prohíbe igualmente la venta de órganos y tiene la primera tasa de trasplantes: la comparación entre los dos países opone dos organizaciones y no un mercado a una prohibición. Lo que el expediente español establece es más estrecho y suficiente: el argumento que va de la prohibición a la escasez necesita una premisa sobre las instituciones, y esa premisa falta.

El desplazamiento de las motivaciones

Un argumento empírico ha venido a alimentar la discusión. En algunos casos, introducir una recompensa monetaria disminuye el comportamiento que debía fomentar, porque sustituye una motivación interna por un cálculo. Es el efecto de desplazamiento, documentado en terrenos variados, de la donación de sangre a las penalizaciones por retraso en las guarderías.

El argumento es útil y frágil. Útil, porque muestra que los mercados no son neutros respecto de las disposiciones de las personas: las forman. Frágil, porque es contingente. Si el efecto no se produce, o si el incentivo acaba por aumentar la donación, la objeción cae, y no protege por tanto lo que los partidarios de la corrupción quieren proteger. Muchos tienen por esa razón que el argumento expresivo, que versa sobre lo que una transacción significa, es más sólido que el argumento causal.

Los usos concurrentes

Hay que distinguir al menos cuatro maneras de emplear la expresión, que no dicen lo mismo.

En economía se habla con más gusto de fallos del mercado: externalidades, asimetrías de información, bienes públicos. El vocabulario sigue siendo interno al análisis de la eficacia, y no se trata de límites morales sino de casos en que el mercado no alcanza su propio fin. Las dos problemáticas se cruzan sin confundirse.

En derecho, la cuestión toma la forma de la inalienabilidad: ciertos derechos no pueden cederse, ciertos contratos son nulos cualquiera que sea el acuerdo de las partes. El jurista constata prohibiciones positivas, el filósofo pregunta qué las justifica.

En filosofía moral, varios autores han desarrollado versiones distintas de la objeción de corrupción. Elizabeth Anderson sostuvo ya en 1993 que los bienes piden modos de evaluación diferentes, y que un mercado impone un modo único que pierde algunos. Margaret Jane Radin ha trabajado la noción de mercancías discutidas, a propósito del cuerpo y de la filiación. Debra Satz ha desplazado el acento: lo que vuelve problemático un mercado no es tanto la naturaleza del bien como la asimetría de poder que crea o prolonga, lo que acerca su análisis a la primera objeción.

En el debate público, por fin, la fórmula sirve de bandera en controversias precisas: venta de órganos, gestación por sustitución, patentabilidad de lo vivo, mercados de derechos de emisión, gestión privada de prisiones, tarificación del agua, comercio de datos personales. La palabra mercantilización lleva allí a menudo la carga crítica, a riesgo de eximir del argumento.

Las críticas

La posición adversa fue formulada con nitidez por Jason Brennan y Peter Jaworski en 2016, bajo la forma de una tesis simple: si está permitido hacer gratuitamente una cosa, está permitido hacerla a cambio de remuneración. Si algo falla en un intercambio, el defecto viene del acto mismo o de las circunstancias, no del hecho de que esté pagado. La objeción de corrupción descansaría en significaciones culturales contingentes, que cabe hacer evolucionar antes que prohibir el mercado.

La tradición liberal económica añade un argumento de método. Los precios transmiten una información que nadie posee por entero, como sostuvo Hayek; rechazar el mercado es también rechazar ese instrumento y confiar el reparto a una autoridad que sabe menos. Del lado libertario, Nozick opone a los límites morales de los mercados el derecho de las personas a disponer de sí mismas: prohibir un intercambio consentido entre adultos es negarles esa capacidad en nombre de una concepción del bien que no comparten.

Una tercera objeción, interna al campo crítico, apunta al riesgo de moralismo. Declarar que un bien es demasiado precioso para venderse puede servir a mantener en la gratuidad un trabajo realmente penoso, a menudo asumido por mujeres, como el cuidado de los próximos. La crítica de la mercantilización se encuentra aquí con la reivindicación del reconocimiento y del pago de ese trabajo, y las dos no van siempre juntas.

Lo que la cuestión compromete

Se notará que el debate se desplaza sin cesar entre dos niveles. En el primero se discute caso por caso: ¿hay que autorizar la venta de riñones, la publicidad en la escuela, las colas de pago? En el segundo se discute el método: ¿cabe zanjar esos casos sin una concepción de lo que valen los bienes implicados?

Es en ese segundo nivel donde la noción tiene su alcance filosófico. Obliga a reconocer que la extensión del mercado no es un simple cambio de instrumento sino una manera de calificar las cosas, y que elegir no debatirlo es todavía una decisión. Esa constatación no dice dónde poner los límites. Dice solo que hará falta razones, y que esas razones no podrán ser únicamente razones de eficacia.

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