Laicidad

También llamado: laicismo, separación de Iglesia y Estado

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Principio por el cual el Estado no reconoce ni financia ningún culto y garantiza la libertad de creer o de no creer. Versa sobre las instituciones, no sobre las conciencias.

La palabra y su fecha

Laico viene del griego laos, el pueblo, y designó primero, en el vocabulario cristiano, al fiel que no es clérigo.

El sustantivo laïcité aparece en francés en los años setenta del siglo XIX, en los debates sobre la escuela. Ferdinand Buisson, que dirige la enseñanza primaria bajo la Tercera República, es uno de sus principales artífices intelectuales, y da de él una definición en su Diccionario de pedagogía.

El principio se instala por tres momentos legislativos.

Las leyes escolares de 1881 y 1882 vuelven la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. La instrucción religiosa sale de la escuela pública, y la ley Goblet de 1886 laiciza al personal docente.

La ley de separación del 9 de diciembre de 1905 pone los dos artículos que forman todo el dispositivo: la República asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio de los cultos; no reconoce, no asalaria ni subvenciona ningún culto.

La Constitución de 1946, y después la de 1958, inscriben el carácter laico de la República en el texto fundamental.

Lo que el principio establece

Se distinguen habitualmente tres exigencias.

La libertad de conciencia, que es la primera nombrada por la ley de

  1. Incluye la libertad de practicar, de cambiar de religión y de no

tener ninguna.

La separación de las instituciones: el Estado no interviene en la organización de los cultos, y los cultos no ejercen poder público. El registro civil, el matrimonio civil, los cementerios municipales y la enseñanza pública son sus traducciones concretas.

La igualdad: ninguna creencia goza de un estatuto privilegiado, y nadie puede ser favorecido ni perjudicado por su religión.

La laicidad es por tanto un principio de neutralidad del Estado, y no una neutralidad exigida a los ciudadanos. Los agentes públicos están obligados a ella en el ejercicio de sus funciones; los usuarios de los servicios públicos, por regla general, no lo están.

Las excepciones francesas

El dispositivo no es uniforme, lo que suele sorprender.

Alsacia y Mosela, alemanas en 1905, siguen dependiendo del Concordato de 1801: cuatro cultos están allí reconocidos y sus ministros remunerados por el Estado.

Guayana depende de una ordenanza de Carlos X, y varias colectividades de ultramar tienen regímenes propios.

Las capellanías de los ejércitos, de las prisiones y de los hospitales se financian con fondos públicos, porque el Estado debe permitir el ejercicio del culto allí donde retiene a las personas.

La enseñanza privada bajo contrato está muy ampliamente financiada por el Estado desde la ley Debré de 1959, aunque sea mayoritariamente confesional.

Esas excepciones son antiguas, asumidas y discutidas con regularidad. Muestran que la laicidad francesa es un equilibrio jurídico, no una regla única aplicada en todas partes.

La controversia contemporánea

Desde los años ochenta, el principio está en el centro de controversias cuyo asunto es su extensión.

Dos lecturas se oponen, y no versan sobre la validez del principio sino sobre lo que exige.

La laicidad como libertad. En esa lectura, la neutralidad se impone al Estado y a sus agentes, y la laicidad está al servicio de la libertad religiosa, que protege al impedir al Estado favorecer o estorbar un culto. Es la lectura que defienden la mayoría de los juristas y que corresponde a la letra de 1905.

La laicidad como disciplina del espacio público. En esa lectura, la visibilidad de las pertenencias religiosas en los lugares comunes es ella misma contraria a la laicidad, porque fragmenta el cuerpo cívico. De esa concepción proceden las demandas de extender las obligaciones de neutralidad a los usuarios, a los padres acompañantes, a los estudiantes o al espacio de la calle.

Varias leyes han zanjado puntos precisos: la de 2004 sobre los signos religiosos ostensibles en la escuela pública, la de 2010 sobre la ocultación del rostro en el espacio público, la de 2021 que refuerza el respeto de los principios de la República. Cada una se presentó como una aplicación de la laicidad, y cada una fue impugnada en ese nombre.

Los otros modelos

La comparación aclara la singularidad francesa.

Los Estados Unidos tienen una separación antigua, venida de la primera enmienda, pero una religiosidad pública fuerte: ninguna religión de Estado, y referencias religiosas constantes en el discurso político.

El Reino Unido tiene una Iglesia establecida, cuyo jefe es el soberano, y una práctica muy liberal en materia de acomodaciones.

Alemania tiene un sistema de cooperación: las Iglesias reconocidas perciben un impuesto recaudado por el Estado y gestionan una parte de los servicios sociales.

Turquía construyó una laicidad de Estado, inspirada en el modelo francés, pero que durante mucho tiempo controló la religión en lugar de separarse de ella.

India se define como secular, lo que allí significa la equidistancia del Estado respecto de todas las comunidades religiosas, y no su invisibilidad.

Lo que la filosofía discute

¿Es posible la neutralidad? Los comunitaristas, entre ellos Michael Sandel y Charles Taylor, sostienen que ningún orden político es neutral respecto de las concepciones del bien, y que la laicidad lleva una concepción particular del individuo.

¿Qué se debe a las convicciones religiosas en la deliberación pública? John Rawls sostiene que los argumentos expuestos en el debate público deben formularse en términos accesibles a todos, lo que llama la razón pública. Jürgen Habermas le objeta que esa exigencia pesa de manera desigual sobre los ciudadanos creyentes, y propone una obligación de traducción compartida.

Secularización y laicidad. La primera es un proceso social, el declive del dominio religioso sobre las conductas; la segunda es un dispositivo jurídico. Las dos son independientes: un país puede ser laico y muy creyente, o secularizado sin separación. Charles Taylor consagra a esa distinción una parte de La era secular, en 2007.

El estatuto del ateísmo. ¿Protege la laicidad la libertad de no creer igual que la de creer? La ley de 1905 solo nombra la libertad de conciencia y el libre ejercicio de los cultos, y la jurisprudencia construyó la equivalencia. La cuestión sigue trabajando a los comentaristas.

Controversias

¿Laicidad o laicismo? El segundo término lo emplean los críticos para designar una laicidad vuelta hostil a lo religioso. El uso es polémico por los dos lados y es difícil emplearlo descriptivamente.

¿Un principio o una identidad? Varios trabajos recientes, en sociología y en ciencia política, observan que la laicidad funciona cada vez más como un marcador identitario en el debate francés, lo que modifica su uso sin cambiar su contenido jurídico.

La exportabilidad. El modelo francés es inseparable de un conflicto histórico con la Iglesia católica. Los autores que proponen universalizarlo y los que lo tienen por una singularidad local no se ponen de acuerdo, y el debate se cruza con el de los derechos culturales.

México separó medio siglo antes que Francia

La lista de modelos de la sección anterior tiene un hueco que un lector de lengua castellana nota en seguida. La separación mexicana es anterior a la francesa de casi medio siglo, y se hizo en condiciones más duras.

Las Leyes de Reforma se promulgan entre 1855 y 1863, bajo Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Suprimen los fueros eclesiástico y militar y secularizan los actos de la vida civil: la ley de matrimonio civil es del 23 de julio de 1859. La Ley sobre Libertad de Cultos se promulga en Veracruz el 4 de diciembre de 1860, y las fuentes la presentan como la última de la serie, porque la Constitución de 1857 no había podido establecer esa libertad de forma explícita.

La Constitución de 1917 fija el dispositivo en dos artículos: el 24 para la libertad de creencias, el 130 para la relación con las iglesias. Ese artículo 130 va más lejos que la ley francesa de 1905: estableció la supremacía del Estado sobre las iglesias, dio a los poderes federales facultades de intervención en materia de culto y les desconoció personalidad jurídica. Las fuentes que lo comentan sitúan en 1992 la reforma que se la reconoció.

Queda una consecuencia de vocabulario. Como el término francés no se traslada, el castellano reparte el campo entre laicidad, para el principio jurídico, y laicismo, que arrastra en España la carga polémica que la última sección señala. Al leer un texto, conviene ver cuál de las dos palabras emplea, y si la emplea para describir o para acusar.

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