Contractualismo moderno

1651 - siglo XXI Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos 11 min de lectura

Las doctrinas que no reconocen legitimidad sino a lo que cada uno podría aceptar: nacidas en el siglo XVII, descreditadas en el XIX, vueltas al primer plano en 1971.

El contexto de aparición

La idea de un pacto político no es nueva: se encuentra en los sofistas, en el pensamiento jurídico medieval y en los escritos de los monarcómacos del siglo XVI. Lo que cambia en el siglo XVII es la función que cumple.

Tres circunstancias concurren a ello. Las guerras de religión han arruinado la idea de un fundamento teológico común de la autoridad: si los súbditos no se ponen de acuerdo sobre Dios, hay que buscar en otra parte lo que los obliga juntos. La formación de los Estados soberanos plantea la cuestión de la extensión legítima de un poder que ya no reconoce instancia superior. Y el auge del derecho natural, en Grocio y después en Pufendorf, proporciona un vocabulario: el de derechos y obligaciones ligados a los individuos en cuanto hombres, antes de toda institución.

El contractualismo reúne esos elementos. Parte de los individuos, les atribuye derechos e intereses, y pregunta en qué condiciones podrían consentir razonablemente en someterse.

Las tesis centrales

Más allá de desacuerdos considerables, los contractualistas comparten algunas posiciones.

El individualismo metodológico. La explicación parte de las personas, no de la comunidad. La sociedad no es un dato natural del que el individuo sería un miembro, es lo que hay que volver inteligible.

El estado de naturaleza como instrumento. La mayoría describe una condición sin autoridad política, que sirve para aislar lo que el Estado aporta. Conviene subrayar que esa descripción es casi siempre una hipótesis de razonamiento y no una tesis histórica: los autores lo dicen ellos mismos, y leerlos como historiadores ingenuos es un error frecuente.

El consentimiento como fuente de la obligación. Nada obliga que no haya sido, de una manera o de otra, aceptado. Es el corazón de la corriente, y también su punto de fragilidad, puesto que nadie ha firmado nunca.

La legitimidad distinguida de la eficacia. Un poder puede ser útil e ilegítimo. El contractualismo proporciona un criterio para esa distinción, que está en el fundamento de las teorías modernas del derecho de resistencia.

Hobbes

Hobbes da a la corriente su forma más rigurosa en el Leviatán, en 1651. Su estado de naturaleza es una situación donde cada uno, igualmente expuesto e igualmente amenazante, no puede contar con ninguna garantía: la vida es allí solitaria, miserable y breve. La razón manda por tanto a cada uno renunciar a su derecho ilimitado, a condición de que los demás hagan lo mismo, y transferir ese derecho a un soberano.

Dos rasgos distinguen su versión. El contrato liga a los súbditos entre sí y no al súbdito con el soberano, de modo que este último no es parte del acuerdo y no puede romper sus términos. Y el poder así instituido es indivisible, porque toda división vuelve a abrir el conflicto que el pacto debía cerrar. Hobbes no saca de ello un despotismo sin límite: el súbdito conserva el derecho de defender su vida, y un soberano que ya no protege ya no manda.

Locke

Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno civil publicados en 1689, invierte casi cada elemento. Su estado de naturaleza está regido por una ley natural cognoscible por la razón, y los individuos poseen ya en él derechos sobre su vida, su libertad y sus bienes. Lo que falta allí no es la moral sino un juez imparcial.

El gobierno instituido recibe por tanto un mandato determinado, la protección de esos derechos, y una confianza que puede traicionar. De ahí dos consecuencias decisivas para la historia política: la separación de poderes y el derecho de resistencia en caso de ruptura del mandato. La influencia de ese esquema en las revoluciones americana y francesa ha sido considerable.

Rousseau

Rousseau, en El contrato social de 1762, desplaza la cuestión. El problema no es saber cómo obedecer sin peligro, sino cómo obedecer sin dejar de ser libre. Su respuesta está en la idea de que cada uno, al asociarse, se somete no a un hombre sino a una voluntad general de la que es parte, y que es por tanto a la vez súbdito y autor de la ley.

Esa versión tiene las consecuencias más discutidas de la corriente. Rechaza la representación en sentido estricto, exige una participación activa, y contiene la fórmula más comentada de la filosofía política moderna, la de un hombre al que se puede forzar a ser libre. Las lecturas de ese pasaje se dividen desde hace dos siglos entre una interpretación democrática y una interpretación autoritaria.

Kant y la versión ideal

Kant opera una transformación que explica la fecundidad posterior de la corriente. El contrato originario no es para él ni un hecho ni siquiera una hipótesis sobre el origen, sino una idea de la razón: un criterio que sirve para evaluar las leyes. Una ley es justa si un pueblo entero habría podido consentir en ella. Poco importa por tanto que ningún pacto haya tenido lugar, puesto que no se trata de un acontecimiento sino de una prueba de legitimidad.

Ese desplazamiento pone al contractualismo a cubierto de la objeción histórica, y es esa forma la que será retomada en el siglo XX.

El pacto estaba en Suárez antes de estar en Hobbes

Hay un capítulo hispánico de esta historia que el relato habitual pasa por alto, y que conviene conocer porque es anterior a todo lo que precede y porque no dice lo mismo.

En 1612 el jesuita Francisco Suárez publica en Coímbra el De legibus ac Deo legislatore, vasto tratado de las leyes. Sostiene en él que el poder político no es dado directamente por Dios al príncipe, sino a la comunidad humana, que lo posee de modo originario y lo transfiere a un gobernante mediante un acto cuya forma puede variar. El príncipe recibe así su autoridad de dos fuentes a la vez: de Dios en cuanto al principio, y de la comunidad en cuanto a su título concreto. La tesis se formula contra el derecho divino de los reyes, y su alcance práctico era inmediato: un poder recibido de la comunidad no es incondicional.

Suárez desarrolló esa consecuencia al año siguiente en la Defensio fidei catholicae, escrita contra el juramento de fidelidad que Jacobo I de Inglaterra exigía a los católicos. El libro fue quemado en Londres por orden del rey. Trece años antes, otro jesuita español, Juan de Mariana, había publicado el De rege et regis institutione, de 1599, donde sostenía que el pueblo no enajena enteramente su poder y que, en el caso extremo de un tirano manifiesto, su muerte podía estar justificada. En 1610, después del asesinato de Enrique IV, el Parlamento de París hizo quemar el libro.

Lo que conviene y lo que no conviene concluir de esto. No se trata de un contractualismo moderno: Suárez y Mariana trabajan dentro del derecho natural tomista, no parten de individuos sin vínculos y no buscan un criterio de justicia distributiva sino el título legítimo de un poder. La comunidad de la que hablan es un cuerpo ya constituido, no una colección de contratantes. Pero la pieza central del dispositivo, la idea de que la autoridad reposa en una transferencia que la comunidad consiente, está puesta, argumentada y publicada antes del Leviatán.

Hasta qué punto Hobbes y Locke leyeron a estos autores es asunto discutido entre los historiadores, y la respuesta varía según el caso: la segunda escolástica española se enseñaba en toda Europa, Grocio cita a Suárez, y el vocabulario circulaba por los manuales mucho más que por las citas. Lo seguro es que la genealogía corriente, que hace empezar la cuestión en Inglaterra en 1651, deja fuera a dos autores que la habían planteado en latín y en la península, y a los que sus adversarios respondieron con la hoguera antes que con un argumento.

El eclipse

El siglo XIX es hostil a la corriente, y por razones que no se recubren.

Hume había dirigido ya el ataque más eficaz, al preguntar dónde y cuándo se habría firmado ese contrato, y al hacer observar que la obediencia política se explica mucho mejor por la costumbre, el interés y la convención que por una promesa. Los utilitaristas añaden que el criterio del consentimiento es inútil si se dispone del del bienestar general.

Hegel reprocha al contractualismo tratar el Estado según el modelo de un contrato de derecho privado, es decir reducirlo a un arreglo entre voluntades particulares, cuando es según él la realidad de una libertad sustancial que el individuo encuentra ya formada. Marx ve en ello la transposición filosófica de las relaciones mercantiles, donde propietarios intercambian libremente lo que poseen.

El historicismo y las ciencias sociales nacientes acaban el descrédito: la sociedad no es construida por individuos, los precede y los forma.

El retorno

En 1971, la Teoría de la justicia de Rawls relanza la corriente adoptando la versión kantiana. Imagina una posición originaria donde personas racionales eligen los principios de la sociedad sin saber qué lugar ocuparán en ella, ese velo de ignorancia sustituyendo al estado de naturaleza. El acuerdo que describe no versa ya sobre la institución de un soberano sino sobre los principios de la justicia distributiva.

La corriente se diversifica entonces en dos ramas que es útil distinguir. Una, que en inglés se llama contractarianism y que se reclama más bien de Hobbes, hace del acuerdo un trato mutuamente ventajoso entre agentes racionales: David Gauthier ha dado de ella la versión más construida. La otra, el contractualism de Thomas Scanlon, se reclama de Kant y define lo justo por lo que nadie podría rechazar razonablemente, lo que da un peso propio a las objeciones de cada uno con independencia de su poder de negociación.

Las críticas contemporáneas

Tres líneas de impugnación se han desarrollado desde los años ochenta.

Los comunitaristas objetan que el sujeto del contrato es una ficción: un individuo sin pertenencias, sin historia y sin vínculos no podría elegir nada, por falta de razones para preferir cualquier cosa. Sandel, MacIntyre y Charles Taylor han desarrollado ese argumento en direcciones distintas.

Las críticas feministas han mostrado que el contrato clásico suponía, sin tematizarla nunca, una organización de la familia y una división sexual del trabajo. Carole Pateman ha sostenido que un contrato sexual acompañaba silenciosamente al contrato social, y que la esfera doméstica era justamente el lugar que la teoría dejaba fuera del consentimiento.

Una crítica paralela, formulada en particular por Charles Mills, ha versado sobre la exclusión racial: las sociedades que produjeron esas teorías reservaban el estatuto de contratante a una parte de sus miembros, y esa restricción no era un accidente de aplicación.

A esas objeciones los contractualistas responden con mayor frecuencia que el método es separable de los límites de sus primeros usos, y que la extensión del círculo de los contratantes es justamente lo que su criterio exige. El debate sigue abierto, y versa sobre la cuestión de si una teoría puede ser reformada por sus propios principios o si sus puntos ciegos son constitutivos.

La herencia

La influencia práctica de la corriente está fuera de proporción con el número de sus defensores. Las declaraciones de derechos, las constituciones escritas, la idea de que el poder recibe su legitimidad de los gobernados y la noción de derecho de resistencia llevan su marca. El vocabulario del consentimiento estructura hoy campos enteros que no son políticos, de la ética médica al derecho de los datos personales.

Hay que ver en ello a la vez un logro y un riesgo. El consentimiento se ha vuelto un criterio tan familiar que se aplica a veces allí donde no puede valer, por ejemplo cuando la desigualdad de las posiciones deja el acuerdo formal sin alcance. Los contractualistas más atentos, Scanlon en particular, han dedicado muchos esfuerzos a esa dificultad, buscando un criterio que no premie la fuerza de negociación.

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