Ilustración: Derecho natural
Carlo Crivelli, Public domain (Wikimedia Commons)

Derecho natural

siglo V a. C. - siglo XXI Grecia, Roma, Europa y América 13 min de lectura

No una escuela, sino la familia de doctrinas que se niegan a hacer de la voluntad del legislador la fuente última de lo justo.

El punto de partida griego

La distinción entre lo que es justo por naturaleza y lo que lo es por convención aparece en la Grecia del siglo V antes de nuestra era, en los debates de los sofistas y en la escena trágica. La Antígona de Sófocles opone las leyes no escritas de los dioses al edicto del soberano, y esa escena será citada durante dos milenios.

Aristóteles formula la distinción en términos técnicos. En la Ética a Nicómaco separa lo justo natural, que tiene en todas partes la misma fuerza, de lo justo legal, que depende de las ciudades y cambia con ellas. Añade en seguida una observación que los comentaristas no han acabado de discutir: lo justo natural mismo es susceptible de variación. Esa prudencia distingue su propósito de las versiones más rígidas que se construirán después en su nombre.

Los estoicos darán a la idea su forma fuerte. Para Crisipo y sus sucesores, el universo está gobernado por una razón, y la ley verdadera no es otra cosa que esa razón en cuanto prescribe. Es por tanto común a todos los hombres, puesto que todos participan del logos, y no conoce fronteras. Cicerón transmite esa doctrina al mundo latino en fórmulas que harán autoridad: la ley verdadera es la recta razón conforme a la naturaleza, no se corrige, no se deroga, y ni el senado ni el pueblo pueden dispensar de ella.

Los juristas romanos introducen por su parte un vocabulario que permanecerá. Distinguen el derecho civil propio de una ciudad, el derecho de gentes común a todos los pueblos y el derecho natural, que algunos definen como lo que la naturaleza enseña a todos los animales. Esa última definición, más biológica que racional, convivirá largo tiempo con la definición estoica sin que se decida entre ellas.

La síntesis medieval

Agustín y el derecho canónico

Agustín da a la idea su marco cristiano: existe una ley eterna, que es la razón y la voluntad de Dios, y la ley humana solo obliga en cuanto se conforma a ella. De ahí la fórmula, a menudo recogida, según la cual lo que no es justo no parece ser una ley. El derecho canónico medieval se apodera de ese principio y, en el siglo XII, el Decreto de Graciano coloca la ley natural en la cima de la jerarquía de las normas identificándola con lo que contienen la Ley y el Evangelio.

Tomás de Aquino

La exposición más célebre es la de Tomás de Aquino, en el tratado de las leyes de la Suma teológica. Distingue cuatro leyes: la ley eterna, que es el plan divino del gobierno del mundo; la ley natural, que es la participación de la criatura racional en esa ley eterna; la ley humana, que extrae conclusiones particulares de la precedente; y la ley divina positiva, la de la revelación.

La ley natural es accesible a la razón sola, sin la fe. Su primer precepto es formal: hay que hacer el bien y evitar el mal. Tomás deduce de él orientaciones más determinadas siguiendo las inclinaciones naturales del hombre, a conservar su ser, a transmitir la vida y a criar a los hijos, a conocer la verdad y a vivir en sociedad.

Dos rasgos de esa construcción merecen señalarse, porque suelen perderse en los usos posteriores. Primero, Tomás sostiene que las conclusiones derivadas son tanto menos ciertas cuanto más descienden hacia lo particular: cuanto más precisa es una regla, más excepciones admite. Y después, la ley humana no es para él una simple aplicación mecánica: el legislador ejerce un juicio, y puede ser prudente no prohibir todo lo que es malo.

La impugnación voluntarista

El siglo XIV ve abrirse una discusión que nunca se ha cerrado. Si el bien es bien porque Dios lo quiere, la ley natural depende de una voluntad y no de una razón; si Dios lo quiere porque es bien, su voluntad está ligada. Las posiciones atribuidas a Duns Escoto y a Guillermo de Ockham se sitúan por lo general del primer lado, con matices importantes que los trabajos recientes han restablecido: ninguno de los dos sostiene que Dios pudiera volver bueno cualquier cosa, y el alcance de su voluntarismo sigue discutido.

La edad clásica: del derecho objetivo a los derechos subjetivos

La segunda escolástica

En el siglo XVI, la conquista de América obliga a los teólogos españoles a retomar la cuestión. Francisco de Vitoria sostiene que los pueblos indios, al ser comunidades políticas verdaderas, poseen derechos que la fe cristiana no podría anular, y que la guerra no puede justificarse por la sola negativa a la conversión. Francisco Suárez sistematiza después la materia en un vasto tratado de las leyes. Esos autores elaboran un derecho de gentes aplicable entre comunidades, y preparan sin quererlo un vocabulario de los derechos ligados a las personas.

Grocio y la secularización

Hugo Grocio da un paso decisivo en 1625, en su tratado del derecho de la guerra y de la paz. Afirma que los principios del derecho natural conservarían su validez incluso suponiendo, hipótesis que por otra parte descarta, que Dios no existiese. La fórmula ha hecho mucho por su reputación de fundador del derecho natural moderno. Pide una precaución: Grocio es un cristiano convencido y su gesto apuntaba menos a descartar a Dios que a establecer un terreno común en una Europa desgarrada por las guerras de religión.

Hobbes, Locke y la inversión

Hobbes opera un cambio de vocabulario cuyas consecuencias son inmensas. Llama derecho natural no a una norma objetiva sino a una libertad: la que cada uno posee de usar de sus fuerzas para conservarse. Las leyes naturales se vuelven en él teoremas de la razón, que indican lo que es prudente hacer para salir del estado de naturaleza. El derecho natural deja de ser aquello a lo que la ley civil debe conformarse, y se convierte en lo que vuelve necesaria la ley civil.

Locke conserva la idea de una ley natural obligatoria al tiempo que adopta el lenguaje de los derechos individuales: cada uno tiene derecho a su vida, a su libertad y a sus bienes, y el poder político solo existe para protegerlos. De ahí se sigue una teoría del derecho de resistencia que las revoluciones americana y francesa movilizarán. Las declaraciones de 1776 y de 1789 marcan la culminación política de esa transformación: el derecho natural figura en ellas en forma de derechos subjetivos oponibles al poder.

Valladolid, 1550: el derecho natural puesto a prueba por un caso

La segunda escolástica no fue solamente un episodio de la historia de las doctrinas. Produjo también el único momento en que un imperio detuvo sus conquistas para que unos teólogos discutiesen si tenía derecho a hacerlas, y ese momento tiene lugar y fecha.

En 1550 y 1551, por orden de Carlos V, una junta de teólogos y de juristas se reúne en el colegio de San Gregorio de Valladolid para oír a dos contradictores. Juan Ginés de Sepúlveda, humanista y cronista, sostiene que la guerra contra los indios es justa: argumenta desde Aristóteles que hay hombres cuya condición natural es servir, invoca los sacrificios humanos y la antropofagia como crímenes contra la ley natural que autorizan la intervención, y concluye que la tutela española es un beneficio. Bartolomé de las Casas, dominico y antiguo encomendero, responde durante días leyendo un alegato inmenso. Sus argumentos son de derecho natural: los indios son seres racionales que han constituido ciudades, reyes y leyes, poseen por tanto dominio legítimo sobre sus tierras y sus personas, y ninguna culpa cometida contra su propia ley autoriza a un príncipe extranjero a castigarlos. El remedio que propone es la predicación pacífica, no la encomienda.

Hay que decir lo que la junta no hizo. No dictó sentencia, o al menos no se conserva ninguna, y las dos partes se declararon vencedoras. Las Leyes Nuevas de 1542, que limitaban la encomienda, se habían promulgado antes del debate y se aplicaron de modo desigual. Sepúlveda no obtuvo licencia para imprimir su Democrates alter en Castilla, y el texto circuló en copias; Las Casas publicó en Sevilla, en 1552, una serie de tratados breves, entre ellos la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se tradujo por toda Europa y sirvió después a las potencias rivales de España para fabricar un relato que el historiador Julián Juderías llamó en 1914 la leyenda negra.

Lo que el episodio enseña sobre esta corriente es doble. Primero, que el derecho natural funciona en los dos sentidos: las mismas premisas aristotélicas sirvieron a Sepúlveda para justificar la conquista y a Las Casas para negarle todo título, y la diferencia estuvo en la descripción de los hechos, es decir en saber si aquellos pueblos tenían o no ciudades, leyes y reyes. Es el punto exacto donde una doctrina de la naturaleza depende de una antropología, y donde se equivoca quien la crea autosuficiente. Y después, que una argumentación de derecho natural puede obligar a un poder a justificarse sin por ello detenerlo: la discusión de Valladolid no acabó con la encomienda, y nadie que la lea puede sostener que el derecho natural baste por sí solo.

El eclipse del siglo XIX

El siglo siguiente es el del reflujo, y la corriente es atacada por tres lados.

El positivismo jurídico, con Jeremy Bentham y después John Austin y más tarde Hans Kelsen, sostiene que no hay derecho sino el puesto por una autoridad, y que hablar de derechos naturales es una confusión entre lo que es y lo que debería ser. Bentham se burló de los derechos imprescriptibles en términos que han quedado célebres.

La escuela histórica alemana, en torno a Savigny, objeta que el derecho es un producto del espíritu de un pueblo, que se forma en la historia y no se deduce de ninguna naturaleza universal.

Marx, por último, critica los derechos del hombre como los derechos de un hombre particular, el individuo propietario de la sociedad burguesa, presentado abusivamente como el hombre en general. Esa crítica no niega que las declaraciones hayan tenido un efecto emancipador, niega que enuncien una naturaleza.

Se añadirá que Hume había proporcionado, un siglo antes, el arma lógica de esas críticas al señalar que de una descripción de lo que es no se saca una conclusión sobre lo que debe ser.

El retorno después de 1945

Los crímenes de los regímenes totalitarios reabrieron la cuestión en los términos más concretos. ¿Cómo juzgar actos conformes al derecho vigente en el momento en que se cometieron? Los procesos de Núremberg supusieron una respuesta, y el jurista alemán Gustav Radbruch, largo tiempo positivista, propuso en 1946 una fórmula convertida en clásica: una ley de una injusticia intolerable pierde su carácter de derecho.

La filosofía siguió. Leo Strauss publica en 1953 Derecho natural e historia, donde sostiene que el relativismo historicista desarma el pensamiento político y que hay que volver a la cuestión clásica de la naturaleza de lo justo. Jacques Maritain aboga, en los trabajos preparatorios de la Declaración universal de 1948, por un acuerdo práctico sobre unos derechos a pesar de los desacuerdos sobre sus fundamentos.

En otro estilo, John Finnis da en 1980, con Ley natural y derechos naturales, una versión analítica de la doctrina tomista: identifica un pequeño número de bienes fundamentales, irreductibles unos a otros, y exigencias de razonabilidad práctica, sin pasar por una deducción a partir de la naturaleza humana, lo que le permite esquivar la objeción de Hume. Esa corriente, llamada a veces nuevo derecho natural, es hoy uno de los principales interlocutores del positivismo en teoría del derecho, como mostró la controversia entre Herbert Hart y Lon Fuller.

Las controversias

¿Una tradición o varias?

El historiador del derecho Michel Villey sostuvo que el derecho natural clásico, el de Aristóteles y de Tomás, consistía en buscar el justo reparto en una situación concreta, y que el derecho natural moderno, el de los derechos subjetivos, constituye no su prolongación sino su inversión. Otros historiadores, entre ellos Brian Tierney, han impugnado ese corte y han mostrado que el vocabulario de los derechos individuales se forma ya en los canonistas medievales. El debate versa sobre la unidad misma de la tradición.

El paso del ser al deber

Es la objeción lógica permanente. De que los hombres estén hechos de tal manera no se puede sacar lo que deben hacer, salvo introduciendo una premisa normativa que la naturaleza no proporciona. Las respuestas existen: algunos impugnan la separación misma sosteniendo que las nociones de función y de bien son inseparables de lo vivo; otros, como Finnis, renuncian a la deducción y ponen los bienes fundamentales como evidencias de la razón práctica. Ninguna de esas respuestas es unánime.

¿Qué naturaleza?

La palabra naturaleza lleva en estos debates un peso considerable y un sentido inestable. Designa alternativamente un orden cósmico, una esencia del hombre, inclinaciones observables o la razón misma. Los usos conservadores del derecho natural, que de él deducen normas precisas en materia familiar o sexual, se apoyan por lo general en la versión más sustancial de ese término, y es también la que la antropología y la historia han fragilizado más.

Para qué sirve hoy

El vocabulario de los derechos humanos se ha vuelto la lengua común del derecho internacional, sin que los debates sobre su fundamento estén resueltos. Algunos ven en ello la prueba de que la cuestión del fundamento es inútil: un acuerdo práctico basta. Otros objetan que un derecho sin fundamento reconocido sigue siendo vulnerable, porque siempre se le puede oponer una soberanía o una cultura. La alternativa está abierta, y es una de las razones por las que la cuestión del derecho natural, declarada muerta con regularidad, no deja de volver.

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