Justicia formal
También llamado: justicia como regularidad, regla de justicia, igualdad formal
Exigencia de tratar de la misma manera los casos semejantes y de aplicar las reglas sin arbitrariedad, independientemente de su contenido. Es común a todas las concepciones de la justicia, que solo divergen en las diferencias que juzgan pertinentes.
Una exigencia de coherencia
El núcleo de la noción puede enunciarse en una frase: los seres que pertenecen a una misma categoría deben ser tratados de la misma manera. Aplicada al derecho, pide que la ley sea general, pública, no retroactiva y aplicada con regularidad. Aplicada a la administración, prohíbe el trato de favor. Aplicada al juicio moral, obliga a quien juzga a aceptar que su veredicto valga para todos los casos idénticos, incluidos aquellos en los que él mismo estuviera implicado.
La exigencia es formal en el sentido de que versa sobre la forma del trato y no sobre su sustancia. No nos dice qué categorías cuentan, ni qué se debe a cada una. Un sistema puede ser perfectamente coherente en la injusticia: una sociedad esclavista que aplica rigurosamente sus reglas satisface la justicia formal y sigue siendo injusta. Esa objeción es tan inmediata que ha servido a veces para despachar la noción. Pero no se sostiene: la arbitrariedad, el favoritismo, la ley secreta o retroactiva son males reales, y distinguirlos supone precisamente el concepto.
Las fuentes antiguas
La formulación más antigua y más influyente es la de Aristóteles, en el libro V de la Ética a Nicómaco. Distingue allí la justicia distributiva, que reparte bienes y honores según una proporción, y la justicia correctiva, que restablece un equilibrio roto. En los dos casos la operación es proporcional: el igual recibe lo igual, el desigual recibe lo desigual según la medida de su desigualdad. Esa fórmula contiene ya toda la dificultad. Es inatacable y vacía: hace falta saber en qué dos personas son iguales, y es ahí donde las doctrinas se separan.
Aristóteles añade una consideración importante, la de la equidad como corrección de la ley. Porque una regla general no puede prever todos los casos, su aplicación literal produce a veces un resultado contrario a su espíritu. La equidad consiste en juzgar como el legislador habría juzgado si hubiera tenido ese caso delante. La justicia formal recibe aquí su primer límite interno: aplicar la misma regla a todos solo es justo si las situaciones son verdaderamente comparables.
El derecho romano transmite la noción bajo la forma de una definición breve, dar a cada uno lo suyo, que recogerá toda la tradición. Tomás de Aquino hace de ella la virtud que ordena nuestras relaciones con los demás y la vincula a la ley natural, lo que le da un contenido: lo que se debe a cada uno se saca de su naturaleza y de su fin. La justicia formal no es entonces separable de una justicia sustancial.
La regla de justicia en el siglo XX
El concepto se recupera a mediados del siglo XX por filósofos que buscan lo que las concepciones rivales de la justicia tienen en común. El jurista y filósofo belga Chaïm Perelman, en un ensayo de 1945 dedicado a la justicia, propone llamar regla de justicia al principio según el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de manera idéntica. Muestra entonces que las grandes fórmulas concurrentes, a cada uno lo mismo, a cada uno según sus méritos, según sus obras, según sus necesidades, según su rango, según lo que la ley le atribuye, respetan todas esa regla y no difieren más que en el criterio de la categoría pertinente. El desacuerdo sobre la justicia no es por tanto un desacuerdo sobre su forma, sino sobre lo que cuenta como diferencia significativa.
Ese análisis ha tenido mucha influencia, y no solo en filosofía del derecho. Proporciona un método: ante una controversia sobre la igualdad, buscar qué diferencia juzga pertinente cada bando. Los debates sobre la discriminación, sobre las cuotas, sobre la fiscalidad o sobre el mérito escolar se aclaran de esa manera.
El filósofo del derecho británico Herbert Hart da de la exigencia una versión vecina, haciendo del trato semejante de los casos semejantes, y del trato distinto de los casos distintos, el precepto más general de la justicia.
La justicia como regularidad en Rawls
John Rawls dedica a la cuestión algunas páginas importantes de la Teoría de la justicia. Llama allí justicia formal, o justicia como regularidad, a la administración imparcial y coherente de las leyes y de las instituciones, cualquiera que sea su contenido.
Reconoce en ella un bien real, pero limitado. Un sistema formalmente justo puede consagrar reglas sustancialmente injustas. Rawls observa sin embargo que la exigencia de regularidad no carece de efecto sobre el fondo: unas reglas deben ser públicas para ser aplicadas con regularidad, y una injusticia flagrante resiste mal a la exposición pública y a la aplicación uniforme. Una tiranía necesita excepciones, secreto y arbitrariedad.
Su teoría de la justicia como equidad versa en cambio sobre otro plano: sobre el contenido de los principios que las instituciones deben encarnar. Los dos niveles se distinguen netamente en él, y por ese título la oposición entre justicia formal y justicia sustancial se ha vuelto un lugar común de la filosofía política analítica.
Rawls introduce por otra parte una distinción vecina en materia de acceso a las posiciones sociales: la igualdad formal de oportunidades, que se contenta con prohibir las discriminaciones explícitas, y la igualdad equitativa de oportunidades, que exige que las posiciones sean realmente accesibles a talentos iguales. La primera se satisface con una carrera abierta en derecho, la segunda pide actuar sobre las desigualdades de partida.
Aforado: la otra generalidad
La exigencia que esta página describe tiene dos ejes, y las secciones anteriores no han tratado más que uno. Se pide que la misma regla valga para todos. Pero se pide también que el mismo juez valga para todos, porque un tribunal reservado es otra manera de hacer una regla aparte. El castellano tiene para esa segunda cuestión una palabra corriente que otras lenguas no tienen, y una institución viva que la emplea.
Las palabras primero. Privilegio es literalmente una ley privada, una ley para uno, es decir la negación exacta de la generalidad. Fuero nombró el derecho propio de un reino, de una villa o de un estamento, en una península donde el derecho fue durante siglos local antes que general. Y de ahí queda aforado: alguien que tiene su propio foro, su propio tribunal.
La institución después. En España, el artículo 71.3 de la Constitución atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las causas penales contra diputados y senadores, y la Constitución prevé también el aforamiento del Jefe del Estado y de los miembros del Gobierno. Ser aforado significa ser juzgado por un tribunal superior y no por el juez ordinario.
Lo interesante para esta página es que el caso se argumenta en los dos sentidos, y que los dos argumentos aceptan la regla de justicia.
Quienes lo defienden sostienen que no son privilegios personales sino garantías funcionales: un cargo expuesto a la presión de cualquier juzgado no estaría juzgado por la regla tampoco, sino por quien quisiera usarla contra él, y el foro reservado protege la generalidad en lugar de romperla. Añaden que el aforado pierde algo, puesto que se ha señalado que no dispone de la segunda instancia penal de que dispone cualquier otro acusado.
Quienes lo critican responden que un foro aparte es una regla aparte por otra vía. Un magistrado del propio Tribunal Supremo ha escrito que el número de aforados en el derecho español es sin duda excesivo y ha propuesto reducirlo tanto por personas como por delitos; y se compara con otros países europeos donde no existe nada equivalente. Las cifras que circulan en ese debate, de más de diez mil a más de diecisiete mil según cómo se cuente, han alimentado varias propuestas de reforma que no han prosperado. Esta página no actualiza el estado de la cuestión, que es de los juristas y de los periódicos.
Y esta página no toma partido, porque el caso vale aquí por su forma y no por su desenlace. Es exactamente lo que el análisis de Perelman anuncia: los dos bandos admiten que los casos semejantes deben tratarse igual, y discuten si ocupar un cargo público es una diferencia pertinente. Quien quiera ver cómo una controversia política se reduce a esa única pregunta tiene aquí un caso en su propia lengua.
Un uso crítico: la forma contra el fondo
Existe un segundo uso de la expresión, y es polémico. En la tradición venida de Marx, la justicia formal, o la igualdad formal, designa la igualdad proclamada por el derecho, abstraída de las condiciones materiales que determinan su ejercicio efectivo. El obrero y el patrón son igualmente libres de contratar, y esa igualdad jurídica es precisamente lo que vuelve aceptable la transacción desigual. Marx observa en su crítica del programa de Gotha que un derecho igual aplicado a personas desigualmente dotadas es un derecho de desigualdad.
El novelista Anatole France resumió el argumento con una fórmula vuelta proverbial sobre la majestuosa igualdad de las leyes, que prohíbe a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes. Esa crítica no niega el valor de la regla formal; sostiene que no se puede detenerse en ella, y que invocarla sola sirve para proteger un orden existente.
Hay que estar atento al contexto, por tanto, cuando se encuentra el término. En filosofía del derecho de lengua inglesa, justicia formal designa una exigencia de coherencia que nadie rechaza. En el debate político suena a menudo como un reproche, el de una igualdad de papel.
Lo que la exigencia vale hoy
Tres discusiones contemporáneas le devuelven actualidad.
La primera concierne a la decisión automatizada. Un algoritmo aplicado a millones de expedientes garantiza una coherencia que ningún agente humano alcanzaría, y es una ganancia de justicia formal. Pero reconduce idénticas las categorías que se le han dado, y vuelve más difícil el examen del caso singular. La equidad en el sentido de Aristóteles, la corrección de la regla general por el juicio, está ahí directamente en juego.
La segunda versa sobre las medidas correctoras. ¿Es tratar de manera distinta para compensar una desigualdad anterior una infracción de la regla de justicia o su aplicación correcta, con el motivo de que las situaciones no son comparables? El análisis de Perelman muestra que la cuestión se reduce a la de la categoría pertinente, lo que no la resuelve pero la aclara.
La tercera toca al Estado de derecho mismo. La publicidad de las reglas, la no retroactividad, la independencia del juez, la prohibición del trato de excepción no son formalidades: constituyen la parte de justicia que se puede exigir a instituciones cuyo contenido se desaprueba. Es sin duda la enseñanza más útil del concepto: permite reprochar a un poder su arbitrariedad sin tener que entenderse primero con él sobre lo justo.