Separación de poderes
También llamado: distribución de las potestades, frenos y contrapesos
Principio según el cual las funciones de hacer la ley, ejecutarla y juzgar no deben reunirse en las mismas manos, para que el poder detenga al poder.
Los antecedentes antiguos
La idea de que un poder único y sin contrapeso degenera es antigua. Aristóteles distingue en la Política varias funciones del gobierno, la deliberación, las magistraturas y la justicia, pero se trata de un análisis funcional y no de una doctrina de la separación: no pide que esas funciones se confíen a órganos distintos.
La tradición del gobierno mixto sí es propiamente política. Polibio atribuye la solidez de la república romana al hecho de que combinaba un elemento monárquico, uno aristocrático y uno democrático, impidiendo cada uno a los otros imponerse. Cicerón retoma ese análisis. Retenga la diferencia con la doctrina moderna: el gobierno mixto reparte el poder entre grupos sociales, la separación de poderes lo reparte entre funciones. Esa distinción quedará en el centro de los debates sobre la interpretación de Montesquieu.
Locke y los dos poderes
En el Segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke formula una primera versión moderna. Distingue el poder legislativo, el poder ejecutivo y lo que llama el poder federativo, competente para las relaciones con los otros Estados.
Dos rasgos deben subrayarse porque casi siempre se olvidan. Locke no hace de la justicia un poder distinto: administrar justicia pertenece para él a la ejecución de las leyes. Y no establece ninguna igualdad entre los poderes que distingue, pues el legislativo es netamente superior puesto que expresa la voluntad de la comunidad. Su doctrina es por tanto una jerarquía funcional acompañada de una limitación, no un equilibrio entre órganos rivales.
Montesquieu
Es a Montesquieu a quien el principio debe su formulación canónica, en el libro XI de El espíritu de las leyes, publicado en 1748. Distingue allí la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad de juzgar, y propone una lectura de la constitución inglesa como modelo de esa distribución.
La frase más citada del libro da la razón de ello: para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. El argumento no es moral sino mecánico. Montesquieu no cuenta con la virtud de los gobernantes, cuenta con una disposición institucional donde la ambición de cada uno se topa con la de los otros. La libertad no la garantiza la calidad de los hombres sino la disposición de las cosas.
Un punto merece la mayor atención: Montesquieu casi nunca emplea la palabra separación. Habla de distribución de las potestades y describe un sistema donde se limitan mutuamente participando unas en las funciones de las otras, pues el monarca dispone por ejemplo de una facultad de impedir en materia legislativa. Lo que describe se parece menos a tres compartimentos herméticos que a un mecanismo de engranajes.
La querella de interpretación
Esa constatación ha alimentado una de las controversias más vivas de la historia de las ideas políticas. El jurista Charles Eisenmann sostuvo en el siglo XX que la doctrina de la separación estricta es una invención de sus comentaristas, pues Montesquieu describió una simple combinación de potestades. Louis Althusser fue más lejos al afirmar que El espíritu de las leyes analiza en realidad un equilibrio entre fuerzas sociales, el rey, la nobleza y el pueblo, y que la lectura funcional oculta un propósito aristocrático.
Los defensores de la lectura clásica responden que el texto enuncia un principio general, del que el modelo inglés no es más que una ilustración histórica. El debate no está zanjado y su importancia es práctica: según la interpretación que se adopte, la separación de poderes prescribe un reparto de competencias o una pluralidad de contrapesos sociales.
Dos usos, dos países
La recepción del principio ha producido dos familias de instituciones que conviene distinguir.
En los Estados Unidos, los redactores de la Constitución de 1787 y los autores de El Federalista hacen de él la clave del régimen. Madison consagra varios de esos artículos a mostrar que una separación puramente teórica no basta y que hay que armar a cada poder de medios para resistir a los otros. Es el sistema de frenos y contrapesos: veto presidencial, control del Senado sobre los nombramientos, procedimiento de destitución y, desde comienzos del siglo XIX, control de constitucionalidad por los tribunales. La separación se dobla allí de un reparto vertical entre la Federación y los estados, mecanismo distinto que a veces se confunde con ella.
En Francia, el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 afirma que una sociedad donde la separación de poderes no está determinada no tiene constitución. La práctica siguió sin embargo otra vía. La desconfianza hacia los jueces, heredada de los parlamentos del Antiguo Régimen, llevó a prohibir al juez controlar la administración y la ley, y el texto constitucional de 1958 habla todavía de autoridad judicial y no de poder judicial. El principio sirvió por tanto en Francia para acotar al juez, mientras servía en los Estados Unidos para reforzarlo. El mismo enunciado produjo efectos inversos.
Las objeciones
Tres familias de objeciones merecen conocerse.
La primera es la de la soberanía indivisible. Para Hobbes, dividir el poder soberano equivale a preparar la guerra civil, puesto que hará falta un árbitro en caso de conflicto y ese árbitro será el verdadero soberano. Rousseau, por otras razones, se niega también a dividir la soberanía: la voluntad general no se reparte, y lo que se llama poderes no es más que un conjunto de órganos encargados de ejecutarla. Esa tradición ha marcado fuertemente la cultura constitucional francesa.
La segunda es empírica. En un régimen parlamentario, el gobierno sale de la mayoría de la asamblea y permanece ligado a ella: lejos de estar separados, el ejecutivo y el legislativo están soldados por la disciplina de partido. La verdadera oposición no pasa por tanto entre los órganos sino entre la mayoría y la oposición, lo que desplaza enteramente la cuestión de los contrapesos.
La tercera es funcional. El Estado contemporáneo confía competencias considerables a administraciones, bancos centrales y autoridades independientes que legislan por vía reglamentaria, ejecutan y sancionan. La tripartición clásica no da cuenta de esos objetos. Varios constitucionalistas han propuesto repensar el mapa de los poderes para integrar las jurisdicciones constitucionales, los órganos de control y las autoridades de regulación.
Lo que el principio protege
A pesar de esas críticas, la intuición central resiste y vale la pena formularla sin el vocabulario jurídico.
Quien hace la regla no debe ser quien la aplica a un caso particular, pues de lo contrario puede torcerla para alcanzar a quien quiera. Quien aplica la regla no debe ser quien juzga de su propia aplicación, pues de lo contrario nunca se equivoca. Y ninguno de esos papeles debe ejercerse sin que alguien pueda impugnar su ejercicio. Se puede discutir el número de poderes y su disposición; esas tres exigencias siguen siendo el contenido útil del principio.
Esa formulación explica también por qué el principio es un indicador sensible del estado de un régimen. Las evoluciones autoritarias contemporáneas pasan rara vez por la supresión de las instituciones: proceden por la captura de los nombramientos judiciales, la marginación del parlamento en favor de la legislación de urgencia y el debilitamiento de los órganos de control. Las formas subsisten, los contrapesos desaparecen. La libertad política se mide por tanto menos por la existencia de los poderes que por su capacidad efectiva de estorbarse.
¿Un principio o un ideal regulador?
Una última pregunta atraviesa la literatura contemporánea. ¿Hay que tener la separación de poderes por una regla de derecho, cuyo respeto podría verificarse, o por un ideal regulador que orientaría el arreglo de las instituciones sin realizarse nunca por completo?
Los partidarios de la primera opción subrayan que las jurisdicciones constitucionales sacan de ella consecuencias jurídicas precisas. Los de la segunda hacen valer que ningún régimen existente satisface el modelo, y que una regla que nadie respeta es más bien una dirección. La discusión puede parecer teórica; decide en realidad lo que un juez puede hacer en nombre del principio, lo que no es poco.
Cádiz reparte las potestades y nombra al titular de la soberanía
A las dos familias de instituciones de la sección anterior conviene añadir una tercera, que es la de la lengua castellana.
La Constitución promulgada en Cádiz en marzo de 1812, que unas fuentes fechan el 18 y otras el 19, hace las dos cosas a la vez. Su artículo tercero dice que la soberanía reside esencialmente en la Nación, y que por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Y el texto reparte después las potestades: la de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, la de hacerlas ejecutar reside en el Rey.
Lo que ocurrió después importa tanto como el texto. Fernando VII disolvió las Cortes y derogó la Constitución por decreto el 4 de mayo de 1814. El pronunciamiento de Riego la restableció en 1820, y rigió hasta 1823. En Nueva España el virrey Calleja la abolió en agosto de 1814. Un principio constitucional no se mide solo por su enunciado, sino por el número de veces que hay que volver a promulgarlo.