Soberanía
También llamado: potestad soberana, soberanía popular, soberanía nacional
El carácter de un poder que no depende de ningún otro. Una invención política europea de los siglos XVI y XVII, cuya indivisibilidad es el punto más discutido.
La definición de Bodin
Jean Bodin da al concepto su primera formulación sistemática en Los seis libros de la República, en 1576, en medio de las guerras de religión francesas.
La define como la potencia absoluta y perpetua de una República, y detalla sus marcas: hacer la ley, decidir de la guerra y de la paz, nombrar a los oficiales, juzgar en última instancia, acuñar moneda, cobrar el impuesto.
Dos palabras cuentan.
Perpetua: no se confía por un tiempo. Un magistrado a quien se delega un poder por un plazo no es soberano, es depositario.
Absoluta: no está ligada por las leyes civiles, puesto que es ella la que las hace. No cabe darse una ley de la que no se pueda desligar.
Bodin añade de inmediato límites, y se olvidan a menudo: el soberano está obligado por la ley de Dios, por la ley natural y por las leyes fundamentales del reino, que regulan la sucesión y la inalienabilidad del dominio. Su soberanía absoluta no es una arbitrariedad.
El otro rasgo esencial es la indivisibilidad. Una soberanía compartida, para Bodin, no es una soberanía: es el desorden. Esa tesis será el punto más discutido de la historia del concepto.
Salamanca: el Emperador no es señor del mundo
La página empieza diciendo que el concepto se forma para rechazar dos tutelas, la del Emperador y la del Papa. Ese rechazo fue argumentado en Salamanca treinta y siete años antes del libro de Bodin, y con una consecuencia que ningún jurista al servicio de un príncipe había sacado.
Francisco de Vitoria pronuncia en 1539, en la Universidad de Salamanca, dos relecciones sobre los indios de América, la Relectio de indis a comienzos del año y la De iure belli en junio. La primera examina uno por uno los títulos invocados para justificar la conquista y los separa en legítimos e ilegítimos. Los dos primeros títulos que declara ilegítimos son la autoridad universal del Emperador como señor del mundo y la autoridad universal del Papa con su pretendido señorío sobre el orbe.
Hay que medir lo que esto es. Los juristas franceses e ingleses rechazarán las mismas dos tutelas, pero para liberar a su rey. Vitoria las rechaza en una lección universitaria cuya conclusión se vuelve contra su propio rey: si nadie es señor del orbe, el Emperador que reina en Castilla no tiene por ese título ningún derecho sobre América, y los pueblos que la habitan tienen una autoridad política propia que hay que tratar como tal.
Francisco Suárez lleva el argumento al otro extremo, el de la fuente del poder. En la Defensio fidei, de 1613, escrita a petición del papa Paulo V contra Jacobo I de Inglaterra y a propósito del juramento que el rey exigía a los católicos ingleses, sostiene que el poder político no viene inmediatamente de Dios al príncipe sino que reside primero en la comunidad, y que el príncipe lo tiene por el consentimiento de esta. El libro fue quemado públicamente en Londres el mismo año.
Dos precisiones impiden leer en esto un Rousseau anticipado.
La primera es que Suárez no concede a la comunidad un poder de legislar contra el príncipe. El estudio de las fuentes muestra que la desobediencia, en los casos excepcionales en que la admite, se justifica porque el mandato es injusto y no porque la comunidad conserve una potestad concurrente. Hay una diferencia considerable entre un poder que viene de la comunidad y un poder que la comunidad ejerce.
La segunda es que estos textos son teología y derecho de gentes, no filosofía política en el sentido moderno, y que sus autores no emplean la palabra soberanía. Lo que la escuela de Salamanca aporta no es el concepto sino sus dos condiciones negativas: nadie manda sobre el orbe, y el poder no desciende sobre una cabeza. Lo que falta todavía, y que Bodin dará, es la idea de que esas dos negaciones designan un poder determinado, perpetuo e indivisible.
Hobbes y la transferencia
Thomas Hobbes, en el Leviatán, en 1651, liga la soberanía al contrato.
Los hombres, en el estado de naturaleza, están en una guerra de cada uno contra cada uno, porque ninguna potencia común los sujeta. Instituyen por tanto, mediante un pacto concluido entre ellos, un soberano a quien cada uno transfiere su derecho de gobernarse a sí mismo.
El soberano no es parte del contrato: es su producto, lo que lo vuelve inatacable. No cabe reprocharle haber roto un acuerdo que no ha firmado.
Hobbes saca de ahí la indivisibilidad de manera aún más estricta que Bodin: compartir la soberanía es destruirla, y las guerras civiles inglesas son su demostración. Reserva un solo límite al derecho del súbdito, el de resistir cuando su vida misma está en juego, puesto que es para conservarla por lo que se ha sometido.
Rousseau y el pueblo
Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social, en 1762, invierte el dispositivo.
La soberanía pertenece al pueblo y no puede transferirse. Es el ejercicio de la voluntad general, y es por naturaleza inalienable e indivisible: un pueblo que se da un amo deja de ser un pueblo.
De ahí su rechazo de la representación en materia legislativa. Los diputados no son representantes sino comisarios, y la ley que votaran sin mandato no es una ley. El pueblo inglés, escribe, no es libre más que el día de la elección.
Esa concepción proporcionó su vocabulario a la Revolución francesa, que la transpuso en soberanía nacional: la Declaración de 1789 enuncia que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
Conviene notar de paso que el artículo 1.2 de la Constitución española de 1978 escoge la otra fórmula: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» El adjetivo es el de la tradición nacional y el titular el de la tradición popular, lo que es una manera de no elegir.
Las dos vertientes
El concepto tiene, desde el origen, dos caras que hay que distinguir.
La soberanía interna es la supremacía de un poder sobre un territorio y sobre una población: no hay apelación por encima de él.
La soberanía externa es la independencia de un Estado respecto de los demás, y su igualdad jurídica con ellos. Los tratados de Westfalia, en 1648, se citan tradicionalmente como el momento en que esa segunda dimensión se instala en Europa, aunque los historiadores hayan matizado seriamente ese relato.
Carl Schmitt y la excepción
Carl Schmitt propone, en la Teología política, en 1922, una definición que ha hecho fortuna: soberano es quien decide sobre el estado de excepción.
Su argumento es que la soberanía no se lee en el funcionamiento normal de las instituciones, donde todo parece regulado por normas, sino en el momento en que el orden se suspende. Quien puede decidir que hay crisis, y qué reglas dejan de aplicarse, es el soberano real, cualquiera que sea la fachada jurídica.
La tesis se ha convertido en un instrumento de análisis de los estados de emergencia contemporáneos, en particular en Giorgio Agamben, a menudo desligada de los compromisos políticos de su autor, que se adhirió al régimen nazi.
Las contestaciones contemporáneas
El concepto está hoy atacado por varios lados, y eso es lo que lo mantiene vivo.
El federalismo contradice la indivisibilidad. Los constituyentes americanos tuvieron que pensar una soberanía compartida entre la Unión y los Estados, lo que Bodin declaraba imposible, y el dispositivo funciona desde hace dos siglos.
El derecho internacional limita la soberanía externa: los derechos humanos, las jurisdicciones internacionales y la responsabilidad de proteger admiten que un Estado pueda ser juzgado por lo que hace en su casa.
La integración europea plantea la cuestión de una soberanía ejercida en común, que los juristas describen con nociones de competencias compartidas y de primacía del derecho de la Unión, y que los debates políticos traducen en términos de pérdida o de reconquista.
Los flujos y los actores transnacionales, mercados financieros, empresas digitales, redes, vuelven dudosa la idea de un poder que decidiera solo sobre su territorio. Saskia Sassen y otros describen menos una desaparición de la soberanía que un desmembramiento de sus atributos.
Controversias
¿Es necesaria la indivisibilidad? Es la cuestión central. La experiencia federal sugiere que no; los partidarios de la tesis clásica responden que siempre existe, en un federalismo, un poder de última palabra, aunque sea el de reformar la constitución.
¿Soberanía popular o nacional? La distinción ha alimentado el derecho constitucional francés: la primera hace del pueblo real el titular, la segunda de una entidad abstracta cuyos electos son los órganos. La elección manda sobre el estatuto del mandato y del referéndum.
¿Un concepto teológico? Varios autores, entre ellos Schmitt, sostienen que la soberanía traspone a la política los atributos de la omnipotencia divina, y que el concepto arrastra ese origen. Otros ven en él una construcción jurídica, nacida de necesidades prácticas.
¿Un concepto todavía útil? Algunos juristas y politólogos proponen abandonarlo, por juzgarlo demasiado grueso para describir los órdenes jurídicos entrelazados de hoy. El hecho de que siga siendo central en los debates públicos sugiere que nombra algo de lo que no nos hemos pasado.