Comunitarismo
Conjunto de objeciones al liberalismo de Rawls que parten de la persona situada: no deliberamos desde ningún punto de vista neutral.
El punto de partida: una respuesta a Rawls
La corriente se constituye en reacción a la Teoría de la justicia de John Rawls, aparecida en 1971, que había reformulado el liberalismo sobre bases contractualistas. Rawls pedía imaginar individuos que eligen los principios de la sociedad detrás de un velo de ignorancia, sin conocer su posición social, sus talentos ni su concepción del bien. De ahí sacaba la prioridad de lo justo sobre lo bueno: el Estado debe garantizar un marco equitativo sin zanjar entre las distintas maneras de llevar una vida buena.
Es esa arquitectura la que impugnan los autores reunidos bajo la etiqueta comunitarista, y la impugnan antes, en la concepción de la persona que supone.
El yo cargado
La objeción más neta viene de Michael Sandel, en una obra de 1982 consagrada al liberalismo y a los límites de la justicia. Sostiene que el individuo del velo de ignorancia es un yo descargado, despojado de todo lo que lo constituye.
Y no elegimos, dice, la mayor parte de lo que nos define: la lengua que hablamos, la familia donde nacemos, la historia que heredamos y las obligaciones que nos ligan antes de todo consentimiento. Un ser que pudiera poner a distancia el conjunto de sus apegos no sería un sujeto más libre, no sería nadie. Sandel no concluye que seamos prisioneros de nuestros orígenes, sino que la deliberación moral empieza siempre dentro de una situación, y no desde un punto de vista neutral.
Las prácticas, las virtudes y la tradición
Alasdair MacIntyre formula en 1981, en Tras la virtud, un diagnóstico más radical. La filosofía moral moderna, según él, ha fracasado: habiendo abandonado la concepción aristotélica de una naturaleza humana orientada hacia un fin, se debate entre principios inconmensurables y sus desacuerdos son interminables porque son insolubles en sus propios términos.
Propone reconstruir la ética a partir de tres nociones encajadas. La práctica, actividad cooperativa dotada de bienes internos que solo pueden alcanzarse ejercitándose realmente en ella. La unidad narrativa de una vida, que permite juzgar una existencia como se juzga un relato. Y la tradición, debate histórico vivo dentro del cual los desacuerdos tienen sentido porque versan sobre asuntos compartidos. La comunidad no es entonces en él un valor sentimental: es la condición para que una evaluación moral sea posible.
Contra el atomismo
Charles Taylor aporta el argumento más filosófico. Impugna lo que llama el atomismo, tesis según la cual el individuo sería anterior a la sociedad y estaría provisto de sus capacidades con independencia de ella.
Su argumento es simple y difícil de refutar. Las capacidades que el liberalismo valora, formarse un juicio, revisar sus fines y elegir su vida, solo se adquieren en una lengua y una cultura, es decir en una comunidad que las transmite. Quien tiene la autonomía por un bien debe entonces tener por bienes las condiciones sociales que la hacen posible. Taylor reconstruye en su indagación sobre las fuentes del yo cómo el ideal moderno de autenticidad se constituyó históricamente, lo que prohíbe tratarlo como un dato natural.
Se reconoce ahí una herencia de Hegel, del que Taylor ha sido un lector atento: el individuo solo se realiza en instituciones que lo preceden.
La justicia según las esferas
Michael Walzer desarrolla en 1983 una versión distributiva de la crítica. Rechaza la idea de que puedan deducirse principios de justicia universales y sostiene que cada bien social, la salud, la educación, el dinero o los cargos públicos, pide un criterio de distribución propio, determinado por el significado que la comunidad da a ese bien.
La injusticia consiste entonces en lo que él llama la dominación: cuando un bien coloniza la distribución de los otros, por ejemplo cuando el dinero compra la atención médica, los títulos y las funciones. Ese enfoque desplaza la atención de los principios hacia los significados compartidos, lo que lo expone a la objeción del relativismo y le da en cambio una presa más fina sobre las injusticias reales.
Una etiqueta que sus autores rechazan
Hay que señalar un hecho sin rodeos: los principales autores ordenados en esta corriente han recusado el nombre. MacIntyre se ha negado varias veces a ser calificado de comunitarista. Taylor se ha descrito como un liberal crítico. Sandel prefiere hablar de republicanismo cívico.
La etiqueta es por tanto en gran parte una construcción de los comentaristas, forjada para organizar un debate. Eso no la vuelve inútil, puesto que designa una convergencia real de objeciones, pero no debe hacer creer en la existencia de una escuela dotada de un programa común. Sus desacuerdos son importantes: MacIntyre es muy crítico de la modernidad liberal, Taylor busca corregirla desde dentro y Walzer se vincula a la tradición socialdemócrata.
Cómo respondió el liberalismo
La discusión alimentó una década de filosofía política y modificó los dos campos.
Rawls precisó su posición en Liberalismo político, en 1993. Su teoría, explica, no descansa en ninguna concepción metafísica de la persona: es política, versa sobre los términos de la cooperación entre ciudadanos que divergen precisamente sobre el bien. El individuo del velo de ignorancia no es una descripción del ser humano sino un procedimiento de razonamiento. Esa aclaración desactivó una parte de la objeción de Sandel, sin convencer a quienes estiman que un marco supuestamente neutral favorece de hecho ciertas concepciones del bien.
Otros liberales, entre ellos Will Kymlicka, han sostenido que lo esencial del debate se había desplazado. La verdadera pregunta ya no es si el individuo está situado, lo que nadie niega, sino qué derechos reconocer a las culturas minoritarias en un Estado liberal. Las discusiones sobre el multiculturalismo, sobre los derechos lingüísticos y sobre las acomodaciones proceden de ahí.
Las objeciones
Se dirigen a la corriente tres críticas serias.
La primera versa sobre la identificación de la comunidad. Las sociedades contemporáneas están atravesadas por pertenencias múltiples y concurrentes: ¿de qué comunidad hacen autoridad los significados compartidos? A falta de respuesta, el argumento corre el riesgo de validar la versión dominante de una tradición haciéndola pasar por la tradición misma.
La segunda es conservadora por implicación. Si los criterios de evaluación vienen de las prácticas existentes, ¿cómo criticar una práctica injusta que estuviera sólidamente establecida? MacIntyre responde que una tradición viva comporta sus propios recursos críticos, pero la objeción conserva su fuerza.
La tercera es feminista y es la más temible. Las comunidades no son conjuntos homogéneos: reparten desigualmente el poder, y el respeto de su integridad puede proteger jerarquías internas. Susan Moller Okin mostró que los derechos concedidos a grupos pueden volverse contra las mujeres que pertenecen a ellos. El debate sobre este punto no está cerrado y atraviesa hoy la filosofía del multiculturalismo.
Lo que queda adquirido
Con independencia de la etiqueta, la corriente ha dejado adquisiciones duraderas. Ya nadie defiende la idea de un sujeto moral anterior a toda socialización. La cuestión de las condiciones sociales de la autonomía se ha vuelto un objeto legítimo de la filosofía política. Y la ética de las virtudes, que MacIntyre contribuyó a poner otra vez en circulación, constituye hoy una de las tres grandes familias de la filosofía moral contemporánea, junto al consecuencialismo y a la deontología.
En Bolivia la pregunta es derecho positivo
Antes de nada, una advertencia de vocabulario. En castellano el adjetivo comunitario designa de ordinario lo relativo a la Unión Europea, como en derecho comunitario, de modo que comunitarismo no arrastra aquí la carga polémica que el mismo término tiene en francés, donde nombra el comportamiento de quien antepondría su grupo a la nación. El riesgo castellano no es la confusión política, es la confusión administrativa.
Lo importante está en otra parte. Las preguntas de las dos secciones anteriores, la de saber cuál es la comunidad cuyos significados hacen autoridad y la de saber si los derechos de grupo protegen jerarquías internas, no son en los Andes un asunto de revistas.
La Constitución boliviana del 7 de febrero de 2009 llama al país Estado Plurinacional y establece que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina tienen igual jerarquía. El Estado se obliga a promover y fortalecer la segunda. Esa jurisdicción se fundamenta en el vínculo de las personas que son miembros de la nación o pueblo respectivo, y una ley de deslinde jurisdiccional determina los mecanismos de coordinación entre los dos sistemas. El Tribunal Constitucional Plurinacional se compone de magistrados elegidos con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino.
El caso no zanja el debate, lo vuelve verificable. Walzer sostiene que cada bien social se distribuye según el significado que la comunidad le da; una constitución que instala dos jurisdicciones de igual jerarquía sobre el mismo territorio hace de esa tesis una cuestión de competencia judicial, con sus conflictos, su ley de deslinde y su tribunal mixto. Quien quiera saber lo que cuesta el argumento comunitarista tiene dieciséis años de jurisprudencia donde mirar.