Hambre como fracaso político
También llamado: enfoque por los derechos de acceso, entitlement approach, hambruna y democracia
Tesis según la cual las hambrunas no resultan de una falta absoluta de comida sino del hundimiento de los medios de que ciertos grupos disponen para acceder a ella. Hace del hambre un hecho político, y por tanto imputable.
Lo que la tesis impugna
La explicación que viene a reemplazar parece evidente, y por eso reinó mucho tiempo. Atribuye la hambruna a una caída de la cantidad de comida disponible, debida a una mala cosecha, a una sequía, a una invasión de langostas o a una guerra. La población sobrepasa los recursos, y la mortalidad restablece el equilibrio. Thomas Malthus había dado a comienzos del siglo XIX la versión más influyente, y la mayoría de las administraciones coloniales razonaban todavía en ese marco en el siglo XX.
Amartya Sen la puso en falta por el examen de los datos. En un ensayo publicado en 1981 sobre la pobreza y las hambrunas, retoma varias grandes hambrunas del siglo XX y compara, año por año, las disponibilidades alimentarias y la mortalidad. El resultado es contraintuitivo: en varios casos, la hambruna sobreviene cuando la comida disponible por habitante no es significativamente inferior a la de años ordinarios, y ocurre incluso que la región exporte víveres mientras sus habitantes mueren.
El mecanismo: los derechos de acceso
Para dar cuenta de esa paradoja, Sen introduce la noción de derecho de acceso, que llama entitlement. Cada uno dispone de un conjunto de medios legítimos de obtener bienes: lo que produce él mismo, lo que puede comprar con su ingreso, lo que puede obtener intercambiando su fuerza de trabajo o sus animales, lo que el Estado o la costumbre le garantiza. La hambruna sobreviene cuando ese conjunto se hunde para un grupo dado, cualquiera que sea la cantidad de comida presente en el país.
Las vías de ese hundimiento son múltiples. El jornalero agrícola pierde su empleo porque la cosecha ha sido mala, y su ingreso desaparece antes de que el precio del grano aumente. El ganadero ve hundirse el precio de sus bestias mientras el del grano sube, y los términos del intercambio que lo hacían vivir se vuelven contra él. El artesano rural ve a su clientela dejar de comprar. La inflación urbana, alimentada por un esfuerzo de guerra, pone la comida fuera del alcance de los jornaleros de una región vecina. En cada caso, el grupo que muere es identificable por su lugar en la división del trabajo, y la hambruna es selectiva: golpea oficios antes de golpear territorios.
La hambruna de Bengala de 1943, durante la cual Sen era niño, es su caso más desarrollado. La producción arrocera del año no había sufrido una caída catastrófica, pero la economía de guerra, las compras públicas, la inflación, la especulación, la prohibición del comercio entre provincias y la negativa de las autoridades británicas a declarar oficialmente la hambruna concurrieron a poner el arroz fuera del alcance de los trabajadores rurales. Hubo, según las estimaciones, entre uno y tres millones de muertos.
La vertiente propiamente política
La tesis de los derechos de acceso es económica. Sen le añadió una proposición política más llamativa aún, que desarrolló en sus trabajos posteriores y en particular en sus escritos sobre el desarrollo como libertad: ninguna hambruna de gran amplitud se ha producido nunca en un país independiente, democrático y dotado de una prensa relativamente libre.
El argumento no es que las democracias sean más ricas o mejor administradas, sino que son castigables. Un gobierno que debe presentarse ante electores y afrontar periódicos no puede dejar morir de hambre a una parte de su población sin pagar el precio. La hambruna se vuelve entonces una información que circula, un escándalo, un riesgo electoral, y las medidas de socorro se toman. A la inversa, un régimen sin oposición ni prensa puede ignorar durante años las consecuencias de una política, y la censura que lo protege lo priva al mismo tiempo de las informaciones que le permitirían corregirse. Sen y Jean Drèze han analizado en ese sentido la hambruna china del Gran Salto Adelante, al final de los años cincuenta, donde la ausencia de todo retorno crítico permitió que políticas desastrosas continuaran.
Hay que notar el alcance de ese razonamiento. No hace de la democracia un valor que haya que defender por sí mismo, hace de ella un dispositivo de información y de sanción que produce efectos medibles sobre la supervivencia de las personas. Es uno de los argumentos más citados en favor de las libertades políticas, y uno de los pocos que es enteramente instrumental.
Los años del hambre en España
El caso europeo que mejor se presta a esta página está en lengua española, y se lo nombra con una expresión que los historiadores han hecho suya: los años del hambre.
Los hechos administrativos son claros. El racionamiento se impuso por orden del Ministerio de Industria y Comercio del 14 de mayo de 1939, apenas acabada la guerra civil, y las cartillas de racionamiento se volvieron el símbolo del período. Al lado del circuito oficial funcionó el estraperlo, es decir el mercado negro, por el cual pasaba una parte de los alimentos a precios que una buena parte de la población no podía pagar. El discurso oficial atribuía la escasez a factores climáticos y al aislamiento internacional, es decir a la disponibilidad; los trabajos de historia económica la atribuyen en gran parte a la política autárquica misma, a los precios fijados, a las entregas obligatorias y al circuito paralelo que todo eso alimentaba.
La estructura es la que esta página describe. No se discute aquí que las cosechas de aquellos años fueran malas, ni que el país estuviera aislado: se observa que la pregunta decisiva no era cuánto trigo había sino quién podía comprarlo, y que la respuesta depende de reglas que un gobierno fija y puede cambiar. Se observa además que el segundo argumento de Sen, el de la prensa y la sanción electoral, encuentra aquí su caso de signo contrario: durante más de una década no había en España elecciones disputadas ni prensa libre, el discurso oficial sobre las causas no fue públicamente contradicho, y la situación duró.
Tres precauciones, porque el expediente está abierto.
La primera es la cronología. Las propuestas no coinciden: unos historiadores sitúan el fenómeno entre 1939 y 1942 con un repunte en 1946, otros lo extienden hasta comienzos de los años cincuenta, y los trabajos recientes subrayan que no hubo en todo ese período ni escasez extrema continua ni mortalidad elevada constante.
La segunda es el número. Una publicación oficial española calcula en doscientas mil las muertes de los años posteriores a la guerra civil, y hay que tomarlo por lo que es, una estimación entre varias, cuya metodología esta página no ha verificado.
La tercera es la palabra. Los especialistas discuten si conviene llamar hambruna a lo que ocurrió en España, o si se trata de una escasez prolongada con picos de mortalidad, que no es lo mismo. Esta página no lo decide. Señala que el mecanismo de los derechos de acceso describe el caso y que el caso no es exótico ni lejano, lo que vale para quien sospeche que la tesis solo sirve para otros continentes.
Las consecuencias morales
Si el hambre resulta de un ordenamiento humano, entonces compromete responsabilidades, y se plantea la cuestión de saber cuáles y ante quién. Tres líneas de reflexión se han desarrollado.
La primera versa sobre los deberes de los gobiernos. Socorrer deja de ser una obra de caridad para volverse una obligación ligada a la función, y la falta de socorro se vuelve imputable.
La segunda versa sobre los deberes de los particulares y de los Estados ricos. Peter Singer había sostenido ya en 1972, en un artículo dedicado a la hambruna y la abundancia, que la proximidad geográfica no hace ninguna diferencia moral y que estamos obligados a prevenir un mal grave cuando podemos hacerlo sin sacrificar algo de importancia comparable. Esa tesis es independiente del análisis de Sen, pero recibe de él un apoyo: si es cierto que las hambrunas son evitables por medios conocidos, la excusa de la impotencia cae.
La tercera versa sobre la justicia institucional. Si reglas de intercambio, de propiedad y de comercio producen regularmente hundimientos de derechos de acceso, son esas reglas las que hay que juzgar, y no solamente los socorros que hay que aportar en la urgencia. Onora O'Neill ha desarrollado esa línea sosteniendo que las obligaciones de justicia recaen primero sobre las instituciones. Es también por ahí por donde la cuestión se junta con el enfoque por las capacidades: lo que cuenta no es la cantidad de bienes disponibles sino lo que las personas están realmente en condiciones de hacer y de ser, y el desarrollo humano se mide por eso. Martha Nussbaum ha prolongado esa perspectiva insistiendo en el carácter no negociable de ciertos umbrales, entre ellos la nutrición.
Objeciones y discusiones
La tesis está hoy ampliamente recibida, lo que no significa que no se la discuta. Cuatro objeciones merecen conocerse.
La primera es empírica y versa sobre los datos de Bengala. Peter Bowbrick sostuvo que las cifras de producción empleadas por Sen eran poco fiables y que la disponibilidad alimentaria sí había caído, en particular por una enfermedad del arroz. Otros trabajos han reevaluado desde entonces la amplitud de la mala cosecha. La discusión no está resuelta para ese caso particular, y la mayoría de los especialistas considera que afecta a la dosificación de las causas más que al principio del análisis: incluso con una caída de producción, el reparto explica quién muere.
La segunda versa sobre la noción misma de derecho de acceso. Amrita Rangasami hizo valer que describe un acontecimiento allí donde habría que describir un proceso: la hambruna es el desenlace de un empobrecimiento largo, durante el cual unos grupos son progresivamente desposeídos en provecho de otros, y concentrarse en el momento de la crisis enmascara esa transferencia. La objeción desplaza la atención de la mortalidad hacia la pauperización.
La tercera versa sobre el carácter económico de la explicación. Alex de Waal reprochó al enfoque descuidar lo que las poblaciones mismas consideran una hambruna, que no es solamente la muerte sino la destrucción de un modo de vida, y conceder demasiado poco lugar a la violencia deliberada. Propuso pensar en términos de contrato político contra el hambre, es decir de obligación políticamente impuesta a los gobernantes por quienes son sus víctimas potenciales.
La cuarta versa sobre la proposición democrática. Se ha objetado que la India independiente y democrática ha conocido una malnutrición crónica masiva, y que hambrunas localizadas han golpeado grupos marginados sin consecuencia electoral. Sen lo admite y distingue la hambruna aguda, que es visible y políticamente costosa, del hambre endémica, que no lo es. La distinción salva la proposición inicial y limita considerablemente su alcance consolador: un régimen puede estar a salvo de las hambrunas y dejar a una parte de su población subalimentada de manera permanente.
Hay que mencionar por fin un fenómeno que el análisis inicial trataba poco y que domina hoy: las hambrunas contemporáneas están muy mayoritariamente ligadas a los conflictos armados y al bloqueo deliberado de la ayuda. La hambruna provocada como método de guerra ha quedado inscrita en el derecho penal internacional, lo que es un reconocimiento jurídico de la tesis general: si el hambre puede ser un crimen, es que no es un accidente.