Principio de diferencia
También llamado: segundo principio de justicia, maximin rawlsiano
Regla por la cual Rawls solo admite las desigualdades económicas y sociales si benefician lo más posible a los miembros más desfavorecidos de la sociedad, una vez garantizadas las libertades básicas y la igualdad equitativa de oportunidades.
El enunciado y su lugar en el orden de los principios
Rawls ordena sus principios de manera estricta. Viene primero la igualdad de las libertades básicas, que no puede cambiarse por ninguna ventaja material. Viene después la igualdad equitativa de oportunidades, que exige que las posiciones sean realmente accesibles y no solo abiertas en derecho. El principio de diferencia solo se aplica una vez satisfechas esas dos exigencias. Esa prioridad léxica tiene una consecuencia práctica neta: no se puede justificar una restricción de las libertades ni una desigualdad de acceso a los cargos invocando lo que ello reportaría a los más pobres.
La formulación completa añade una cláusula de ahorro justo, destinada a repartir el esfuerzo entre las generaciones: la generación presente no puede mejorar la suerte de sus más desfavorecidos dejando a las siguientes un capital empobrecido.
El argumento: lo arbitrario de los puntos de partida
Rawls llega al principio examinando tres respuestas posibles a la cuestión de las desigualdades.
El sistema de la libertad natural deja jugar la competencia en un mercado formalmente abierto a todos. Es inaceptable porque deja que las posiciones sociales dependan de circunstancias de las que nadie es responsable.
La igualdad liberal corrige eso mediante la igualdad de oportunidades, neutralizando los efectos del nacimiento social. Sigue siendo insuficiente, según Rawls, pues deja intacta otra lotería: la distribución de los talentos naturales. Ahora bien, nadie merece sus dones, como tampoco su medio de origen. El reparto de las aptitudes no es en sí mismo ni justo ni injusto, es simplemente un hecho; lo que puede ser justo o injusto es el uso que las instituciones hacen de él.
Queda la igualdad democrática, que añade el principio de diferencia. La idea directriz es que los talentos individuales, cuyo valor depende por lo demás en gran medida de la cooperación social que los hace útiles, deben funcionar como un bien común: quien ha recibido más puede sacar ventaja de ello, a condición de que esa ventaja sirva también a quienes han recibido menos.
Ese razonamiento explica por qué el principio tolera los incentivos. Si una remuneración más alta lleva a un médico a ejercer en una zona mal atendida, y si los más desfavorecidos ganan con ello acceso a la atención, la desigualdad es admisible. El criterio no es la diferencia, sino su efecto sobre la parte baja de la distribución.
El vínculo con la posición original
Rawls no presenta el principio como una intuición sino como el resultado de una elección. Personas situadas en la posición original, que ignoran el lugar que ocuparán, razonarían según él por maximin: examinarían la peor suerte que cada arreglo reserva y escogerían aquel cuya peor suerte es la menos mala. Como no saben si serán el médico o el paciente desprovisto, no tienen razón alguna para apostar por lo alto de la escala.
Dos hipótesis técnicas acompañan ese argumento. La conexión en cadena supone que lo que mejora la posición más baja mejora también las intermedias; la cohesión supone que no se puede hacer variar una posición sin afectar a las otras. Rawls las admite para las sociedades que considera, y varias críticas han recaído precisamente sobre ese punto.
Las objeciones de derecha
Robert Nozick formuló la objeción más citada. Juzgar una distribución por su perfil, con independencia del modo en que se ha formado, equivale según él a tratar las riquezas como un maná caído del cielo que restaría repartir. Pero las producen personas y se transfieren por acuerdos. Si cada transferencia es legítima, el resultado también lo es, sea cual sea su forma. Su ejemplo del jugador de baloncesto al que millones de espectadores eligen libremente remunerar pretende mostrar que un reparto perfectamente justo al principio puede volverse muy desigual por el solo ejercicio de libertades que nadie discutiría.
Los defensores del principio responden que la noción de transferencia legítima presupone ya un sistema de derechos de propiedad, que es una institución social, es decir, precisamente aquello sobre lo que la justicia debe decidir. El desacuerdo versa así menos sobre las distribuciones que sobre qué viene lógicamente antes.
Las objeciones de izquierda
La crítica más ceñida vino de un igualitarista. Gerald Allan Cohen sostuvo que el argumento de los incentivos es moralmente inestable: supone que los más talentosos solo consentirán en ser productivos a cambio de una remuneración elevada, y trata esa exigencia como un dato de hecho. Ahora bien, si se toma en serio el espíritu igualitario que Rawls invoca, esa exigencia es ella misma criticable, y una sociedad verdaderamente justa estaría poblada de personas que no necesitarían que se les pagase más para hacer lo que beneficia a los más débiles. El principio de diferencia, según esa lectura, legitima una actitud que debería impugnar.
Otras críticas igualitaristas reprochan al principio mirar solo la suerte del grupo más bajo y ser indiferente a lo que ocurre por encima, o no distinguir las desigualdades debidas a elecciones de las debidas a circunstancias padecidas, distinción central en lo que se ha llamado igualitarismo de la suerte.
Las objeciones sobre la medida
Amartya Sen desplazó el problema. Supongamos que se mejoran los ingresos y los bienes primarios de los más desfavorecidos: eso no dice qué pueden hacer realmente esas personas con tales recursos. Una persona con discapacidad necesita más medios para alcanzar el mismo nivel de libertad efectiva. El criterio pertinente sería entonces el de las capacidades, es decir, las posibilidades reales de obrar y de ser, y no el índice de bienes primarios. Esa objeción dio origen a todo un campo de investigación en filosofía y en economía del desarrollo.
Una dificultad vecina es práctica: ¿quiénes son los más desfavorecidos? Rawls razona sobre posiciones sociales representativas, pero la identificación de la posición más baja, la elección de los indicadores y el tratamiento de quienes acumulan desventajas de naturaleza distinta plantean problemas que el principio no resuelve por sí solo.
La cuestión de la escala
Un último debate versa sobre el perímetro de aplicación. El principio vale, en Rawls, dentro de una sociedad considerada como un sistema de cooperación relativamente cerrado. En El derecho de gentes, en 1999, se niega a extenderlo a las relaciones internacionales y se atiene a un deber de asistencia hacia las sociedades agobiadas. Thomas Pogge y varios teóricos de la justicia global han juzgado incoherente esa limitación: si las desigualdades de nacimiento son arbitrarias dentro de un país, no se ve por qué el lugar de nacimiento dejaría de serlo al cruzar una frontera. Los defensores de Rawls objetan que la cooperación mundial no tiene la densidad institucional que hace aplicable el principio.
La sala de máquinas
Hay una dificultad distinta de la de la escala, y la ha formulado un jurista argentino a propósito de su propia región.
Roberto Gargarella publica en 2014 La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010). Su tesis es que las constituciones latinoamericanas han ensanchado una y otra vez su declaración de derechos, incorporando derechos sociales a veces muy generosos, sin tocar lo que él llama la sala de máquinas: la organización del poder, el reparto de competencias, los mecanismos de decisión heredados del siglo XIX. Los derechos sociales entraron, escribe, por un salón lateral, sin llegar a las palancas del mando.
El interés de esta observación para el principio de diferencia es directo, y conviene formularlo con cuidado. Rawls insiste en que sus principios se aplican a la estructura básica y no a las transacciones individuales; esta ficha lo ha dicho dos veces, al descartar los contrasentidos y al explicar que lo justo o injusto es el uso que las instituciones hacen de la lotería natural. La objeción de Gargarella muestra el precio de esa insistencia. Una estructura básica no se cambia proclamando: se cambia en la sala de máquinas, y es exactamente la pieza que las reformas dejan intacta. Un ordenamiento puede inscribir en su primer artículo que las desigualdades deben beneficiar a los más pobres y no disponer de ningún órgano capaz de hacerlo valer.
Conviene decir lo que esto no establece, y son tres cosas.
Gargarella no escribe sobre Rawls. Su objeto es el constitucionalismo latinoamericano, y la conexión con el principio de diferencia la establece esta ficha, no él. Decirlo evita atribuirle una tesis que no ha sostenido.
Esto no muestra que el principio sea vacío. Un criterio que no se ejecuta solo no es por ello falso, y el propio Rawls distingue los principios de justicia de las instituciones que los realizan. Lo que el caso muestra es que esa distinción tiene un coste y que se paga del lado institucional.
Y la tesis se discute. Alguna reseña juzga pobremente sostenida la hipótesis central del libro, y el propio Gargarella señala excepciones, como la creación de la sala constitucional de Costa Rica en 1989 y la de la Corte Constitucional colombiana en 1991.
Lo que el principio ha cambiado
Al margen de esas disputas, el principio de diferencia ha proporcionado un criterio raro: permite discutir una política pública preguntando no si reduce las diferencias, ni si aumenta la riqueza total, sino qué hace a quienes están peor situados. Ese desplazamiento de la pregunta se encuentra mucho más allá del rawlsismo, en los debates sobre el impuesto, sobre la escuela, sobre la sanidad y sobre la transición ecológica. Se puede tener el maximin por demasiado prudente o por no bastante exigente; queda que en él una desigualdad se trata como algo que debe justificarse, y no como algo que se da por sentado.