Constitucionalismo
Doctrina que exige a la vez que el poder venga del pueblo y que esté limitado, incluso contra lo que el pueblo quiera en un momento dado.
Las raíces antiguas
Aristóteles proporciona el punto de partida al distinguir el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, y al sostener que el orden constitucional de una ciudad, su politeia, importa más que la identidad de quienes lo ocupan. En Roma, el historiador Polibio analiza la constitución romana como una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia cuyo equilibrio hace la solidez, idea que Cicerón retoma y transmite.
Hay que guardarse de un anacronismo: ni la ciudad griega ni la república romana conocen un texto fundamental superior a las leyes ordinarias, ni un órgano encargado de controlar su respeto. Lo que legan es una idea, la del equilibrio, no un dispositivo.
La Edad Media y los límites del rey
La Edad Media occidental aporta una contribución descuidada a menudo: la idea de que el rey está bajo la ley. Los juristas ingleses formulan que la ley hace al rey, y la Carta Magna de 1215 instituye garantías arrancadas a un soberano por sus barones. La práctica de los juramentos de coronación, las costumbres de las asambleas de estamentos y las discusiones conciliares sobre la superioridad del concilio sobre el papa construyen un repertorio de argumentos sobre la autoridad limitada. Marsilio de Padua, en el siglo XIV, saca de ese fondo una teoría del origen popular de la autoridad legislativa que anuncia debates muy posteriores.
La edad clásica
El constitucionalismo moderno se forma contra el absolutismo, y Hobbes es su adversario decisivo: si el soberano está limitado por una instancia que puede juzgarlo, es esa instancia la que es soberana, y la limitación reconduce la guerra civil. Toda la tradición constitucionalista debe responder a esa objeción, que es temible.
John Locke responde al sostener que el poder legislativo es él mismo un poder fiduciario, confiado bajo condición, y que sigue sometido a la ley natural. El pueblo conserva por tanto un derecho de resistencia. Montesquieu aporta la otra pieza maestra al formular que, para que no se pueda abusar del poder, hace falta que el poder detenga al poder: la separación de poderes no es un reparto administrativo, es una disposición de resistencias recíprocas.
La invención americana
Es en los Estados Unidos donde la doctrina se vuelve un dispositivo. La constitución de 1787 es un texto escrito, adoptado por convenciones distintas del legislador ordinario, y más difícil de revisar que las leyes. Los autores de El Federalista, Madison en particular, teorizan la ambición que contraría la ambición y el reparto vertical entre los estados y la Unión.
La innovación más grave en consecuencias no está sin embargo en el texto: es el control de constitucionalidad por los jueces, afirmado por la Corte Suprema en 1803 en la sentencia Marbury contra Madison. Desde entonces un tribunal puede descartar una ley votada. Tocqueville, al observar esa práctica, mide que coloca a los juristas en el centro de la vida política norteamericana.
La vía francesa y el poder constituyente
La Revolución francesa aporta una distinción que se ha vuelto central, la del poder constituyente y los poderes constituidos, formulada por Sieyès. La nación posee un poder de hacer la constitución que ninguna constitución podría ligar. Esa tesis es de doble filo: funda la legitimidad democrática del texto fundamental y proporciona el argumento de quienes quieren deshacerlo.
Francia rechazó por otra parte durante mucho tiempo el control de constitucionalidad, en nombre de la soberanía de la ley como expresión de la voluntad general. La institución de un juez constitucional es allí tardía, y su extensión a los derechos fundamentales más tardía aún, lo que muestra que el constitucionalismo escrito y el constitucionalismo garantizado son dos cosas.
Kant da por su lado al proyecto su formulación filosófica más pura: una constitución republicana es la que hace compatibles las libertades de cada uno según una ley universal, y es la única forma en que el derecho puede ser otra cosa que una relación de fuerzas.
Los siglos XIX y XX
El pensamiento liberal del siglo XIX, en Benjamin Constant y después en John Stuart Mill, insiste en un punto que la Revolución había descuidado: un poder puede ser democrático y opresivo. De ahí la idea de garantías oponibles a la mayoría misma, y la crítica de la tiranía de la mayoría.
En el siglo XX, dos posiciones se enfrentan de lleno.
Hans Kelsen concibe la constitución como la norma superior de una jerarquía de normas y propone, para garantizar su respeto, un tribunal especializado, dispositivo que contribuye a instalar en Austria a comienzos de los años veinte. El control se vuelve así una cuestión técnica de validez antes que un juicio político.
Carl Schmitt objeta que esa construcción oculta lo esencial. Toda constitución descansa en una decisión política previa, que ninguna norma funda, y el soberano es quien decide sobre la excepción. Confiar la guarda de la constitución a los jueces equivale según él a politizar la justicia sin despolitizar la política. Esa crítica es tanto más importante porque viene de un autor cuyo compromiso posterior con el régimen nazi obliga a leerla con una vigilancia particular. No está por ello refutada, y los constitucionalistas siguen midiéndose con ella.
La posguerra zanja en favor de Kelsen. Las constituciones alemana e italiana instalan tribunales poderosos, inscriben derechos fundamentales y ponen ciertos principios fuera del alcance de la revisión. La dignidad humana se vuelve un principio jurídico operante. Ese modelo se difunde ampliamente después de 1989.
Los debates contemporáneos
La dificultad contramayoritaria. Si un tribunal no elegido puede anular una ley votada, ¿dónde está la democracia? Es la objeción más discutida desde los trabajos de Alexander Bickel. Las respuestas son numerosas: el juez protege las condiciones de la democracia antes que sustituirse a ella; protege a las minorías que la mayoría descuida; no tiene la última palabra puesto que la constitución puede revisarse. Ninguna cierra el debate, y hay autores que defienden un constitucionalismo político donde el control queda en el parlamento.
El constitucionalismo y la justicia. John Rawls distingue los elementos constitucionales esenciales, que deben ser objeto de un acuerdo entre ciudadanos con concepciones divergentes del bien, y las cuestiones ordinarias de política. Jürgen Habermas sostiene por su lado que el Estado de derecho y la democracia no están en tensión sino que son cooriginarios, pues los derechos son las condiciones de una deliberación de la que son también el producto.
La variante económica. Friedrich Hayek propone un constitucionalismo que limita no solo los procedimientos sino el dominio mismo de la decisión colectiva, para proteger un orden de reglas generales contra las intervenciones discrecionales. Los críticos ven ahí un intento de sustraer las elecciones económicas a la deliberación democrática.
Los usos abusivos. Desde los años 2010, los juristas analizan una práctica inquietante: el uso de los procedimientos constitucionales mismos, revisiones, nombramientos y reformas judiciales, para desmontar los límites al poder sin salir nunca de la legalidad. El constitucionalismo descubre así que puede volverse contra sí mismo, lo que devuelve a la objeción de Schmitt bajo una forma nueva.
Más allá del Estado. La existencia de órdenes jurídicos supranacionales, el de la Unión Europea entre ellos, plantea la cuestión de un constitucionalismo sin pueblo constituyente. Las posiciones van del entusiasmo por un derecho cosmopolítico al rechazo a llamar constitución a lo que no se respalda en una comunidad política.
Lo que hay que retener
El constitucionalismo sostiene juntas dos exigencias que no se dan por sentadas: que el poder venga del pueblo y que esté limitado, incluso contra lo que el pueblo quisiera en un momento dado. Esa tensión no es un defecto de construcción, es su objeto mismo. Los debates contemporáneos sobre la independencia de los jueces, la revisión de las constituciones y los derechos fundamentales son todos maneras de volverla a jugar.
En México el amparo protege al quejoso sin tocar la ley
La dificultad contramayoritaria recibió en castellano una respuesta que no figura en la lista anterior, y es anterior al planteamiento de Bickel en más de un siglo.
El juicio de amparo nace en Yucatán. El artículo 62 de la Constitución yucateca de 1841 establece por primera vez sus bases; el proyecto lleva fecha del 23 de diciembre de 1840 y se atribuye a los diputados Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Rejón, Cardoso y Zubieta, y algunas fuentes datan el texto directamente en 1840. Mariano Otero lo lleva al orden federal en su voto particular, aceptado en parte en el Acta de Reformas de 1847, cuyo artículo 25 es la referencia habitual.
Lo que se llama fórmula Otero es el principio de relatividad de las sentencias. El tribunal que da la razón al quejoso no declara nada sobre la ley: la ampara a él y solo a él, con efectos entre las partes y no generales. La ley sigue en vigor para todos los demás.
El nombre de la fórmula está discutido entre los juristas mexicanos. Rejón había empleado en el texto yucateco una expresión de significado equivalente, de modo que llamarla fórmula Otero sugiere una filiación que va al revés de las fechas. Las dos versiones tampoco cubrían lo mismo: la de Otero protegía algunos derechos fundamentales de la constitución federal, la de Rejón protegía más derechos, pero establecidos en una carta local.
El dispositivo se consolida con la Constitución de 1857 y se exporta después a buena parte de América Latina. Y acaba de cambiar de principio: una reforma reciente ha introducido la declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir exactamente lo que la fórmula Otero excluía. Ciento setenta años después, el derecho mexicano ha vuelto a elegir la solución de Marbury contra Madison.