Ilustración: Tiranía de la mayoría
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Tiranía de la mayoría

También llamado: tiranía de la opinión, objeción contramayoritaria

Política 8 min de lectura

Opresión que un régimen democrático puede ejercer sobre una minoría por el funcionamiento mismo de sus reglas. Toma tres formas: jurídica, institucional y social.

Lo que el concepto recubre

Se pueden distinguir tres formas, confundidas a menudo.

La primera es jurídica. La mayoría vota leyes que privan a una minoría de sus derechos. La regla democrática se respeta pero el resultado es una opresión.

La segunda es institucional. El mismo grupo controla a la vez el poder legislativo, el ejecutivo y la administración, de modo que no subsiste ningún contrapeso. La minoría ya no dispone de recurso alguno.

La tercera es social y es la más sutil. No pasa ni por la ley ni por las instituciones sino por la opinión. Sin que se pronuncie ninguna sanción, quien piensa de otro modo se encuentra aislado, desalentado y privado de auditorio. Es esa tercera forma la que más ha interesado a los filósofos.

Los antecedentes

El problema es antiguo. La democracia ateniense ofrecía ya el ejemplo, retenido por toda la tradición, de una asamblea que condena a Sócrates a muerte según las formas regulares. Platón saca de ello una desconfianza duradera hacia el gobierno del número. Aristóteles, más medido, distingue los regímenes que gobiernan en el interés común de los que gobiernan en el interés de una parte, y ordena en esa segunda categoría una democracia donde los pobres despojaran a los ricos.

En la edad moderna la cuestión resurge con las revoluciones. Los redactores de la Constitución norteamericana se inquietan por las facciones y buscan, con el federalismo y la separación de poderes, impedir que una mayoría duradera se apodere de todo. El problema se plantea entonces en términos de ingeniería constitucional.

La formulación de Tocqueville

Es Alexis de Tocqueville quien da al concepto su forma clásica, en el primer volumen de La democracia en América, publicado en 1835.

Su análisis parte de una constatación. En los Estados Unidos todo procede de la mayoría: el legislador, el ejecutivo, los jueces elegidos en algunos estados y la prensa misma. No existe por tanto, contra ella, ningún punto de apoyo. Tocqueville añade una observación moral: en una sociedad donde los hombres se creen iguales, nadie se reconoce una autoridad superior a la del gran número, de modo que la opinión común adquiere un imperio casi irresistible sobre los espíritus.

Su conclusión es célebre y severa. No es la violencia lo que teme sino el silencio. La mayoría deja decir, no encarcela; pero quien se aparta de ella se encuentra solo, sin carrera, sin lectores y sin influencia. Allí donde los antiguos despotismos alcanzaban los cuerpos, la mayoría democrática alcanza las almas.

Tocqueville no se detiene en el diagnóstico. Consagra un capítulo entero a las causas que templan esa omnipotencia: la ausencia de centralización administrativa, el espíritu legista y el papel de los jueces, la vitalidad del municipio y la multiplicación de las asociaciones. No encontrará por tanto en él una condena de la democracia sino una reflexión sobre sus condiciones de supervivencia.

Mill y la tiranía de la opinión

John Stuart Mill lee a Tocqueville en cuanto aparece y le consagra dos reseñas. Retoma el concepto en Sobre la libertad, publicado en 1859, y lo desplaza netamente hacia su forma social.

Mill sostiene que la protección contra el magistrado no basta y que hay que prevenirse contra la tiranía de la opinión dominante, que penetra mucho más profundamente en la vida que la ley, porque modela los caracteres y prohíbe la formación de individualidades originales. De ahí saca su principio de libertad: la única razón legítima para ejercer una coacción sobre un miembro de la sociedad es impedir que dañe a otro.

Mill añade un argumento específico en favor de las opiniones minoritarias. Reducir al silencio una opinión, dice, equivale a suponer que uno es infalible. Si la opinión ahogada es verdadera, se priva uno de la verdad; si es falsa, se priva de comprenderla mejor por la confrontación. La libertad de discusión no es por tanto una tolerancia concedida sino una condición del conocimiento.

Las respuestas institucionales

El concepto ha alimentado toda una reflexión sobre los contrapesos.

La primera respuesta es la constitucionalización de los derechos fundamentales, que sustrae ciertas materias al voto ordinario. La segunda es el control de constitucionalidad, confiado a jueces no elegidos, que puede anular una ley votada por una mayoría. La tercera es la separación de poderes, que multiplica los puntos de bloqueo. La cuarta es el federalismo y la descentralización, que hacen que una mayoría nacional no sea mayoritaria en todas partes. La quinta es la protección explícita de ciertos grupos, por derechos lingüísticos, religiosos o por mecanismos de representación.

Algunos dispositivos más técnicos persiguen el mismo fin: las mayorías cualificadas, los sistemas electorales proporcionales y las segundas cámaras de composición distinta.

Las controversias

Esas respuestas no escapan a la crítica y el debate sigue vivo.

La primera objeción es democrática. Confiar a jueces no elegidos el poder de anular una ley votada equivale, dicen algunos, a sustituir la tiranía de la mayoría por la de una minoría de magistrados. La dificultad, llamada a menudo objeción contramayoritaria, ocupa una parte importante de la filosofía del derecho contemporánea.

La segunda objeción versa sobre la definición de las minorías. ¿Merece protección toda minoría? ¿Una minoría que reclama el derecho de oprimir a otra pertenece al mismo tratamiento que una minoría perseguida? El concepto, empleado sin discernimiento, puede servir para descalificar cualquier decisión mayoritaria que desagrade.

La tercera objeción viene del campo opuesto. Algunos sostienen que la acumulación de contrapesos acaba por paralizar la acción pública y por volver imposible el cambio, lo que alimenta a su vez la desconfianza hacia la democracia representativa.

Una cuarta discusión, más reciente, versa sobre las formas contemporáneas de la tiranía de la opinión. Los debates sobre las redes sociales, sobre los fenómenos de acoso colectivo y sobre la autocensura convocan con regularidad a Tocqueville y a Mill. Unos ven en ello la confirmación de sus análisis, otros subrayan que la fragmentación actual de los públicos vuelve precisamente difícil la existencia de una opinión mayoritaria única.

Cómo se distingue el concepto de sus vecinos

Es útil no confundirlo con nociones vecinas. El despotismo clásico designa el poder arbitrario de uno solo, sin leyes. El totalitarismo designa un régimen que pretende transformar al hombre y que moviliza el terror. La tiranía de la mayoría no exige ni arbitrariedad ni terror: procede de reglas regulares, y eso es lo que la vuelve difícil de combatir.

Se distingue también del populismo, término contemporáneo y fuertemente polémico, que designa un estilo político antes que una estructura de poder.

Para retener

  • El número no basta para volver justa una decisión: una mayoría puede

oprimir.

  • El concepto toma tres formas, jurídica, institucional y social.
  • Tocqueville le da su formulación clásica e insiste en la presión de la

opinión.

  • Mill deduce de ello un principio de libertad y una defensa de la

discusión contradictoria.

  • Los contrapesos institucionales suscitan a su vez la objeción

contramayoritaria.

El amparo mexicano responde sin anular la ley

La lista de respuestas institucionales deja fuera una solución que la lengua castellana practica desde el siglo XIX, y que responde además a la primera controversia.

El juicio de amparo nació en Yucatán y pasó al orden federal con el voto particular de Mariano Otero, aceptado en parte en el Acta de Reformas de

  1. Lo que se llama fórmula Otero es el principio de relatividad de

las sentencias: el tribunal que da la razón al quejoso no declara nada sobre la ley, lo ampara a él y solo a él, con efectos entre las partes y no generales.

El precio está en el otro platillo, y la entrada del constitucionalismo lo expone: una ley inaplicable a quien reclamó sigue aplicándose a quien no tuvo abogado, de modo que la protección se reparte según el acceso al tribunal. Una reforma reciente ha introducido en México la declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir el poder de anular que la fórmula Otero excluía.

El caso merece figurar aquí porque muestra que las cinco respuestas de la sección anterior no agotan el repertorio. Entre dejar la ley intacta y anularla hay una tercera posibilidad: dejarla en pie y sustraerle personas, una por una.

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Fuentes principales

Los trabajos siguientes son de referencia sobre este asunto. El contenido de esta ficha se ha contrastado con ellos después de su redacción, y sus autores se nombran por ese motivo.

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