Liberalismo clásico
Las doctrinas que hicieron de la libertad individual el principio de organización de la sociedad y de la limitación del poder la primera exigencia política.
La matriz de los derechos y del consentimiento
John Locke proporciona la armazón doctrinal. Los Dos tratados sobre el gobierno civil, publicados en 1689, establecen que los individuos poseen, con anterioridad a toda institución, derechos a la vida, a la libertad y a los bienes adquiridos por su trabajo. El gobierno no tiene otro fin que proteger esos derechos; recibe su legitimidad del consentimiento de los gobernados y la pierde si se vuelve contra ellos, lo que abre un derecho de resistencia.
Tres elementos de esa construcción pasarán a toda la tradición. Primero la primacía del individuo sobre la comunidad en el orden de la justificación. Después el carácter instrumental del Estado, que no es la realización de un bien común sustancial sino un dispositivo de protección. Y por último el estatuto central de la propiedad, tenida por una condición de la independencia personal y no por una simple ventaja material.
Montesquieu aporta en 1748, con Del espíritu de las leyes, el apartado institucional. Su tesis es que la libertad no resulta de la bondad de los gobernantes sino de la disposición de los poderes: hace falta que el poder detenga al poder, y por eso la función de hacer las leyes, la de ejecutarlas y la de juzgar deben estar separadas. El liberalismo clásico será indisociablemente una doctrina de los derechos y una ingeniería constitucional.
La Ilustración escocesa y el orden espontáneo
David Hume y Adam Smith desplazan la cuestión. No preguntan qué derechos poseen los individuos por naturaleza, sino cómo una sociedad numerosa puede mantenerse unida sin que nadie la dirija. Hume muestra que la justicia y la propiedad son convenciones útiles, nacidas de la experiencia y consolidadas por la costumbre, antes que verdades deducidas.
Smith publica en 1776 La riqueza de las naciones, que hace de la división del trabajo la fuente de la prosperidad y sostiene que la búsqueda por cada uno de su interés produce, en ciertas condiciones, un resultado colectivo que nadie había proyectado. El argumento se caricaturiza a menudo. Smith no afirma que el egoísmo sea virtuoso, dedica otra obra entera a los sentimientos morales, y enumera los casos en que el mercado falla: denuncia las coaliciones de mercaderes, defiende la instrucción pública y admite obras que lo privado no emprenderá. Hará bien en distinguir su doctrina de los usos polémicos que se reclaman de ella.
El momento liberal del siglo XIX
La Revolución francesa y sus secuelas desplazan lo que está en juego. Benjamin Constant formula el temor que se vuelve propio del liberalismo de ese siglo: ya no solamente la arbitrariedad de un príncipe, sino la tiranía ejercida en nombre del pueblo. Su distinción entre la libertad de los antiguos, participación en la decisión colectiva, y la de los modernos, disfrute garantizado de una esfera privada, estructurará las discusiones posteriores.
Tocqueville continúa en ese terreno. La democracia en América, aparecida en 1835 y 1840, sostiene que la igualdad de condiciones es irreversible y que lleva en sí dos peligros, la presión de la opinión mayoritaria sobre los espíritus y un poder administrativo suave que se hace cargo de los individuos hasta descargarlos de gobernarse. Su remedio no es la limitación del sufragio sino el vigor de las asociaciones, de las libertades locales y de la prensa.
John Stuart Mill ocupa una posición de gozne. Sobre la libertad, en 1859, da la formulación más neta del principio según el cual la sociedad solo puede coaccionar a un individuo para prevenir un daño a otro. Pero Mill es también aquel por quien la tradición empieza a dividirse: reconoce la amplitud de las desigualdades producidas por la industria, se interesa por las cooperativas y revisa sus posiciones sobre la propiedad. El liberalismo clásico encuentra en él su argumento más sólido y el comienzo de su superación.
En la vertiente económica, la escuela de Mánchester y los publicistas del libre comercio, entre ellos Frédéric Bastiat en Francia, hacen campaña contra los aranceles y contra la intervención del Estado, teniendo la libertad comercial por una condición de la paz entre las naciones.
La palabra nació en Cádiz
Esta página abre con una precaución de vocabulario, y conviene completarla con un hecho que la hace más precisa: el nombre político de la cosa se acuñó en castellano.
Entre 1810 y 1813, mientras los ejércitos de Napoleón ocupaban la península y el rey estaba cautivo en Francia, las Cortes reunidas en Cádiz redactaron una constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812. En esa cámara, los partidarios de la soberanía nacional, de la igualdad ante la ley, de la libertad de imprenta y de la supresión de los privilegios fueron llamados liberales, mientras sus adversarios recibían el apodo de serviles. La palabra, hasta entonces un adjetivo que calificaba una actitud generosa o un arte propio de hombre libre, se convirtió así en el nombre de un partido y de una doctrina, y pasó en pocos años al inglés, al francés y a las demás lenguas europeas con ese sentido nuevo.
El texto de 1812 es un documento notable por su contenido. Declara que la soberanía reside esencialmente en la Nación, establece una cámara única elegida por un sufragio amplio para la época, suprime el tormento, consagra la libertad de imprenta, y su influencia se extendió más allá de la península: fue adoptada o invocada en Nápoles y en Piamonte en 1820, en Portugal, y sirvió de referencia a los constituyentes de las nuevas repúblicas americanas.
Y contiene una disposición que conviene leer entera, porque dice algo sobre la tradición que esta página describe. Su artículo 12 establece que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, única verdadera, que la nación la protege con leyes sabias y justas, y que prohíbe el ejercicio de cualquier otra. El primer texto que se llamó a sí mismo liberal no contenía por tanto libertad de cultos, y no por descuido: los diputados que votaron la libertad de imprenta votaron también ese artículo, y varios de ellos eran eclesiásticos.
Conviene sacar de ahí la conclusión justa, que no es la de una hipocresía. Muestra que las libertades que la tradición reúne hoy en un solo paquete fueron reivindicadas una por una, en un orden que dependía de las circunstancias, y que la libertad de conciencia, que a los lectores de Locke parece el primer artículo del liberalismo, llegó en España más tarde que la libertad de comercio y que la de imprenta. El liberalismo clásico no es un bloque que se acepta o se rechaza: es una serie de conquistas que no se hicieron en el mismo orden en todas partes, y la historia de la palabra lo recuerda desde su origen.
Las tesis comunes
A pesar de desacuerdos considerables, pueden desprenderse cuatro tesis compartidas.
La primera es el individualismo metodológico y normativo: la explicación de los fenómenos sociales parte de los individuos, y es a ellos a quienes el juicio moral se dirige en último término.
La segunda es la limitación del poder, por la separación de las funciones, la primacía del derecho y la garantía de libertades sustraídas al voto.
La tercera es la defensa de la libertad política entendida en primer lugar de modo negativo, como ausencia de traba, formulación que Isaiah Berlin analizará en el siglo XX oponiéndola a una concepción positiva de la libertad como autogobierno.
La cuarta es la confianza concedida a la coordinación no planificada, se trate del mercado, de las convenciones jurídicas o de la libre discusión de las opiniones.
La crisis y la bifurcación
A finales del siglo XIX, el liberalismo se divide bajo la presión de la cuestión social. Una corriente que sus contemporáneos llaman nuevo liberalismo, representada en Gran Bretaña por Thomas Hill Green y después por Leonard Hobhouse, sostiene que una libertad puramente formal no vale nada para quien carece de instrucción, de salud o de recursos, y que el Estado debe proporcionar las condiciones del ejercicio efectivo de las libertades. Es el origen del liberalismo social, y después de los Estados de bienestar del siglo XX, y es también la razón por la que hubo que inventar la etiqueta de liberalismo clásico para designar aquello de lo que esa corriente se separaba.
La crítica exterior es más radical. Karl Marx sostiene que las libertades proclamadas enmascaran una relación de producción en la que la venta de la fuerza de trabajo no tiene de igualdad más que la forma, y que la propiedad garantizada por el derecho es el instrumento mismo de la dominación. Proudhon ataca por su parte la propiedad sin suscribir el estatismo. En el siglo XX, Karl Polanyi sostendrá en una obra de 1944 que el mercado autorregulador no es un orden natural sino una construcción política, cuya extensión produjo las reacciones autoritarias del periodo de entreguerras.
La renovación del siglo XX
Después de 1945, un conjunto de autores emprende reformular la tradición contra la planificación. Friedrich Hayek es su figura más discutida. Su argumento central no es moral sino epistémico: el conocimiento necesario para la coordinación económica está disperso entre millones de individuos y es en gran parte tácito, de modo que ninguna autoridad central puede disponer de él. Las instituciones que funcionan son las que han evolucionado sin haber sido concebidas, y el papel del derecho es proporcionar reglas generales antes que objetivos.
Esa versión se distingue con nitidez de Locke: no descansa en derechos naturales sino en una teoría de la ignorancia y de la evolución. Robert Nozick propone al contrario, en 1974, una reconstrucción fundada en derechos individuales tenidos por restricciones infranqueables, que conduce a un Estado mínimo. La corriente que se llama libertarismo sale de ahí, y hay que distinguirla del liberalismo clásico: los autores del siglo XVIII admitían funciones públicas que los libertarios impugnan.
La palabra neoliberalismo, por último, designa en el uso corriente las políticas de desregulación llevadas a cabo a partir de los años ochenta. Su empleo está discutido: quienes la usan ven en ella una descripción, aquellos a los que designa una etiqueta polémica, y los historiadores señalan que los autores así reunidos defendían posiciones a veces opuestas sobre el papel del Estado.
Controversias
¿Basta la libertad negativa?
Es la discrepancia principal. Los críticos sostienen que una libertad definida como ausencia de traba deja intactas las dependencias económicas, y que quien debe aceptar cualquier empleo para subsistir no es libre en sentido pleno. Los defensores responden que ampliar el concepto de libertad hasta incluir en él los medios de su ejercicio lleva a justificar en nombre de la libertad coacciones considerables, y que es más claro distinguir la libertad y los recursos. John Rawls propuso en el siglo XX una síntesis, dando la prioridad a las libertades fundamentales y subordinando al mismo tiempo las desigualdades a la mejora de la suerte de los más desfavorecidos; los herederos del liberalismo clásico le reprochan haber concedido demasiado, sus lectores de izquierda no haber concedido bastante.
¿Qué lugar para el Estado?
La tradición nunca fue unánime. Smith admitía la instrucción pública y las obras de interés general, Mill una fiscalidad redistributiva, Hayek una renta mínima garantizada. Oponer un liberalismo clásico hostil por principio a toda acción pública a un liberalismo social intervencionista simplifica posiciones que fueron todas cuestión de grado. El desacuerdo real versa sobre la forma de la intervención más que sobre su existencia: reglas generales y previsibles por un lado, persecución de objetivos sociales determinados por el otro.
Un universalismo con eclipses
Una crítica histórica se ha desarrollado desde hace varias décadas. Los grandes textos liberales proclaman derechos universales a la vez que coexisten con la esclavitud colonial, la exclusión política de las mujeres y la justificación de la dominación imperial. Locke mismo estuvo asociado a la administración colonial. Los lectores se dividen sobre la interpretación: algunos ven en ello una contradicción performativa que alcanza a la doctrina, otros un desajuste entre el principio y su aplicación, habiendo proporcionado el principio precisamente a los movimientos de emancipación posteriores los argumentos de su combate. El debate no está cerrado, e importa porque decide lo que todavía puede hacerse con esta herencia.