Liberalismo igualitario
Libertades fundamentales y reparto equitativo de los recursos no se oponen sino que se exigen mutuamente: el rechazo de la alternativa del siglo XX.
Una partida de nacimiento con fecha
Las corrientes filosóficas raramente tienen fecha de nacimiento. Esta la tiene: la publicación en 1971 de la Teoría de la justicia de John Rawls.
El contexto explica el acontecimiento. La filosofía política de lengua inglesa estaba entonces adormecida, ocupada sobre todo en el análisis del lenguaje político, y la única teoría normativa disponible era el utilitarismo, que justifica una medida por la suma de las satisfacciones que produce. Esa teoría tenía un defecto que Rawls pone en el centro de su crítica: puede justificar el sacrificio de unos pocos en beneficio del mayor número, puesto que solo cuenta la suma.
Al mismo tiempo, las sociedades occidentales de posguerra habían construido Estados sociales considerables sin que nadie hubiese formulado realmente su justificación filosófica. Rawls llega a ese vacío, y su libro se recibe como la teoría que faltaba.
Las tesis centrales
El dispositivo rawlsiano se ha vuelto tan célebre que a veces se olvida que es una construcción. Descansa en un experimento mental: imagine personas que deben elegir las reglas básicas de su sociedad sin saber qué lugar ocuparán en ella, ni su clase, ni sus talentos, ni sus convicciones. Ese velo de ignorancia no describe nada real. Sirve para descartar los argumentos que no son más que la defensa de una posición adquirida.
De esa situación, sostiene Rawls, se sacarían dos principios, en un orden estricto. Primero la igualdad de las libertades básicas para todos, que no puede cambiarse por ninguna ventaja económica. Después, una vez asegurada esa igualdad, las desigualdades socioeconómicas solo son aceptables con dos condiciones: que las posiciones estén abiertas a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades, y que aprovechen a los miembros más desfavorecidos de la sociedad.
Esa segunda parte, llamada a menudo principio de diferencia, es la firma de la corriente. No condena la desigualdad en sí: la somete a una prueba. Una remuneración elevada es justificable si, por los efectos que produce, mejora la situación de quienes tienen menos. No lo es si solo se justifica por el mérito de quien la recibe, porque los talentos mismos son para Rawls un efecto de la lotería natural y social, de la que nadie puede decirse autor.
Dos tesis más completan el edificio. La primacía de lo justo sobre el bien: el Estado no tiene que decir en qué consiste una vida lograda, debe garantizar el marco en el que cada uno persigue su propia concepción del bien. Y la neutralidad que de ello se sigue, que Rawls precisará en Liberalismo político, en 1993, explicando cómo ciudadanos con convicciones incompatibles pueden sin embargo ponerse de acuerdo sobre principios comunes.
Las figuras de la corriente
En torno a Rawls se formó una constelación de autores que comparten la intuición de partida divergiendo sobre los medios.
Ronald Dworkin desarrolló una teoría de la igualdad de recursos muy atenta a la distinción entre lo que es cosa de la elección de una persona, cuyas consecuencias debe soportar, y lo que es cosa de la circunstancia que sufre, de la que la colectividad debe compensarla. Thomas Nagel trabajó la tensión entre el punto de vista personal y el punto de vista imparcial, que es el nervio del problema.
Amartya Sen introdujo un desplazamiento importante al objetar que la igualdad de recursos no basta: dos personas que disponen de los mismos bienes no sacan de ellos las mismas posibilidades reales, según su salud, su entorno o las discriminaciones que sufren. Hay que evaluar por tanto la justicia en términos de capacidades, es decir de lo que las personas están realmente en condiciones de hacer y de ser.
Martha Nussbaum prolongó esa vía proponiendo una lista de capacidades fundamentales que una sociedad justa debe garantizar, lo que la lleva a apartarse de la neutralidad rawlsiana: nombrar esas capacidades es decir algo del bien humano. Esa tensión interna a la corriente es una de las más interesantes.
Jürgen Habermas, desde otra tradición, mantuvo con Rawls un diálogo que se ha hecho célebre sobre el lugar de la deliberación pública en la justificación de los principios de justicia.
Las críticas, por dos lados
La fecundidad del liberalismo igualitario se mide por la calidad de sus adversarios.
Por el lado libertario, Robert Nozick publica en 1974 una refutación que sigue siendo la más citada. Los bienes, sostiene, no caen del cielo esperando a ser distribuidos: son producidos e intercambiados por personas que tienen derechos sobre ellos. Una redistribución que ignora la historia de esos títulos viola la libertad de aquellos a quienes grava, y el Estado justo no es más que un Estado mínimo. Friedrich Hayek había sostenido por su parte que la idea de justicia social carece de sentido aplicada a un orden espontáneo que nadie ha concebido.
Por el lado comunitarista, la objeción es distinta y quizá más profunda. Michael Sandel sostiene que el sujeto del velo de ignorancia, despojado de sus pertenencias y de sus vínculos, no es nadie: no elegimos nuestros fines desde ninguna parte, los descubrimos en una historia y en una comunidad. Alasdair MacIntyre y Charles Taylor han desarrollado críticas vecinas, mostrando que la neutralidad liberal descansa ella misma en una concepción particular de la persona, que no reconoce como tal.
Una tercera crítica vino de la izquierda marxista, para la que el liberalismo igualitario trata las desigualdades de resultado sin tocar la propiedad de los medios de producción, y por tanto sin tocar la causa.
En Colombia el principio pasó a los tribunales
La corriente discute desde hace medio siglo si sus principios son aplicables, y la objeción corriente es que una teoría de la estructura básica no dice qué debe hacer un juez con el caso que tiene delante. Hay en el mundo hispanohablante un experimento que lleva treinta años en marcha sobre esa cuestión, y conviene conocerlo.
La Constitución colombiana de 1991 define el país, en su primer artículo, como un Estado social de derecho, y crea dos instrumentos. El primero es una Corte Constitucional. El segundo es la acción de tutela, un procedimiento que permite a cualquier persona reclamar ante cualquier juez la protección de un derecho fundamental, sin abogado, sin formalidades y con plazos de días. La consecuencia no fue prevista por todos los constituyentes: millones de tutelas presentadas en tres décadas, y una Corte obligada a decir, caso por caso, qué exigen en concreto unos derechos que la Constitución enuncia en general.
De esa obligación nacieron dos construcciones que interesan directamente a esta página. La primera es la doctrina del mínimo vital: la Corte sostuvo que algunos derechos sociales comportan un contenido mínimo exigible de inmediato, de modo que privar a alguien de los medios de su subsistencia vulnera un derecho fundamental y no solamente una aspiración programática. La segunda es la figura del estado de cosas inconstitucional, que la Corte emplea cuando una vulneración es masiva y estructural, y que le permite ordenar a la administración políticas y plazos. La declaró, en una sentencia de 2004 que se ha vuelto el caso de referencia, para la situación de los desplazados internos por el conflicto armado.
Lo que esto aporta al debate es doble, y no va en un solo sentido. Por un lado muestra que el principio igualitario no es inaplicable: un tribunal ha derivado de él obligaciones concretas y verificables, y lo ha hecho en un país pobre y en guerra, no en una sociedad bien ordenada. Por otro lado hace aparecer el precio, que es exactamente la objeción que los críticos de Rawls dirigen a la neutralidad: quien decide qué cuenta como mínimo vital decide también una concepción de lo que una vida necesita, y lo decide sin elección popular. La discusión colombiana sobre el activismo de la Corte, sobre el coste presupuestario de sus órdenes y sobre su legitimidad democrática es por tanto, aunque sus participantes no citen a Rawls, la discusión de esta página llevada al terreno donde se paga.
En qué se ha convertido la corriente
Esas objeciones no han destruido la corriente, la han transformado. Los años noventa y dos mil vieron al liberalismo igualitario desplazarse a tres terrenos.
La cuestión de las minorías culturales primero: algunos autores han sostenido que la neutralidad formal desfavorece a los grupos minoritarios y que una igualdad real puede exigir derechos diferenciados, lo que abrió el debate sobre el multiculturalismo.
La justicia global después. Si los principios de justicia valen entre ciudadanos de un mismo Estado, ¿qué se debe a quienes viven en otra parte? Rawls mismo abordó la cuestión tardíamente y con prudencia, y varios de sus sucesores lo juzgaron demasiado tímido.
Y la justicia ambiental e intergeneracional, que plantea la misma pregunta en el eje del tiempo: ¿qué debemos a quienes no existen todavía, y se aplica el principio de diferencia entre generaciones? Es hoy uno de los terrenos más activos.
La herencia
La influencia práctica de esta corriente desborda con mucho la universidad. Ha proporcionado el vocabulario en el que se discuten hoy la igualdad de oportunidades, la progresividad del impuesto y el acceso a la sanidad y a la educación. Cuando un debate público opone la libertad de empresa a la reducción de las desigualdades, lo hace la mayoría de las veces en términos forjados por esta tradición, se sepa o no.
Ha dejado también un método. El velo de ignorancia se ha vuelto un instrumento de pensamiento utilizable sin adherirse a la teoría: preguntarse qué se juzgaría aceptable si no se supiera qué lugar se va a ocupar es una disciplina, y no cuesta nada intentarlo.
Controversias abiertas
Tres cuestiones siguen sin respuesta consensuada.
¿Es posible la neutralidad? Los críticos sostienen que toda organización política favorece ciertas formas de vida, y que pretender no favorecer ninguna es la más hábil de las maneras de imponer una.
¿Es el principio de diferencia bastante exigente? Tolera desigualdades considerables siempre que beneficien indirectamente a los más desfavorecidos, y varios autores estiman que esa tolerancia es un consentimiento disfrazado al orden existente.
¿El enfoque de las capacidades permanece en la corriente o sale de ella? La cuestión es seria: enumerar lo que todo ser humano debe poder hacer y ser equivale a describir una vida buena, cosa que el liberalismo igualitario se había prohibido.