El liberalismo político

John Bordley Rawls

Political Liberalism 1993 Tratado

Análisis

Veintidós años separan Teoría de la justicia de Political Liberalism, que Rawls publicó en 1993. En esas dos décadas respondió a las objeciones, dio conferencias, publicó artículos y acabó juzgando que una parte de su primer libro descansaba en un error.

No un error en los dos principios de justicia, que mantiene, sino en la manera en que había creído poder fundarlos. La confesión está en la introducción y es franca. Teoría de la justicia suponía que en una sociedad bien ordenada todos los ciudadanos suscribirían los mismos principios por las mismas razones, las de una doctrina moral común cercana a Kant. Una unanimidad así solo puede obtenerse por la coacción. El pluralismo de las concepciones del bien no es un accidente que haya que corregir: es el resultado normal del ejercicio de la razón en instituciones libres, y Rawls lo llama el hecho del pluralismo razonable.

El problema reformulado

La pregunta del libro cabe en una frase: ¿cómo puede durar una sociedad justa y estable entre ciudadanos libres e iguales profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables pero incompatibles?

Cada término cuenta. «Razonables» excluye el fanatismo y la arbitrariedad, pero no el desacuerdo: dos doctrinas pueden ser igualmente razonables e inconciliables, porque los juicios sobre las cuestiones últimas dependen de experiencias, de tradiciones y de apreciaciones de pruebas que Rawls llama las cargas del juicio. «Estable» no significa mantenida por la fuerza ni por un equilibrio de intereses: una estabilidad que solo descansara en eso sería un modus vivendi, deshecho en cuanto cambie la relación de fuerzas.

La respuesta consiste en restringir deliberadamente la ambición de la teoría. La concepción política de la justicia no se deducirá de una doctrina moral completa, se elaborará con independencia de todas ellas. Ése es el sentido de la palabra «político» en el título: no una filosofía del bien aplicable a la vida entera, sino una concepción limitada a la estructura básica de la sociedad y construida a partir de ideas ya presentes en la cultura pública de las democracias.

El consenso entrecruzado

El instrumento central del libro se llama en inglés overlapping consensus. Una misma concepción política de la justicia puede recibir la aprobación de ciudadanos que la aprueban por razones distintas, cada uno arraigándola en su propia doctrina comprehensiva.

Un católico puede sostener las libertades fundamentales en nombre de la dignidad de la persona creada, un utilitarista en nombre de las consecuencias, un kantiano en nombre de la autonomía y un agnóstico en nombre de su experiencia histórica de las persecuciones. Las razones no se superponen; la conclusión sí, y ese solapamiento es lo que sostiene las instituciones.

La construcción fue atacada por los dos lados. Habermas objeta que no se puede prescindir de un punto de vista moral anterior a las visiones del mundo, y que Rawls, al pretender evitar la metafísica, presupone una. Chantal Mouffe le reprocha lo contrario: evacuar el conflicto, que para ella es constitutivo de lo político, al dejar fuera del campo público todo desacuerdo sustantivo. Rawls respondió a Habermas en un intercambio publicado en 1995, sosteniendo que su concepción sigue siendo política porque no pretende ser verdadera sino razonable.

La razón pública

La tercera parte desarrolla la noción que ha tenido más efectos prácticos. Cuando deliberan sobre las cuestiones constitucionales esenciales y sobre las materias de justicia básica, los ciudadanos y sobre todo los responsables públicos deben aducir razones que los demás puedan aceptar razonablemente, es decir razones tomadas de la concepción política y no de su doctrina particular.

Rawls llama a esta exigencia el deber de civilidad. No prescribe callar las propias convicciones: pide que el argumento presentado en la arena pública pueda ser reconocido como un argumento por quienes no comparten la convicción que lo inspira. Invocar un texto sagrado para justificar una ley coactiva no satisface la exigencia; invocar un principio de igual libertad sí la satisface, cualquiera que sea la fuente privada del apego que se le tenga.

La doctrina se flexibilizó en «La idea de razón pública revisitada» (1997), donde Rawls admite que se introduzcan razones comprehensivas en el debate a condición de que a su debido tiempo se aporten razones políticas. Él mismo pone como ejemplos los discursos abolicionistas y el movimiento por los derechos civiles, donde el argumento religioso sirvió a la justicia política.

Lo que cambia y lo que queda

Los dos principios de justicia de 1971 sobreviven, pero cambia su estatuto. Ya no son el resultado de una teoría moral general, son el objeto posible de un acuerdo entre doctrinas. La posición original deja de ser un argumento sobre la racionalidad práctica en general y se convierte en un recurso de representación, una manera de hacer explícitas ideas ya contenidas en la cultura política democrática.

El repliegue se ha valorado de maneras opuestas. Unos ven en él una maduración: Rawls toma en serio el pluralismo que había subestimado. Otros ven un debilitamiento: la teoría pierde su pretensión de verdad y se limita a describir aquello en lo que las democracias liberales ya pueden entenderse, lo que la vuelve menos capaz de criticarlas. Los teóricos comunitaristas, y Michael Sandel en particular, sostienen que el liberalismo político sigue presuponiendo una cierta concepción de la persona, desprendida de sus vínculos, y que no es por tanto tan independiente como pretende.

Posteridad

El libro desplazó el centro de gravedad de la filosofía política anglófona. La noción de razón pública generó una literatura considerable, en particular sobre el lugar de los argumentos religiosos en democracia, y El derecho de gentes (1999) extendió el método a las relaciones internacionales. Charles Taylor, que discute esa noción desde una posición propia, la ha llevado al terreno de la laicidad y de las condiciones en que un Estado puede no identificarse con ninguna doctrina.

El Estado plural, una pregunta paralela en México

Rawls plantea el pluralismo como un hecho doctrinal: los ciudadanos difieren en religión, en filosofía y en moral. En el mundo hispánico la pregunta llegó con otra forma, porque el pluralismo que estaba sobre la mesa no era solo de doctrinas sino de pueblos y de culturas.

En 1998, cinco años después de Political Liberalism y dos después de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Luis Villoro publicó Estado plural, pluralidad de culturas. El libro critica al Estado monocultural y propone una ciudadanía diferenciada dentro de un Estado plural, con la autonomía indígena como primer paso.

La relación con Rawls no es de refutación sino de desplazamiento del punto de partida. En su reseña, Ambrosio Velasco sitúa el libro frente a Rawls y a Habermas, y señala que Villoro arranca de la injusticia como experiencia vivida y no de un consenso supuesto de antemano. Rosalva Aída Hernández Castillo lee ahí una crítica del pensamiento moderno que se atribuye una razón universal única, en favor de una razón entendida como campo plural de culturas.

El asunto no es mexicano solamente. Donde hay lenguas, derechos consuetudinarios y formas de autoridad que preceden al Estado, la exigencia de argumentar en la arena pública con razones tomadas de la cultura política democrática deja de ser neutra: supone que esa cultura ya es compartida. Es la objeción que la filosofía política latinoamericana ha dirigido con más constancia al liberalismo político, y conviene tenerla a la vista al leer la tercera parte del libro.

Qué edición castellana leer

Hay dos traducciones castellanas, publicadas con un año de diferencia. Liberalismo político, en versión de Sergio René Madero Báez, apareció en México en 1995, coeditada por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, en la colección Política y derecho; el Fondo la ha reimpreso varias veces y tiene edición electrónica. El liberalismo político, en versión de Antoni Domènech, apareció en Barcelona en 1996 en Crítica, con reediciones posteriores en bolsillo. Un capítulo había circulado antes en castellano en la revista Isegoría.

Dos traducciones en dos años dicen algo sobre la rapidez con que se leyó este libro en castellano. Con Teoría de la justicia la espera había sido de ocho años.

Conviene un aviso sobre el vocabulario, porque afecta a las búsquedas bibliográficas. Overlapping consensus no tiene una sola versión castellana establecida. Según los estudios que las comparan, Madero Báez emplea «consenso solapante», María Dolores González había puesto «consenso traslapado» en su traducción de Teoría de la justicia, y Gerard Vilar Roca usa «consenso entrecruzado» en la compilación Debate sobre el liberalismo político. En la literatura circula además «consenso por solapamiento». Son cuatro nombres de la misma idea, y buscar solo uno deja fuera una parte de la discusión.

Para entrar en el libro, la introducción y las conferencias primera, cuarta y sexta bastan para tener el argumento completo: el hecho del pluralismo razonable, el consenso entrecruzado y la razón pública. El resto desarrolla y responde.

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