Ética de las capacidades
Juzgar una situación humana preguntando de qué es realmente capaz una persona: no qué bienes tiene ni cuánta satisfacción declara, sino qué vidas le están abiertas.
La pregunta de partida
El enfoque nace de una pregunta planteada por Amartya Sen a finales de los años setenta: igualdad ¿de qué? Cuando se dice que una sociedad debe ser igualitaria, hay que precisar qué debe igualarse, y los candidatos disponibles presentaban todos defectos.
El utilitarismo propone igualar o maximizar el bienestar subjetivo. La objeción de Sen es que la satisfacción se adapta: una persona privada desde siempre de educación, de cuidados o de derechos aprende a no desearlos, y puede declararse contenta. Evaluar por las preferencias equivale entonces a ratificar la privación. Ese fenómeno, que la literatura llama preferencias adaptativas, se ha convertido en uno de los argumentos más discutidos de la ética contemporánea.
El liberalismo igualitario de John Rawls propone igualar los bienes primarios, esos recursos que todo proyecto de vida necesita. La objeción es distinta: recursos idénticos no producen posibilidades idénticas. Una persona con discapacidad, una mujer embarazada, un habitante de un clima duro, una persona a quien las normas sociales prohíben salir sola no convierten una misma renta en un mismo conjunto de vidas posibles. Lo que Sen llama los factores de conversión vuelve engañosa la comparación por los recursos.
De ahí la propuesta: evaluar las situaciones por las capacidades, es decir por las combinaciones de funcionamientos que la persona puede alcanzar realmente. Hay que distinguir los dos términos. Un funcionamiento es lo que una persona hace o es: alimentarse como conviene, desplazarse, tomar parte en la vida de su comunidad, leer. La capacidad es el conjunto de los funcionamientos que le son accesibles, es decir su libertad real de elegir entre varias vidas. La distinción permite un matiz importante: ayunar y morirse de hambre son el mismo funcionamiento, pero no corresponden en absoluto a la misma capacidad, puesto que uno supone la posibilidad de comer y el otro no.
Dos versiones, dos ambiciones
El enfoque se ha desarrollado en dos variantes que sería lamentable confundir.
Sen lo tiene por un marco de evaluación, deliberadamente incompleto. Se niega a establecer la lista de las capacidades que importan, con el motivo de que su determinación corresponde al razonamiento público, que depende de las sociedades y que una lista establecida por un teórico se sustituiría indebidamente a la deliberación democrática. Su uso del enfoque es comparativo: se sirve de él para medir privaciones, para comparar países y para sacar a la luz desigualdades que los indicadores monetarios enmascaran. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, concebido con el economista Mahbub ul Haq, es su aplicación institucional más visible.
Martha Nussbaum hace de él al contrario una teoría normativa sustancial, y a ella se debe la expresión de ética de las capacidades en sentido estricto. Apoyándose en una lectura de Aristóteles y en la tradición del derecho natural, sostiene que es posible y necesario enunciar una lista de capacidades centrales, exigibles por toda persona por el solo hecho de su dignidad. Su lista comprende diez, entre las cuales la vida, la salud, la integridad corporal, el uso de los sentidos y de la imaginación, las emociones, la razón práctica, la afiliación a los demás, la relación con otras especies, el juego y el control sobre el propio entorno político y material. Cada una debe garantizarse hasta un umbral, y ninguna puede cambiarse por otra: una sociedad que ofreciese una salud excelente y ninguna libertad política no sería simplemente menos justa, incumpliría una exigencia distinta. Nussbaum saca de ello una doctrina de los derechos fundamentales y un criterio de evaluación de las constituciones.
Lo que el enfoque ha cambiado
Su influencia se ha ejercido en tres terrenos.
En la teoría de la justicia ha introducido una alternativa al debate entre utilitarismo y recursismo, y ha obligado a las teorías competidoras a precisar cómo trataban la discapacidad, la enfermedad y la dependencia. Nussbaum ha hecho de ese punto una objeción frontal al contractualismo: una teoría que construye la sociedad como un acuerdo entre socios iguales y productivos no puede integrar sin artificio a aquellos cuya cooperación es imposible o asimétrica, y que tienen sin embargo derechos.
En los estudios sobre el desarrollo ha desplazado los indicadores. Medir un país por su producto interior bruto por habitante equivale a ignorar lo que esa renta permite ser y hacer, y las diferencias entre las dos medidas son a veces espectaculares. El enfoque ha alimentado los informes sobre el desarrollo humano, los trabajos sobre la mortalidad diferencial de las mujeres y las políticas de educación y de salud.
En la ética aplicada sirve de rejilla en campos donde la evaluación por el bienestar subjetivo es manifiestamente inadecuada: políticas de la discapacidad, educación, salud mental, trabajo social y diseño de las tecnologías. Una asociación internacional reúne desde mediados de los años dos mil a los investigadores que se reclaman de él, y el enfoque ha producido una literatura empírica abundante.
En México la lista la hizo una ley
El enfoque tiene en el mundo hispanohablante una aplicación que vale la pena conocer, porque responde por los hechos a la objeción que se le dirige con más frecuencia.
La Ley General de Desarrollo Social, promulgada en México en enero de 2004, creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, y le encargó dos tareas: evaluar los programas sociales y medir la pobreza de manera multidimensional. El organismo publicó su metodología el 10 de diciembre de 2009. Adopta un enfoque de derechos sociales: se consideran a la vez el ingreso corriente por persona y una serie de carencias referidas a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una de esas carencias y su ingreso no basta para satisfacer sus necesidades. La ley obliga a medir cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal, de modo que las cifras se publican con regularidad desde entonces, y la metodología se actualizó en 2018.
Lo que importa aquí no son las cifras, es el procedimiento. La objeción clásica a Sen es que su negativa a establecer una lista deja el enfoque sin contenido, y la objeción clásica a Nussbaum es que su lista la hizo una filósofa. El caso mexicano muestra una tercera vía, que es exactamente la que Sen proponía: la lista existe, es precisa, obliga al Estado, y la hizo un poder legislativo. No se deduce de la naturaleza humana, se decidió por una ley y puede modificarse por otra, lo que ha ocurrido ya una vez.
Conviene en cambio no exagerar el parentesco, y la fidelidad al enfoque tiene aquí dos límites. El primero es que la medida combina un criterio de ingreso con los indicadores de carencias, lo que conserva del recursismo precisamente lo que el enfoque le reprochaba. El segundo es más profundo: lo que se observa son carencias efectivas, es decir funcionamientos, y no el conjunto de las vidas que una persona podría llevar. La medida mexicana cuenta a quien no va a la escuela, no a quien no podría ir. Es la dificultad que la última sección de esta página señala, y ninguna estadística la ha resuelto.
Controversias
La primera objeción es la de la indeterminación. Si se evalúa por las capacidades, hay que poder compararlas, ponderarlas, decir qué cuenta más. Como Sen remite esa cuestión al razonamiento público, sus críticos objetan que el enfoque deja entonces de ser una teoría y se convierte en un marco vacío, incapaz de resolver los casos en que hay que elegir entre dos capacidades. Thomas Pogge ha sostenido en ese sentido que el enfoque no proporciona un criterio institucional más practicable que el de los recursos, y que puede incluso llevar a clasificar a las personas según sus necesidades de conversión, lo que no deja de tener efecto estigmatizante.
La segunda objeción es la del paternalismo, y apunta a la versión de Nussbaum. Una lista de capacidades centrales establecida por una filósofa, presentada como válida para toda sociedad, corre el riesgo de universalizar una forma de vida particular. Nussbaum responde que su lista es deliberadamente abstracta, que deja a las sociedades el cuidado de especificarla, y que protege capacidades, es decir posibilidades, no funcionamientos obligatorios: nadie está obligado a jugar, pero cada uno debe poder hacerlo. El debate versa entonces sobre si una lista puede ser a la vez bastante precisa para guiar y bastante flexible para no imponer.
Una tercera discusión versa sobre el individualismo del enfoque. Evalúa las situaciones persona por persona, lo que es una elección metodológica explícita destinada a impedir que se sacrifiquen individuos en beneficio de un agregado. Críticos venidos de la sociología y del pensamiento social ven en ello una ceguera a las estructuras: las capacidades de una persona dependen de relaciones colectivas, de clase, de género y de instituciones, y un marco centrado en el individuo corre el riesgo de tratar como un déficit personal lo que es cosa de una relación social. Los trabajos recientes, en particular los de Ingrid Robeyns, integran esa crítica distinguiendo los factores de conversión individuales, sociales y ambientales.
Una cuarta cuestión, más técnica, concierne a la medida. Las capacidades son por definición posibilidades no realizadas, y por tanto difíciles de observar: se constata lo que la gente hace, no lo que habría podido hacer. Las encuestas empíricas se repliegan la mayoría de las veces sobre los funcionamientos efectivos, lo que borra precisamente la distinción que da interés al enfoque. El problema no está resuelto.
Hay que mencionar por último la discusión sobre las preferencias adaptativas, que se ha convertido en un terreno propio. Si se pueden descartar las preferencias de una persona con el motivo de que son el producto de su privación, ¿quién decide qué cuenta como adaptación, y a partir de cuándo ese juicio deja de respetar la autonomía de la interesada? Varios trabajos de filosofía feminista han mostrado que el uso demasiado rápido de esa noción corre el riesgo de descalificar las elecciones de las personas dominadas en nombre de su liberación.