Liberalismo político
En sentido amplio, la tradición que parte de la libertad individual para limitar el poder; en sentido estricto, la respuesta de Rawls al pluralismo razonable.
El momento fundador
El liberalismo nace de un problema concreto, el de las guerras de religión. Cuando convicciones últimas se oponen y ninguna puede imponerse sin matanza, ¿cómo vivir juntos?
John Locke formula la respuesta que se volverá canónica. En la Carta sobre la tolerancia y en el Segundo tratado sobre el gobierno civil, publicados a finales de los años ochenta del siglo XVII, sostiene que el cargo del magistrado es la seguridad de los bienes, de la libertad y de la vida, no la salvación de las almas, y que la fe no puede de todos modos ser forzada. Establece que los individuos tienen derechos anteriores a la institución del gobierno y que este procede de un consentimiento, lo que autoriza la resistencia cuando lo traiciona.
Dos tesis se instalan entonces de modo duradero: el poder político tiene un dominio limitado, y su legitimidad viene de aquellos sobre quienes se ejerce.
Montesquieu completa el dispositivo con una mecánica institucional. No basta con declarar los límites del poder, hay que volverlos efectivos, y para eso no hay más que un medio: que el poder detenga al poder. La separación de poderes se convierte en el corazón del constitucionalismo liberal.
El siglo XIX: libertades que defender
La Revolución francesa obliga a la tradición a precisarse. Benjamin Constant distingue la libertad de los antiguos, que consistía en participar colectivamente en el poder, y la de los modernos, que consiste en disfrutar en paz de su independencia privada. No se trata de elegir: Constant sostiene que los modernos necesitan las garantías políticas para proteger su libertad privada, pero que confundir ambas lleva a sacrificar al individuo en nombre del pueblo.
Alexis de Tocqueville desplaza la inquietud. El peligro de las sociedades democráticas ya no viene del déspota sino de la sociedad misma: tiranía de la mayoría, conformismo de las opiniones, suavidad de un poder tutelar que dispensa de gobernarse. Busca los remedios del lado de las asociaciones, de la descentralización y de las costumbres.
John Stuart Mill, en Sobre la libertad, propone el criterio más discutido de la tradición: la única razón legítima para usar coacción hacia un miembro de la sociedad es impedir que dañe a otro. Su propio bien, físico o moral, no es una justificación suficiente. Mill defiende ese límite menos por un derecho natural que por sus efectos: la diversidad de las experiencias de vida y la libre discusión son las condiciones del progreso de las ideas.
Conviene señalar que Mill, funcionario de la Compañía de las Indias Orientales, no extendía ese principio a los pueblos que juzgaba incapaces de gobernarse. Esa reserva, largo tiempo pasada en silencio, está hoy en el centro de las discusiones sobre la relación del liberalismo con el imperio.
Los repartos internos
La corriente nunca fue homogénea y se ha dividido en cuestiones estructurantes.
La primera versa sobre el sentido de la palabra libertad. Isaiah Berlin distingue en 1958 dos acepciones. La libertad negativa designa la ausencia de obstáculos puestos por otro a mi acción; la libertad positiva designa el dominio de sí, el hecho de ser su propio dueño. Berlin no condena la segunda pero advierte que se presta a una desviación: en nombre del yo verdadero, se puede pretender forzar a alguien para liberarlo. Esa distinción ha organizado décadas de debate, y se la ha criticado por su carácter demasiado tajante.
La segunda división versa sobre la economía y el Estado. Un liberalismo clásico, del que Friedrich Hayek da en el siglo XX la versión más argumentada, sostiene que el orden social útil emerge de la interacción de proyectos individuales y que ninguna autoridad dispone del saber necesario para planificarlo. Un liberalismo igualitario sostiene al contrario que las libertades formales quedan en letra muerta sin los recursos que permiten usarlas. El desacuerdo versa menos sobre el valor de la libertad que sobre lo que ella exige.
Rawls y el giro contemporáneo
La Teoría de la justicia, en 1971, relanza la filosofía política normativa. Rawls pregunta qué principios elegirían personas racionales colocadas detrás de un velo de ignorancia, es decir ignorando su posición social, sus talentos y su concepción del bien. Sostiene que retendrían un principio de libertades básicas iguales para todos, y después un principio que regula las desigualdades, admisibles solamente si benefician a los más desfavorecidos.
Veinte años más tarde, Liberalismo político reformula el proyecto. Rawls parte de una constatación que llama el hecho del pluralismo razonable: en instituciones libres, los ciudadanos adoptarán de modo duradero doctrinas morales, religiosas y filosóficas distintas e incompatibles, sin que eso se deba a un error de razonamiento. Una concepción de la justicia no puede por tanto descansar en una de ellas.
De ahí tres nociones. La concepción política de la justicia solo se apoya en ideas implícitas en la cultura pública de una democracia. El consenso entrecruzado designa la adhesión que doctrinas opuestas pueden dar a esa concepción, cada una por sus propias razones. Y la razón pública impone que, en las cuestiones constitucionales esenciales, los ciudadanos se dirijan unos a otros con argumentos que todos puedan aceptar.
Se ha objetado que esa neutralidad es menos neutral de lo que pretende, que favorece las concepciones del bien compatibles con ella y que pide a los creyentes un esfuerzo de traducción que no pide a los demás. Jürgen Habermas, en un debate público con Rawls, propone una vía procedimental distinta, fundada en las condiciones de la discusión antes que en una posición originaria.
El consenso entrecruzado existió, y tuvo un precio
El consenso entrecruzado de Rawls es una construcción teórica, y se le reprocha a veces no describir nada que haya ocurrido. Hay un caso español que conviene poner al lado, porque se le parece mucho y porque muestra también lo que cuesta.
Entre 1977 y 1978, dos años después de la muerte de Franco, las Cortes elegidas en junio de 1977 redactaron una constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La redacción se confió a una ponencia de siete diputados venidos de posiciones que hasta entonces se habían tenido por irreconciliables: la derecha salida del régimen anterior, los socialistas, los comunistas, la democracia cristiana y el nacionalismo catalán. Los acuerdos económicos firmados en 1977 en el palacio de la Moncloa habían preparado el terreno. El procedimiento se llamó consenso, y la palabra quedó asociada a ese periodo.
El parecido con el dispositivo rawlsiano es notable. Las partes no renunciaron a sus doctrinas, no se convirtieron unas a otras y no fingieron un acuerdo de fondo: aceptaron un texto que cada una podía suscribir por razones propias. Y el texto, en los puntos donde las doctrinas chocaban, recurrió a formulaciones que admiten varias lecturas. El artículo que trata de la religión establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Un Estado no confesional que nombra una Iglesia no es una incoherencia de redacción: es el acuerdo mismo, inscrito en la frase. Conviene comparar ese artículo con el artículo 12 de la Constitución de Cádiz de 1812, que prohibía el ejercicio de cualquier culto distinto del católico, para medir lo que ciento sesenta y seis años habían cambiado.
Y ahí está el precio, que esta página debe decir porque es el núcleo de la objeción contra la razón pública. El acuerdo de 1978 se obtuvo también acordando no tratar ciertas cosas. La ley de amnistía de octubre de 1977 extinguió la responsabilidad penal por los delitos de intencionalidad política anteriores, lo que cubrió a la oposición perseguida y también a los agentes del régimen. Esa decisión, aprobada entonces con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, se ha convertido desde los años dos mil en el objeto de una discusión pública intensa, en la que unos ven la condición que hizo posible la transición y otros una impunidad que habría dejado un deber sin cumplir. Rawls llamaba a eso el método de la evitación: dejar de lado las cuestiones que no pueden resolverse sin romper el acuerdo. Sus críticos objetan que evitar una cuestión no la suprime, que el silencio tiene beneficiarios, y que la factura se presenta una generación más tarde. El caso español no decide ese debate, pero le da algo que la teoría no tenía: un acuerdo que funcionó, una lista de lo que se dejó fuera para que funcionara, y cuarenta años de consecuencias que se pueden examinar.
Las críticas
La crítica comunitarista, formulada en los años ochenta, impugna la antropología supuesta por el liberalismo. Michael Sandel sostiene que el sujeto colocado detrás del velo de ignorancia es un yo descargado, sin vínculos constitutivos, y que un ser así no existe. Charles Taylor muestra que la identidad se forma en horizontes de significación dados por una comunidad. Alasdair MacIntyre juzga que el intento moderno de fundar la moral fuera de toda tradición ha fracasado. Los interesados han respondido que una concepción política no compromete una antropología completa, y el debate se ha desplazado sin apagarse.
La crítica feminista versa sobre el reparto de lo público y lo privado. Si el Estado se retira de la esfera doméstica en nombre de la libertad, deja intactas las relaciones de poder que en ella se ejercen. Nancy Fraser y otras han mostrado que la definición de lo que es cosa de la justicia es ella misma un asunto político.
La crítica republicana reprocha al liberalismo contentarse con la ausencia de interferencia allí donde habría que apuntar a la ausencia de dominación: depender de la buena voluntad de un amo benévolo es ya no ser libre.
Una crítica perfeccionista, por último, sostenida en particular por Joseph Raz, impugna el ideal de neutralidad: un Estado puede legítimamente favorecer formas de vida que juzga buenas, siempre que no fuerce a nadie.
Una tradición viva
El liberalismo político sigue siendo hoy el marco dominante de las instituciones democráticas y el objeto de una impugnación constante, venida de tradiciones muy distintas. Amartya Sen y Martha Nussbaum han propuesto desplazar la evaluación de los recursos hacia las capacidades, es decir hacia lo que las personas están realmente en condiciones de hacer y de ser. Otros trabajos versan sobre los límites territoriales de la justicia, sobre el lugar de las generaciones futuras o sobre el estatuto de los animales, cuestiones que la tradición clásica no había planteado.
Retendrá sin duda que esta corriente se define menos por un cuerpo de doctrinas que por una pregunta persistente: ¿en qué condiciones puede ejercerse un poder sobre personas que no piensan lo mismo, sin dejar de ser legítimo?