Ilustración: Republicanismo cívico
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Republicanismo cívico

siglo XIV - siglo XXI Italia, Inglaterra, Francia y España 9 min de lectura

La libertad como ausencia de dominación y no solo de traba: una obra institucional que supone ciudadanos dispuestos a ocuparse de ella.

La tesis central

Tres proposiciones forman su núcleo.

La libertad consiste en la ausencia de dominación, y no solamente en la ausencia de traba. Ser libre no es hacer lo que se quiere sin que nadie lo detenga, es no estar expuesto al poder arbitrario de otro, lo ejerza o no.

Esa libertad no es un estado natural sino una obra institucional. Supone leyes, contrapoderes, un reparto de las cargas, una posibilidad de impugnar las decisiones. No se posee, se mantiene.

Y supone ciudadanos dispuestos a ocuparse de ella. Es la virtud cívica: no una santidad, sino una preferencia efectiva por el bien común cuando se opone al interés privado inmediato. Allí donde esa disposición se pierde, la tradición habla de corrupción, y ve en ella la verdadera causa de la muerte de las repúblicas.

De Roma a las ciudades italianas

La ascendencia es doble. Del lado griego, Aristóteles proporciona la idea de que el hombre es un animal político y que el ciudadano se define por su participación alternada en el mando y en la obediencia. Del lado romano, Cicerón y los historiadores de la república transmiten el vocabulario de la libertas, de la res publica como cosa del pueblo, y la desconfianza hacia todo poder sin contrapeso.

La tradición se reconstituye en las ciudades italianas de finales de la Edad Media, que necesitan una teoría de su independencia frente al Imperio y al papado. Es allí donde Marsilio de Padua funda la autoridad en el conjunto de los ciudadanos, y es allí donde se hablará más tarde de humanismo cívico, para designar una cultura donde la vida activa al servicio de la ciudad aventaja en dignidad a la vida contemplativa.

Maquiavelo es su figura decisiva, no por El príncipe sino por los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Defiende en ellos la constitución mixta, que reparte el poder entre los grandes y el pueblo, y sostiene una idea que sus sucesores encontrarán escandalosa: el conflicto entre las clases, lejos de arruinar la ciudad, mantiene su vitalidad, con la condición de que se desarrolle en las instituciones. El vivere libero supone ciudadanos armados, apegados a su ciudad, celosos de sus magistrados.

El momento inglés y norteamericano

El vocabulario pasa después a Inglaterra, durante la revolución del siglo XVII y después de ella. Los autores que la investigación contemporánea llama neorromanos, Milton, Harrington y Sidney, sostienen que un pueblo sometido a una prerrogativa real, aunque se ejerza bien, vive en la servidumbre. Harrington añade la idea de que la distribución de la propiedad manda la forma del gobierno, y que una república supone ciudadanos lo bastante independientes materialmente para no vender su sufragio.

En el siglo XVIII, la oposición inglesa hace de la corrupción su tema central, y ese discurso atraviesa el Atlántico. Alimenta la argumentación de los revolucionarios norteamericanos, para quienes la dependencia respecto de la metrópoli es en sí misma una servidumbre, con independencia del peso real de los impuestos.

En Francia, Montesquieu da de la república un análisis que le permanece fiel en lo esencial: su resorte propio es la virtud política, es decir el amor de las leyes y de la patria, y se corrompe en cuanto ese resorte se relaja. Rousseau radicaliza la exigencia: la libertad es la obediencia a una ley que uno mismo ha hecho, el pueblo no puede hacerse representar en el acto de legislar, y una república exige costumbres, una educación cívica y una igualdad aproximada de las condiciones.

En Aragón existía un magistrado para impugnar al rey

La contestabilidad de las decisiones, que la sección siguiente verá reaparecer en Pettit como el instrumento central de la república, tuvo en la península una forma institucional precisa, y conviene exponerla con sus límites.

Los reinos de la Corona de Aragón se gobernaban por fueros, es decir por un derecho propio que el monarca juraba al acceder y que no podía alterar sin las Cortes. El reino de Aragón tenía además una magistratura singular, el Justicia de Aragón, cuya función era interpretar el fuero y hacerlo respetar frente a los oficiales reales. Dos procedimientos le daban cuerpo. La firma de derecho permitía a un particular obtener la suspensión de una actuación de la autoridad hasta que se examinase su legalidad. Y el proceso de manifestación permitía al Justicia sacar a una persona de las manos de cualquier otra autoridad, incluida la del rey o la de la Inquisición, y mantenerla bajo su custodia mientras se juzgaba su caso, para que no fuese dañada antes de la sentencia.

Lo que esos procedimientos hacían es exactamente lo que esta tradición pide: no esperar la buena voluntad del poderoso sino disponer de un camino por el que su decisión pueda ser detenida y examinada. Un súbdito aragonés no era libre porque el rey fuese bueno; era libre, en la medida en que lo era, porque existía un magistrado a quien acudir contra el rey.

Hay que contar también cómo acabó. En 1591, el conflicto entre Felipe II y las instituciones aragonesas estalló a propósito de Antonio Pérez, antiguo secretario del rey, que huyó a Zaragoza y se acogió al proceso de manifestación para escapar de la jurisdicción castellana. El Justicia lo amparó. El rey envió un ejército, el Justicia Juan de Lanuza fue ejecutado al año siguiente, y las Cortes de Tarazona de 1592 recortaron los fueros, entre otras cosas haciendo el cargo de Justicia removible por el monarca. La institución sobrevivió debilitada hasta su abolición en 1707, al término de la guerra de Sucesión.

Y hay que decir el límite, que es el de toda esta tradición antes del siglo XX. Esas libertades eran las de un reino con estamentos, no las de ciudadanos iguales: el fuero protegía a quien tenía un lugar reconocido en el cuerpo del reino, y los procedimientos costaban dinero y relaciones. Es el mismo reproche que la tercera sección de debates dirige a las repúblicas clásicas, y el caso aragonés no lo desmiente: lo ilustra con una precisión mayor, puesto que aquí se puede nombrar el procedimiento, su precio y la fecha en que se le quitó el filo.

El renacimiento contemporáneo

La tradición parecía extinguida, absorbida por el liberalismo. Ha sido reconstituida a partir de mediados del siglo XX, primero por la historia de las ideas y después por la filosofía política.

Hannah Arendt es su precedente más poderoso, aunque no se reclame de la etiqueta. Su descripción de la acción como lo que solo existe en un espacio público compartido, y su relectura de las revoluciones modernas en busca de las instituciones donde los ciudadanos deliberaron efectivamente, vuelven a poner en el centro una libertad que se vive en público antes que al abrigo del público.

El historiador J. G. A. Pocock reconstituye después, en un libro aparecido en 1975, una tradición continua que va de Florencia a las colonias norteamericanas, lo que trastorna la idea recibida de un mundo anglosajón liberal desde el principio. Quentin Skinner aísla el concepto neorromano de libertad y muestra que ha sido eliminado antes que refutado por la definición moderna de la libertad como no interferencia. Philip Pettit da por último una versión sistemática a finales de los años noventa, en torno a la no dominación y a una democracia cuya función primera es volver las decisiones impugnables por aquellos a quienes afectan. En los Estados Unidos, Michael Sandel opone esa concepción al liberalismo procedimental, al que reprocha haber renunciado a formar ciudadanos, y Charles Taylor sostiene que la libertad moderna necesita, para durar, identificaciones colectivas de las que el liberalismo no sabe dar cuenta.

Debates

El primero versa sobre la relación con el liberalismo. Para Skinner y Pettit se trata de dos concepciones distintas de la libertad, y la segunda se perdió en provecho de la primera. Para sus críticos, cuyo argumento Isaiah Berlin había formulado de antemano, la libertad como no dominación se reduce a una variante exigente de la libertad negativa: estar protegido contra el poder arbitrario es todavía no estar trabado, simplemente a más largo plazo. El desacuerdo no es puramente terminológico, porque las dos concepciones no mandan las mismas instituciones.

El segundo versa sobre la virtud. Una república que reclama ciudadanos virtuosos corre el riesgo de meterse en lo que sus miembros deben valer, cosa que el liberalismo le reprocha. Los republicanos responden que piden disposiciones cívicas y no una concepción del bien, distinción cuya aplicación concreta sigue discutida, en particular en materia de educación.

El tercero es histórico y es el más incómodo. Las repúblicas clásicas reservaron la ciudadanía a los hombres propietarios y coexistieron sin dificultad con la esclavitud. La virtud cívica suponía allí la independencia material, y por tanto el trabajo de otros. Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges estuvieron entre las primeras en volver contra la tradición su propio vocabulario, y los trabajos de Geneviève Fraisse han mostrado que esa exclusión no era un accidente sino una pieza del edificio. Los republicanismos contemporáneos se esfuerzan por separar la exigencia de independencia de sus condiciones históricas, por ejemplo vinculándola a una renta o a derechos sociales antes que a la propiedad.

Lo que la tradición vuelve visible

Con independencia de esas querellas, el republicanismo cívico tiene un mérito diagnóstico. Permite nombrar situaciones que una teoría de la no interferencia deja escapar: el asalariado cuyo contrato depende de la buena voluntad de su empleador, el beneficiario de una prestación sometido al poder discrecional de una ventanilla, el cónyuge sin recursos propios. En cada uno de esos casos nadie está necesariamente impedido de nada, y sin embargo algo de la libertad falta. Es para describir esa falta para lo que la tradición sirve todavía.

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