Estado mínimo
También llamado: Estado vigilante nocturno, Estado subsidiario
Estado cuyas atribuciones se limitan a la protección de las personas y de los bienes. Nozick lo defiende como el Estado más extenso que se puede justificar sin violar derechos.
Una expresión nacida de una burla
La fórmula más extendida en alemán es la de Estado vigilante nocturno, Nachtwächterstaat. Se debe al socialista Ferdinand Lassalle, que la empleaba a mediados del siglo XIX para burlarse de los liberales de su tiempo: su Estado, decía en sustancia, se contenta con hacer la ronda y cuidar de que nadie sea robado.
La ironía fracasó, como suele ocurrir. La imagen la retomaron por su cuenta aquellos a quienes apuntaba, porque describía bastante bien lo que querían. Hay aquí un caso de escuela de la manera en que el vocabulario político se forma, por inversión de los apodos.
Las fuentes clásicas
La idea precede a la expresión. Se convocan con regularidad tres fuentes.
John Locke sostiene que los hombres, al salir del estado de naturaleza, solo instituyen un poder político para garantizar mejor unos derechos que ya poseían, la vida, la libertad y los bienes. De ahí se sigue que ese poder está limitado por su fin: un gobierno que hiciera otra cosa excedería su mandato. Ese razonamiento, que hace del gobierno un instrumento y no una fuente del derecho, es el trasfondo de todas las teorías del Estado mínimo.
Adam Smith da una versión más pragmática, al enumerar tres deberes del soberano: defender la sociedad de los ataques de fuera, proteger a cada miembro de la injusticia de los otros miembros y establecer las obras públicas que a ningún interés privado conviene construir. Ese tercer deber merece atención, porque es más extensivo de lo que suele decirse, y Smith ponía en él los caminos y una parte de la instrucción.
Wilhelm von Humboldt publica en 1792 un ensayo sobre los límites de la acción del Estado que argumenta no en términos de derechos sino de formación de sí: la intervención pública, incluso benévola, uniformiza a los hombres y les impide llegar a ser lo que podrían. John Stuart Mill lo citará como epígrafe de su ensayo Sobre la libertad, lo que aseguró la posteridad del argumento en inglés.
El rodeo de Nozick
La formulación filosófica más discutida es la de Robert Nozick, en 1974, y toma un camino inesperado.
Nozick no empieza por defender el Estado mínimo contra el Estado social. Empieza por defenderlo contra el anarquismo. Su problema es el siguiente: si los individuos poseen derechos que nadie puede violar, ¿cómo puede ser legítima una institución que recauda impuestos y pretende el monopolio de la coacción? La respuesta anarcocapitalista, defendida en la misma época por Murray Rothbard, es que no puede serlo y que hay que prescindir de ella.
Nozick emprende por tanto mostrar que un Estado mínimo podría nacer del estado de naturaleza sin que ningún derecho fuera violado. Aparecen agencias de protección rivales, una se vuelve dominante en un territorio porque los clientes prefieren la que gana en los conflictos, y acaba por ejercer de hecho la protección de todos, incluidos quienes se niegan a adherirse, mediante compensación. Habla a ese propósito de una explicación por una mano invisible: la institución resulta de una serie de acciones que no la buscaban.
Concluye después con la fórmula que hizo el éxito del libro: el Estado mínimo es el Estado más extenso que se pueda justificar, y todo Estado más extenso viola los derechos de las personas. El argumento es por tanto doblemente polémico, contra el anarquismo por un lado, contra el Estado redistributivo por otro.
Lo que el Estado mínimo no es
Tres confusiones vuelven con regularidad y vale la pena descartarlas.
El Estado mínimo no es el anarquismo. Comporta un monopolio de la coacción legítima y una fiscalidad, aunque reducida a la protección. Los anarcocapitalistas lo rechazan por esa razón, y los anarquistas de tradición socialista, como Proudhon, lo rechazan además porque ven en la propiedad misma una relación de dominación.
El Estado mínimo tampoco es la posición de todos los liberales. Friedrich Hayek, a quien se suele ordenar ahí, defiende sobre todo la primacía de reglas generales e impersonales sobre las decisiones discrecionales, y admite explícitamente un ingreso mínimo garantizado así como un seguro obligatorio contra ciertos riesgos. Su blanco es la arbitrariedad del poder, no su volumen.
Por fin, el Estado mínimo no es el dejar hacer económico sin matices. La pregunta que plantea versa sobre la extensión legítima de la coacción pública, no sobre la eficacia de los mercados, y se puede sostener una sin la otra en los dos sentidos.
Las objeciones
Las críticas se reparten en cuatro familias.
La primera es interna. El argumento de Nozick supone que los títulos de propiedad existentes son legítimos, lo que depende de su principio de rectificación de las injusticias pasadas, que él reconoce no haber elaborado. Si la historia real de las apropiaciones comporta conquistas y despojos masivos, el Estado mínimo podría tener por primera tarea una redistribución considerable, lo que invierte el argumento.
La segunda versa sobre los bienes colectivos. Algunos bienes no pueden producirse por intercambios voluntarios porque a cada uno le conviene aprovecharlos sin pagar: calidad del aire, investigación fundamental, prevención de epidemias. Los defensores del Estado mínimo responden con mecanismos privados o contractuales, y el debate versa entonces sobre su eficacia real antes que sobre los principios.
La tercera es la de John Rawls y de los liberales igualitarios: los derechos formales solo valen por lo que permiten efectivamente, y una libertad sin recursos es una libertad nominal. Amartya Sen ha prolongado esa línea desplazando la evaluación hacia lo que las personas pueden realmente hacer y ser.
La cuarta viene de los comunitaristas, Michael Sandel, Charles Taylor y Alasdair MacIntyre, que reprochan a esta concepción presuponer un individuo desprendido, anterior a sus pertenencias, y confiar al solo procedimiento lo que únicamente una deliberación sobre los fines comunes puede decidir.
Un uso político confuso
Hay que señalar por fin la distancia entre el concepto y su empleo en los debates públicos. Desde los años ochenta, «Estado mínimo» sirve a menudo de etiqueta polémica para designar cualquier política de reducción del gasto público, con independencia de su contenido doctrinal. Y ningún gobierno contemporáneo ha reducido nunca el Estado a sus funciones de protección, mientras que los períodos en que la retórica del menos Estado ha dominado han coincidido a veces con un aumento del gasto en seguridad y en justicia.
Esa deriva de uso es banal y empobrece la discusión. La pregunta filosófica que el concepto lleva sigue siendo precisa y difícil: ¿qué autoriza a una institución a coaccionar a personas que no han consentido en ella, y hasta dónde?
En Chile la discusión pasa por un artículo
La sección anterior dice que ningún gobierno ha reducido el Estado a la protección. El caso que más se le ha acercado por vía constitucional está en lengua castellana, y conviene verlo con precisión, porque lo que el texto dice no es lo que se le atribuye.
El artículo 19, número 21, de la Constitución chilena de 1980 regula la actividad empresarial del Estado. El Tribunal Constitucional lo ha descrito diciendo que el Estado solo excepcionalmente puede desarrollar actividades empresariales, autorizado por una ley de quórum calificado, y que la regla general es que queden entregadas a la acción de los particulares. El mismo Tribunal ha señalado que la norma es una consecuencia del principio de subsidiariedad.
El desacuerdo importa para la filosofía política. Una cosa es escribir que la actividad económica estatal necesita una ley especial, y otra inscribir en una constitución que el Estado no debe hacer lo que los particulares pueden hacer. Lo primero es una regla de competencia, lo segundo una tesis sobre los fines del Estado. Durante el proceso constituyente, los críticos de la norma sostuvieron que implicaba un principio de subsidiariedad neoliberal, y sus defensores la leyeron como una barrera contra lo que un autor llama las dimensiones teratológicas alcanzadas antes por el Estado empresario.
Quien quiera saber si el Estado mínimo ha existido alguna vez tiene aquí el caso más instructivo: no una experiencia, sino una discusión de cuarenta años sobre lo que un artículo dice.