Ilustración: Contrato social
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Contrato social

También llamado: contractualismo, pacto social

Política 9 min de lectura

Idea de que la autoridad política saca su legitimidad de un acuerdo entre quienes están sometidos a ella. No es un acontecimiento histórico sino un criterio: ¿es este poder tal que personas libres y razonables habrían podido consentir a él?

¿Un acuerdo real o un criterio?

La dificultad más frecuente nace de un malentendido que conviene despejar de entrada. Casi ningún autor clásico pretende que una asamblea se reuniera un día para firmar un pacto fundador.

El contrato funciona como un criterio de legitimidad. La pregunta no es «¿ha consentido usted?» sino «¿es este poder tal que personas libres y razonables habrían podido consentir a él?». Kant lo formuló con nitidez: el contrato originario es una simple idea de la razón, pero que tiene una realidad práctica, porque obliga al legislador a no hacer ninguna ley a la que un pueblo entero no habría podido dar su acuerdo.

Olvidar ese punto lleva a objeciones fáciles y erradas, que reprochan al contrato no ser histórico cuando nunca lo pretendió.

Los antecedentes

La idea de que la justicia descansa en una convención es antigua. En la República de Platón, Glaucón expone la opinión según la cual los hombres, incapaces de cometer la injusticia sin riesgo y cansados de padecerla, convinieron en no dañarse mutuamente. Platón presenta esa tesis para combatirla, pero fija su formulación.

Los epicúreos la asumen por su cuenta: lo justo no consiste en otra cosa que en un pacto de utilidad destinado a no dañarse unos a otros, concluido entre quienes viven juntos. Epicuro hace de ella una convención revisable, variable según las circunstancias, lo que la distingue netamente de una ley natural inmutable.

La Edad Media cristiana desarrolla por su lado la idea de un pacto entre el pueblo y el príncipe, que autoriza la deposición del soberano que falta a sus obligaciones. Los teóricos de la resistencia en el siglo XVI, y después juristas como Althusius y Suárez, elaboran esos esquemas que los modernos heredarán.

Conviene detenerse en Suárez, porque su lugar en esa cadena es mayor y la versión francesa lo nombra de paso. Suárez sostiene que el poder político no baja de Dios sobre el rey sino que Dios lo da a la comunidad constituida, que lo transfiere después a quienes gobernarán, en la forma que juzgue conveniente. De ahí se sigue que la monarquía no es de derecho divino directo, que la forma del régimen es asunto humano, y que el poder recibido queda ligado a su fin. Por haber sostenido eso contra Jacobo I de Inglaterra, su Defensio fidei fue quemada en Londres en 1613. Los lectores del siglo XX han señalado la proximidad entre esa doctrina de la transferencia y las teorías del contrato, en Locke en particular, discutiendo qué parte corresponde a la herencia y qué parte al encuentro.

Hobbes: autorizar un representante

En el Leviatán, publicado en 1651, el contrato tiene una estructura precisa que conviene leer con atención.

No es un acuerdo entre el pueblo y el soberano. Es un acuerdo de cada uno con cada uno, por el que todos convienen en autorizar a un hombre o a una asamblea a representarlos y a obrar en su nombre, a condición de que todos hagan lo mismo. El soberano no es parte del contrato: es su producto. La consecuencia es inmediata, y es la que Hobbes busca: el soberano no puede romper un acuerdo que no ha concluido, y por tanto no puede ser depuesto legítimamente.

El poder que resulta es absoluto. No es por ello arbitrario en el sentido de que pudiera todo: el derecho a conservarse a sí mismo no puede abandonarse, puesto que fue para garantizarlo que se pasó el contrato. Un condenado no está obligado por tanto a dejarse ejecutar, y un súbdito a quien el soberano ya no protege no está obligado a obedecer.

Locke: un gobierno en fiducia

Locke corta la operación en dos tiempos, y ese corte hace toda la diferencia.

Por un primer acuerdo, unos individuos dejan el estado de naturaleza y forman un cuerpo político, una comunidad que decidirá en adelante por mayoría. Por un segundo acto, esa comunidad confía el poder a un gobierno. Ese segundo acto no es exactamente un contrato: Locke habla de una fiducia, de un encargo entregado a alguien para un fin determinado, la preservación de la vida, la libertad y los bienes.

Se siguen tres consecuencias. El gobierno que traiciona ese fin pierde su título. La disolución del gobierno no arrastra la de la sociedad, que puede darse otro sin recaer en el estado de naturaleza. Y la resistencia no es una ruptura del contrato sino la constatación de que ya ha sido roto por quien gobierna.

Locke añade la noción de consentimiento tácito: disfrutar de los caminos, de las protecciones y de los bienes de un país vale como aceptación de sus leyes. Es el punto de su doctrina que más se ha atacado.

Rousseau: darse a todos, y por tanto a nadie

El contrato social, publicado en 1762, plantea el problema en términos que se han vuelto clásicos: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja la persona y los bienes de cada asociado, y por la que cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y siga siendo tan libre como antes.

La solución está en la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera. La paradoja es solo aparente: como cada uno se da por entero, la condición es igual para todos, y como se da a todos, no se da a nadie en particular. Nadie se somete a una voluntad privada.

De ahí se siguen las tesis más originales de Rousseau. La soberanía pertenece al pueblo y es inalienable e indivisible: no puede ser representada. El gobierno no es más que un encargado del soberano, revocable, y no una parte del pacto. La ley es la expresión de la voluntad general, que no es la suma de los intereses particulares sino lo que quiere el cuerpo político como tal.

Una fórmula ha hecho correr mucha tinta: quien se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo que, escribe Rousseau, no significa otra cosa sino que se lo forzará a ser libre. Las lecturas divergen radicalmente. Para unas, se trata solamente de obligar al individuo a respetar la regla que él mismo ha querido como ciudadano. Para otras, como la de Isaiah Berlin, se tiene ahí el modelo de las tiranías que pretenden saber mejor que usted lo que usted quiere de verdad. El debate no está cerrado.

Las objeciones clásicas

David Hume ataca el punto débil: el consentimiento tácito. Pretender que un campesino pobre consiente libremente a las leyes de su país porque puede abandonarlo equivale, dice, a sostener que un hombre embarcado por la fuerza mientras dormía consiente al poder del capitán porque puede arrojarse al mar. La obediencia se explica mucho mejor por el interés y el hábito.

Hegel lanza una objeción de otro orden. Tratar el Estado como un contrato es concebirlo según el modelo de una asociación de intereses privados que se podría abandonar. Pero para él el individuo no preexiste a la comunidad que lo forma: la lengua, las costumbres y las instituciones son las condiciones de la voluntad, no su producto.

Marx, en el mismo espíritu, ve en el individuo contratante una abstracción producida por la sociedad burguesa misma, y en la igualdad jurídica del contrato la máscara de una desigualdad real.

Proudhon ocupa una posición singular: no rechaza el contrato, reprocha a Rousseau haber hecho de él un pacto entre el individuo y el Estado. El contrato verdadero se concluiría entre las personas mismas, recíproco, revisable, sobre objetos determinados, y volvería superfluo al Estado más que fundarlo.

Las críticas contemporáneas

Tres objeciones han renovado profundamente el debate.

Carole Pateman sostiene, en El contrato sexual, que los contratantes clásicos son implícitamente cabezas de familia masculinos y que el pacto social supone un pacto anterior, nunca discutido, que organiza la subordinación de las mujeres. Charles Mills ha propuesto una demostración paralela a propósito de la racialización de las sociedades modernas.

Martha Nussbaum objeta que el contrato liga a quienes pueden negociar, y supone por tanto participantes más o menos iguales en capacidades. Tres categorías quedan excluidas: las personas con discapacidades graves, los habitantes de los países pobres y los animales. No es un defecto accidental, es un límite de la forma contractual misma.

Los autores agrupados bajo la etiqueta comunitarista, entre ellos Michael Sandel, Alasdair MacIntyre y Charles Taylor, impugnan el sujeto que esas teorías suponen: un individuo desprendido de sus pertenencias, capaz de elegir sus fines sin estar constituido por ninguna. Un sujeto así, dicen, no existe.

La renovación contractualista

A pesar de esos ataques, el contrato ha conocido en el siglo XX un retorno espectacular.

John Rawls, en Teoría de la justicia, propone llevar a un grado más alto de abstracción la teoría del contrato de Locke, Rousseau y Kant. Los principios de justicia son los que unas personas elegirían en una posición originaria, tras un velo de ignorancia que les oculta su clase, sus talentos y su concepción del bien. El contrato ya no versa sobre la institución de un soberano sino sobre los principios que rigen la estructura básica de la sociedad.

Thomas Scanlon ha extendido el procedimiento a la moral: una acción es mala si está prohibida por un principio que nadie podría razonablemente rechazar. David Gauthier ha intentado al contrario fundar la moral en el solo interés racional de los contratantes. Esas tres vías siguen siendo hoy las principales formas vivas del contractualismo.

Lo que hay que retener

El contrato social no es un acontecimiento, es una pregunta planteada a las instituciones: ¿podría justificar este arreglo ante cada uno de aquellos a quienes obliga? Su fuerza está en que exige tratar a cada persona como una fuente de objeciones legítimas. Su límite es el mismo que sus críticos han señalado: lo que vale para las partes del acuerdo no vale necesariamente para quienes no han sido convocados a él.

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