Ilustración: Multiculturalismo
dalecruse, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons)

Multiculturalismo

También llamado: pluralismo cultural, ciudadanía multicultural, Estado plurinacional

Política 10 min de lectura

El multiculturalismo designa unas veces el hecho de una sociedad donde coexisten de manera duradera grupos culturales distintos, otras la tesis según la cual esa diversidad merece un reconocimiento público, otras el conjunto de dispositivos que la aplican.

Tres sentidos que no hay que confundir

En sentido descriptivo, una sociedad es multicultural cuando en ella coexisten de manera duradera grupos portadores de lenguas, de religiones o de referencias distintas. En ese sentido, la mayoría de las sociedades contemporáneas lo son, y la constatación no compromete a ninguna posición.

En sentido normativo, el multiculturalismo es una tesis: la diversidad cultural no es un problema transitorio sino un hecho duradero que merece ser reconocido públicamente, porque la pertenencia cultural cuenta para las personas y porque ignorarla no es neutro.

En sentido de las políticas públicas, designa un conjunto de dispositivos: enseñanza de las lenguas de origen, acomodos religiosos en las escuelas o en las empresas, financiación de instituciones culturales minoritarias, consideración de costumbres en el derecho de familia, representación de las minorías en las instituciones.

Un nacimiento administrativo

La palabra, a diferencia de muchos conceptos filosóficos, viene de la administración antes que de los libros. Canadá adopta en 1971 una política oficial de multiculturalismo, y consagra después el principio por una ley en 1988; Australia emprende una evolución comparable en los años setenta. En los dos casos se trata de responder a una dificultad concreta: una sociedad de inmigración cuya unidad ya no puede buscarse en un origen común.

La filosofía se hace cargo de ello más tarde, en los años ochenta y noventa, cuando el liberalismo político queda en dificultad sobre un punto preciso: ¿puede el Estado ser neutro respecto de las concepciones de la vida buena imponiendo al mismo tiempo, por su lengua oficial, su calendario, sus días festivos y sus programas escolares, un marco cultural determinado? La respuesta negativa es el punto de partida de toda la discusión.

El reconocimiento

La formulación filosófica más influyente es la de Charles Taylor, en un ensayo sobre la política del reconocimiento publicado en 1992. Su argumento parte de una tesis sobre la identidad: no nos definimos solos, sino en un diálogo con quienes cuentan para nosotros y, más ampliamente, con las representaciones que la sociedad nos devuelve. Por consiguiente, una imagen desvalorizada impuesta de manera duradera por las instituciones no es una simple herida de amor propio: alcanza las condiciones en las que una persona puede relacionarse consigo misma.

Taylor extrae de ahí una distinción que ha hecho fortuna: de un lado un liberalismo estrictamente procedimental, que se niega a perseguir ningún fin colectivo sustantivo; del otro un liberalismo compatible con la persecución de ciertos objetivos colectivos, como la supervivencia de una lengua, siempre que los derechos fundamentales de los individuos queden garantizados. Toma el ejemplo de la situación quebequesa, donde la protección del francés pasa por medidas que un liberalismo puramente procedimental tendría por sospechosas.

Los derechos diferenciados

La otra gran formulación es la del filósofo canadiense Will Kymlicka, en La ciudadanía multicultural, en 1995, que intenta fundar derechos de grupo sobre premisas liberales y no comunitaristas. Su argumento es el siguiente: la autonomía personal supone un abanico de opciones significativas, y ese abanico lo proporciona lo que llama una cultura societal, con su lengua y sus instituciones. Si el acceso a esa cultura es desigual según los grupos, la igualdad de las libertades reales exige medidas correctoras.

Kymlicka introduce entonces dos distinciones que se han vuelto corrientes. La primera separa las protecciones externas, que ponen a un grupo a salvo de las decisiones de la mayoría, y las restricciones internas, por las que un grupo limita la libertad de sus propios miembros: las primeras son defendibles, las segundas no lo son. La segunda distingue las minorías nacionales, incorporadas sin haberlo elegido, y los grupos surgidos de la inmigración, cuyas reivindicaciones legítimas no son del mismo orden. El filósofo británico de origen indio Bhikhu Parekh ha propuesto un enfoque vecino pero más dialógico, donde ninguna cultura, incluida la mayoritaria, se tiene por autosuficiente.

El Estado plurinacional: lo que el debate no había previsto

Todo lo que acaba de leerse supone un Estado nacional y, dentro de él, minorías a las que conceder algo. Las dos constituciones andinas de los años dos mil hacen otra cosa, y conviene medir en qué consiste la diferencia.

Ecuador aprueba su Constitución en 2008, Bolivia la suya en 2009. La boliviana define el Estado como plurinacional, reconoce treinta y seis lenguas de las naciones originarias junto al castellano, y construye su sujeto de derecho sobre la figura colectiva del indígena originario campesino. La ecuatoriana se declara igualmente plurinacional e intercultural, y añade algo que ninguna constitución tenía: derechos de la naturaleza. Y las dos inscriben un fin del Estado tomado de lenguas que no son la del Estado, el sumak kawsay quechua y el suma qamaña aymara, que el castellano rinde por buen vivir y vivir bien.

Tres desplazamientos respecto del debate anterior merecen señalarse.

El primero es que no hay mayoría que reconozca. Un Estado plurinacional no concede derechos a unas minorías culturales dentro de un marco que sigue siendo el suyo: redefine el marco. La pregunta de Taylor, saber si un Estado puede perseguir fines colectivos sustantivos sin dejar de ser liberal, queda aquí contestada por los hechos de la manera más amplia posible, puesto que el fin colectivo es la definición misma del Estado.

El segundo es que la distinción de Kymlicka entre minorías nacionales y grupos de inmigración pierde su filo. Fue construida para sociedades de inmigración donde la cultura mayoritaria era la de los llegados antes. En los Andes, los pueblos que reclaman reconocimiento son los que estaban allí, y los que forman la cultura dominante son los descendientes de los llegados después. El vocabulario sigue sirviendo, el reparto de los papeles se invierte.

El tercero es que la objeción esencialista se aplica con toda su fuerza, y la constitución no puede eludirla: para reconocer treinta y seis naciones hay que nombrarlas, y nombrarlas es fijarlas. Lo que en el debate canadiense era una objeción teórica se vuelve aquí un artículo de ley.

Conviene añadir lo que la experiencia ha mostrado, y que no va en el sentido de los textos. Los trabajos sobre los dos países describen una paradoja: los principios del vivir bien figuran en la Constitución y conviven con una explotación intensiva de los recursos naturales, y el debate se ha planteado en términos de neoextractivismo. Un fin constitucional no es una política, y la distancia entre los dos es aquí considerable.

Esta página no sostiene que la plurinacionalidad resuelva lo que el multiculturalismo plantea. Sostiene que el debate filosófico de los años noventa se llevó enteramente entre Estados nacionales que se preguntaban qué conceder, y que existen desde entonces dos constituciones en lengua española que plantean la pregunta al revés. Es un material que la discusión no ha incorporado, y que le cambia el punto de partida más que las respuestas.

Las críticas

Las objeciones son numerosas y vienen de direcciones opuestas, lo que es el signo de un concepto realmente en debate.

La objeción igualitaria. El filósofo Brian Barry sostuvo, en Cultura e igualdad en 2001, que el trato igual de los individuos basta y que las exenciones fundadas en la cultura crean desigualdades injustificables entre ciudadanos situados en la misma situación. Añade un argumento político: la atención prestada a las diferencias culturales distrae de las desigualdades económicas, que pesan más sobre las mismas poblaciones.

La objeción feminista. En un texto de finales de los años noventa de título deliberadamente provocador, la filósofa Susan Moller Okin preguntó si el multiculturalismo no era malo para las mujeres. Su argumento tiene que ver con la naturaleza de las prácticas protegidas: las costumbres que los derechos de grupo amparan conciernen a menudo al matrimonio, al reparto de la herencia, a la educación de las hijas, es decir, a la esfera donde las mujeres están más expuestas y menos representadas en las instancias que hablan en nombre del grupo. La discusión que siguió ocupó la década siguiente, sin que se alcanzara un acuerdo.

La objeción republicana. En la tradición francesa, la ciudadanía se piensa como una abstracción deliberada: la República no conoce los orígenes, precisamente para no tener que jerarquizarlos. Reconocer públicamente a unos grupos equivaldría entonces a asignar a los individuos a una pertenencia de la que la emancipación consistía en liberarlos. La palabra «comunitarismo» sirve en ese debate para nombrar lo que se rechaza, a menudo sin que las tesis de Taylor o de Kymlicka se discutan por sí mismas.

La objeción del esencialismo. Es quizá la más fuerte, y viene de la antropología tanto como de la filosofía. Las culturas no son totalidades cerradas, homogéneas y estables: están atravesadas por conflictos internos, se transforman, toman prestado. Toda política que deba identificar grupos para concederles derechos corre por tanto el riesgo de congelar lo que protege y de dar a los portavoces más conservadores la representación del conjunto. Amartya Sen ha dado a esa crítica una fórmula eficaz al hablar de monoculturalismo plural: una sociedad que yuxtapone comunidades asignadas cada una a una identidad única no es más libre que una sociedad uniforme, solo ha multiplicado los encierros. Insiste en que cada uno pertenece a muchos grupos a la vez y en que la libertad consiste en parte en elegir cuáles cuentan.

La objeción crítica. En los trabajos venidos de los estudios postcoloniales, el multiculturalismo se analiza como un modo de gestión de la diferencia que la vuelve presentable sin tocar las relaciones de poder. La celebración de la diversidad cultural, convertida en vocabulario de empresa y de institución, se tiene ahí por compatible con el mantenimiento de las jerarquías económicas y de las discriminaciones. Autores como Édouard Glissant, con la noción de criollización, proponen por lo demás otra manera de pensar la pluralidad, por la mezcla y la relación más que por la coexistencia de bloques.

El reflujo y sus secuelas

En los años dos mil, varios responsables políticos europeos declararon el fracaso del multiculturalismo, asociándolo a una yuxtaposición de comunidades separadas. Varios trabajos de ciencia política señalan sin embargo una distancia entre esos discursos de ruptura y la permanencia efectiva de los dispositivos, que la mayoría de las veces se han mantenido o reajustado más que suprimido.

El vocabulario se ha desplazado en cambio. Se habla más de interculturalismo, fórmula adoptada en particular en Quebec y por instituciones europeas, que insiste en el intercambio entre los grupos y en un marco común, más que en la coexistencia de culturas distintas. Se habla también de integración cívica, con exigencias lingüísticas y compromisos de valores. Esos desplazamientos no resuelven el problema de fondo: redistribuyen las cargas entre la mayoría y las minorías.

Lo que sigue en juego

Tres preguntas atraviesan todas esas discusiones y explican que no se cierren. ¿Quién es titular de derechos, el individuo solo o también unos grupos? ¿Basta la tolerancia, o hace falta un reconocimiento positivo, puesto que tolerar supone una posición de superioridad? ¿Y exige la igualdad un trato idéntico o un trato diferenciado, según se consideren las reglas o sus efectos? Se comprobará que, según la respuesta dada a esas tres preguntas, el mismo dispositivo concreto, un acomodo de horario, una excepción en el vestir, una subvención, aparecerá como una exigencia de justicia o como una ruptura de igualdad.

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