Filosofía política cosmopolita
Corriente que sostiene que una frontera no es un argumento moral, y que discute qué instituciones podrían dar fuerza a esa tesis.
La palabra y su origen
El término viene de una respuesta: preguntado por su patria, Diógenes de Sinope habría contestado que era kosmopolites, ciudadano del mundo. La fórmula nos la transmite la doxografía tardía, principalmente Diógenes Laercio, y hay que tomarla por lo que es, un rasgo recogido varios siglos después en una colección de dichos ingeniosos. En el Cínico la intención es además negativa: rechaza la pertenencia a una ciudad antes que reivindicar una ciudadanía más amplia.
El giro positivo es estoico. Zenón de Citio habría descrito en una República hoy perdida una comunidad sin fronteras ni templos ni tribunales, donde los hombres vivirían como un solo rebaño bajo una sola ley; solo tenemos de ella testimonios indirectos. La doctrina toma forma en los estoicos medios y romanos. Cicerón transmite la idea de una sociedad del género humano fundada en la razón común, y formula en Sobre los deberes deberes hacia el extranjero. Séneca escribe que pertenecemos a dos repúblicas, la que el azar del nacimiento nos dio y la inmensa que comprende a los dioses y a los hombres. Marco Aurelio saca de su posición de emperador la misma conclusión: en cuanto ser racional, su ciudad es el mundo.
La tradición estoica proporcionó también una herramienta conceptual duradera, la de los círculos concéntricos: Hierocles describe al agente rodeado de círculos sucesivos, uno mismo, los próximos, los vecinos, los conciudadanos y la humanidad, y prescribe estrecharlos antes que abolirlos. Es una manera de articular el apego próximo y la obligación universal, y los cosmopolitas contemporáneos vuelven a ella con regularidad.
Del derecho de gentes al derecho cosmopolítico
El cristianismo transmite un universalismo de la igual dignidad de los hombres, pero ligado a una comunidad de fe. El paso a un vocabulario jurídico se hace en el siglo XVI, con una ocasión precisa, la conquista de las Américas.
Francisco de Vitoria, dominico de Salamanca, sostiene en sus lecciones sobre los indios que los pueblos del Nuevo Mundo son verdaderos propietarios y soberanos, que la conquista no se justifica ni por su paganismo ni por una pretendida incapacidad, y que el mundo entero forma una comunidad cuyo derecho obliga a todos los pueblos. A él se debe la noción de un totus orbis, un mundo tomado como totalidad jurídica. Hay que notar que los mismos textos admiten títulos de guerra justa, entre ellos el derecho de circular y de comerciar, que pudieron invocarse para legitimar lo que limitaban: el expediente está discutido.
Hugo Grocio y después Samuel Pufendorf sistematizan un derecho natural que vale entre las naciones, con independencia de la religión. Pero ese derecho de gentes sigue siendo un derecho entre Estados.
El gesto decisivo es el de Kant, en Hacia la paz perpetua, en 1795. Kant distingue tres niveles de derecho: el derecho civil dentro de un Estado, el derecho de gentes entre los Estados, y un tercero, que llama derecho cosmopolítico, cuyos sujetos ya no son los Estados sino los individuos considerados como ciudadanos del mundo. El contenido que le da es deliberadamente modesto: un derecho de hospitalidad, es decir el derecho de un extranjero a no ser tratado como enemigo cuando llega a un territorio, sin que eso constituya un derecho a establecerse. Y Kant rechaza el Estado mundial, que tiene por un despotismo sin remedio; propone en su lugar una federación de Estados libres.
Esa combinación de obligación universal, instituciones limitadas y desconfianza ante la concentración del poder se ha vuelto el punto de referencia de toda la corriente.
El siglo XX: las instituciones y sus límites
El siglo realizó una parte del programa y mostró su fragilidad. La Sociedad de Naciones, después la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración universal de 1948, los procesos de Núremberg y la invención de la noción de crimen contra la humanidad, los convenios sobre el genocidio y sobre los refugiados, y por fin las jurisdicciones penales internacionales: otros tantos dispositivos que dan a los individuos un estatuto en derecho internacional.
Hannah Arendt formuló la objeción más grave, desde la experiencia de la apatridia. Los derechos del hombre, observa, se revelaron sin fuerza precisamente para quienes ya no tenían un Estado que los garantizara; el primer derecho es entonces el derecho a tener derechos, es decir a pertenecer a una comunidad política. El argumento no refuta el cosmopolitismo, le asigna su tarea: encontrar quién garantiza, y no solamente quién proclama.
El debate contemporáneo
La discusión actual nació, en buena parte, de un desacuerdo interno al liberalismo.
John Rawls había construido su teoría de la justicia para una sociedad cerrada. En El derecho de gentes extiende el razonamiento a las relaciones internacionales, pero se niega a aplicarles el principio de diferencia: los deberes entre pueblos se limitan según él a una asistencia hacia las sociedades agobiadas por condiciones desfavorables, y no a una igualación mundial. Charles Beitz y Thomas Pogge impugnan esa limitación. Si la pertenencia nacional es moralmente arbitraria, sostienen, como lo son el talento o el nacimiento, entonces los principios de justicia valen a escala del globo. Pogge añade un argumento sobre la responsabilidad: el orden económico y jurídico internacional no es un marco neutral, está concebido y mantenido por actores identificables, y las pobrezas que produce son por tanto imputables.
Peter Singer aborda la cuestión por la ética utilitarista. Su artículo de 1972 sobre la hambruna sostiene que si podemos impedir un mal grave sin sacrificar nada comparable, debemos hacerlo, y que la distancia no es una razón pertinente. La exigencia que de ahí se sigue es considerable, y los debates que ha provocado versan menos sobre la validez del argumento que sobre lo que se puede pedir razonablemente a agentes ordinarios.
Martha Nussbaum y Amartya Sen desplazan la medida. El enfoque de las capacidades define la justicia por lo que las personas están realmente en condiciones de hacer y de ser, lo que da un contenido comparable de un país a otro sin pasar por una medida monetaria. Nussbaum reivindica explícitamente la herencia estoica y romana, y discute el dispositivo de los círculos concéntricos.
Jürgen Habermas trabaja la vertiente institucional. Describe una constelación posnacional donde el Estado-nación ya no domina los procesos económicos y ecológicos que afectan a sus ciudadanos, y defiende una política interior mundial y una constitucionalización del derecho internacional, sin gobierno mundial. Seyla Benhabib prolonga la reflexión sobre los derechos de los extranjeros, al sostener que las normas cosmopolitas solo se aplican reapropiadas por procesos democráticos locales, lo que ella llama iteraciones democráticas. Kwame Anthony Appiah defiende un cosmopolitismo arraigado, que sostiene juntos el apego a una cultura particular y la apertura a los extranjeros, y cuyo método es menos el acuerdo sobre principios que la conversación.
Las objeciones
Cuatro críticas organizadas hacen frente a la corriente.
La crítica comunitarista sostiene que la pertenencia no es un accidente sino una condición de la identidad moral, y que una obligación repartida por igual entre ocho mil millones de personas ya no es una obligación. Alasdair MacIntyre impugna la existencia de un punto de vista moral desligado de toda tradición; Michael Sandel hace valer que un sujeto sin apegos constitutivos no puede deliberar; Michael Walzer defiende la pertinencia moral de la adhesión a una comunidad particular.
La crítica realista tiene el universalismo por una ilusión peligrosa. Carl Schmitt sostiene que un universalismo que pretende hablar en nombre de la humanidad descalifica a su adversario como enemigo del género humano, y vuelve las guerras más crueles en lugar de suprimirlas. La objeción tiene peso y se retoma con regularidad, incluso por autores que no comparten nada más con su autor.
La crítica democrática versa sobre la legitimidad. Las instituciones internacionales deciden sin ser controladas por electores, y reforzar el derecho mundial puede debilitar las únicas arenas donde una deliberación popular es efectiva. Es la objeción que Benhabib se esfuerza en tratar.
La crítica poscolonial, por fin, subraya que el universalismo ha servido históricamente para justificar dominaciones, y que la humanidad en cuyo nombre se hablaba tenía a menudo los rasgos de una parte del mundo. No conduce necesariamente a un rechazo, sino a una exigencia: que las normas presentadas como universales hayan sido elaboradas efectivamente por aquellos a quienes se aplican.
En qué punto está la corriente
La filosofía política cosmopolita es hoy uno de los campos más activos de la filosofía política, por una razón simple: los objetos que la requieren se han multiplicado. El cambio climático plantea una cuestión de justicia entre personas que no comparten ninguna institución común y a veces ninguna época; las migraciones plantean la cuestión del derecho de entrar; las pandemias y las redes digitales la de una regulación que desborda los territorios. Los autores presentados aquí no se ponen de acuerdo ni sobre los principios ni sobre las instituciones. Coinciden en un punto, que es el mínimo de la corriente: una frontera no es un argumento moral.
En Valladolid se discutió la conquista sin los conquistados
La exigencia que cierra la crítica poscolonial tiene un caso de examen en castellano, y conviene recorrerlo porque corta en los dos sentidos.
Carlos V convocó en 1550 una junta de teólogos para decidir sobre la justicia de la guerra contra los indios. Se reunió en la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid, del 15 de agosto de 1550 al 4 de mayo de 1551. De un lado Bartolomé de las Casas, del otro Juan Ginés de Sepúlveda. Entre los jueces estaban Domingo de Soto y Melchor Cano. Soto seleccionó los argumentos de ambos y les presentó un sumario de los puntos en litigio, antes de una reunión final que las fuentes llaman el consejo de los Catorce, en 1551.
El resultado es incierto, y las fuentes no concuerdan. Según algunas, los juristas de la junta se pronunciaron por Sepúlveda y los teólogos por Las Casas; la versión más difundida sostiene que no salió de allí ningún fallo claro. No he podido verificar ninguna de las dos.
Lo que el caso establece es otra cosa, y tiene dos caras.
La primera cara contradice la idea de que el universalismo colonial no se discutió en su tiempo: se discutió, con los instrumentos conceptuales de Salamanca, y uno de los dos bandos sostenía lo que la crítica poscolonial sostiene hoy. La segunda cara da razón a esa crítica en el punto exacto donde la formula: las normas se elaboraron sin quienes iban a sufrirlas, y el debate quedó entre españoles sobre los derechos de otros.